A propósito del Censo 2010

Así como algunos ciudadanos suelen afirmar alegremente que... ‘el Estado es un pésimo administrador’, igualmente, frente a un singular hecho reciente, otros se habrían visto, posiblemente, tentados a decir que... ‘la empresa privada es una pésima organizadora de los censos nacionales’.

Ambas expresiones, sin lugar a dudas, ligeras, especiosas y poco esclarecedoras podrían ser útiles para justificar, en un momento dado, un cierto estado de cosas. Sin embargo, su capacidad explicativa la pondríamos en duda. A pesar de eso, las mismas podrían ser oportunas, por lo menos, para entender, parcialmente, algunas situaciones en apariencia caóticas.

Obviamente, el censo es un mandato constitucional, cuya responsabilidad recae fundamentalmente en el Estado.

En este sentido, la función básica del Estado es la de administrar y esto está fuera de toda discusión. Si lo hace bien o lo hace mal es un asunto a debatir.

Esto quiere decir, igualmente, que la planificación, administración y ejecución de los censos está también fuera de los cálculos del lucro o el beneficio personal propio de la iniciativa privada y del mercado.

Sin embargo, dado el entusiasmo generalizado que tiende a calificar las acciones de la actual gestión gubernamental como empresarial, habría que pensar en aislar, como dicen los técnicos y analistas, el factor cálculo/beneficio. No obstante, debatir sobre estas responsabilidades, en este momento, sería un hecho colateral y no apuntaría a lo fundamental.

Lo fundamental es que mientras se deslindan responsabilidades, en mi opinión hay dos situaciones cuyo esclarecimiento ayudaría mucho a entender lo que ocurrió el 16 de mayo. En primer lugar, la confiabilidad de los censos, que ha sido cuestionada en razón de circunstancias reales y objetivas que no se han podido ocultar. En segundo lugar, la polémica generada sobre la identificación y/o autoidentificación étnica de los afropanameños. Lo primero es un asunto técnico que deberá esclarecerse cuanto antes, y que no solo comprometería al INEC, sino también, de paso, a organismos como el CELADE, ALAP, el Banco Mundial y otras instituciones que certifican proyecciones de población y que tendrían algo que decir al respecto.

Con relación a la autoidentificación étnica, habría que señalar que quizás nos encontramos frente a otro de los muchos cuellos de botella que nos imponen los organismos internacionales. Es bien conocido que la ‘label’ o etiqueta distintiva que utiliza la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del PNUD, para referirse a la población negra, principalmente en Latinoamérica, es la de ‘afrodescendiente’.

En mi humilde opinión, considero que este término es muy neutro, distante, displicente y hasta cierto punto eurocéntrico. No implica ningún compromiso, no es explicativo; a duras penas es descriptivo. Recordemos que los negros no solo tienen una historia en África, también la han tenido y siguen teniéndola en Latinoamérica y el Caribe. Así, tenemos afrochilenos, afroperuanos, afrocolombianos, afrocubanos, afrouruguayos y, desde luego afrolatinoamericanos y afrocaribeños. Creo que las cosas habrían sido diferente si nos hubiéramos identificados como ‘afropanameños’ y no como ‘afrodescendientes’.

No se trata de un problema semántico. Se trata simplemente de conocer la historia y saber para qué sirve. Esperemos que para el próximo censo alcancemos a comprender la importancia de la autoidentificación, que hoy se ha puesto en evidencia a propósito de un censo.

Pero que en otros países ha salido a relucir solo después de sangrientas guerras civiles y largas jornadas de lucha por el respeto a los derechos civiles de negros, indígenas, mestizos y cholos.

*SOCIÓLOGO.