El ‘negocito’ de los colegios particulares

Los propietarios de los colegios particulares se ofenden cada vez que los padres de familia les recalcan que sus planteles se han convertido en unos verdaderos negociados. Igualmente, les incomoda cuando las autoridades los tratan como negocios o empresas. Por tanto, voy a utilizar un término más fino, el de negocito, y así evito abrir viejas heridas con su alta cúpula.

Lo cierto es que el negocito de las escuelas privadas no es cualquier cosa. En un pasado, el conjunto de colegios particulares consistía de apenas 18 planteles de curas, monjas y hermanos, que estaba circunscrito únicamente a las ciudades de Panamá, Colón y David. En ese entonces, los colegios privados tenían la tarea principal de inculcar valores cristianos y ofrecer una enseñanza de calidad en ciencias, letras, comercio y filosofía. Con el pasar de los años, ocurrió lo que sucede cada vez que el Estado administra irresponsablemente sus recursos. La calidad de la educación oficial decayó y, peor aún, comenzó a escasear, al punto que, en un período de cuarenta años, la oferta de escuelas privadas se disparó en casi tres órdenes de magnitud, de 20 en 1970 a más de 880 en 2010.

La educación está tipificada en la Constitución con el mismo rango que la salud. Es decir, el Estado está obligado a proveer una educación accesible para toda la población. Sin embargo, no es ningún secreto que tanto los gobernantes como los educadores han conjugado el verbo educar a su antojo y conveniencia y, hoy día, los más afectados son precisamente los estudiantes y sus acudientes, como consecuencia de la desalineación de las autoridades con la realidad y las necesidades del país.

En la actualidad, la educación es un negocio en todos los sentidos de la palabra. No nos equivocamos cuando decimos que hay quienes lucran de la educación. Sin necesidad de tipificar esa conducta mercantilista como ilícita, los colegios particulares generan ingresos legítimamente, pero a costilla de los padres de familia, y aumentan sus mensualidades y matrículas a medida que sus costos y gastos suben. Esto, reitero, es perfectamente legal, siempre y cuando estas decisiones no contravengan con los derechos de los padres de familia como consumidores. Es decir, en el momento en que los dueños de los colegios particulares escogieron ser empresarios en vez de benefactores de la educación, los padres de familia se convirtieron en consumidores, igual a que si estuvieran en el mercado comprando una casa, un automóvil o cualquier otro bien o servicio.

Lo ideal sería que la educación todavía fuera considerada un bien social. Pero desde que se masifican los colegios particulares, independientemente de las circunstancias históricas producto del fracaso de la educación pública, y se convierten en un rotundo negocio —mejor dicho, negocito— de miles y miles de millones de dólares, se crea un gran mercado de la enseñanza donde hay negocios con los padres de familia, con los fabricantes de uniformes, con los importadores de textos y útiles, con los propietarios de buses y busitos, con las agencias de pólizas de seguro colectivas, y con todo aquél que quiera participar del business.

Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar legal la sanción que la Acodeco le impuso al Instituto Panamericano (IPA) por $25000, por no informar veraz y oportunamente a los padres de familia sobre el aumento de matrículas. En consecuencia, existe un precedente importante para que los administradores de los colegios particulares entiendan que están ahora bajo la lupa de la Acodeco y que más nunca podrán pasar agachados, como si fueran organizaciones sin fines de lucro o monjitas de la caridad.

Me alegro por los padres de familia del IPA, porque, a pesar de la espera, la justicia ha llegado. Por eso, exhorto a todos los consumidores para que se quejen y denuncien las arbitrariedades de estos negocitos y los enseñen a entrar en cintura. Igualmente, felicito a los funcionarios de la Acodeco por su persistencia y equidad en los casos contra los colegios particulares; como empresas y negocios que incumplen las leyes del consumidor, seguramente son ahora sus clientes frecuentes. Espero que llegadas más denuncias a la Acodeco por los abusos de los colegios, a las autoridades no les tiemble la mano y los sancionen con multas máximas, para que sirvan de escarmiento y sean elemento disuasivo para aquellos que se aprovechan de su posición de dominio.

*EMPRESARIO.