Inundaciones: ¿Problemas de urbanismo?

I nformes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), comunican que más de 5000 personas se han visto afectadas por deslizamientos de tierras o inundaciones. La provincia de Panamá es la más afectada. Esta situación nos hace recordar lo acaecido en diciembre de 2008, cuando un frente frío azotó Centroamérica y causó desastres naturales en diversas regiones de nuestra geografía.

El mal tiempo impera, ello debe obligar tanto a ciudadanos como autoridades a tomar medidas de prevención para salvaguardar vidas y pertenencias. En vías como las que conducen al Puente Centenario o Loma Cová, la tierra colmada de agua puede originar derrumbes, fisuras o hundimientos, colapsando el tráfico, como en tiempos pasados.

Lo cierto es que depresiones atmosféricas, frentes fríos o cualquier fenómeno natural, deben llevarnos a reflexionar sobre los cambios climáticos originados en todo el planeta. Panamá no escapa ni está excluida, las posibles consecuencias en el medio ambiente, tanto a nivel económico, como existencial, están en peligro.

Sin tomar conciencia del daño ecológico ahora, mañana será muy tarde. Al final, todos pagaremos un alto precio por nuestra irreverencia a la conservación de la naturaleza. Tanto las autoridades gubernamentales, como empresarios y sociedad civil tenemos la obligación de cambiar los perjudiciales hábitos adquiridos.

El problema de las inundaciones, lejos de controlarse, se expande y en algunos casos como en los centros urbanos más poblados (Panamá y Colón), se profundizan como consecuencia de la acumulación de basura y deshechos o materiales, depositados por compañías constructoras irresponsables, así como por transeúntes carentes de buenos hábitos de urbanismo e higiene, tirando desperdicios en las vías públicas, excediendo los límites de capacidad de las alcantarillas para descargar las aguas y desperdicios, llegada la estación lluviosa.

Otro aspecto a considerar es la ausencia de sistemas eficientes de inspección de obras de las autoridades competentes, tales como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, municipios y la Contraloría General de la República. Instituciones garantes de vigilar que los permisos otorgados cumplan con las normas establecidas, para evitar se vuelvan a repetir amargas experiencias, como las que vivieron los moradores de Prados del Este.

Es obligatoria una gestión pública transparente, de cara a garantizar seguridad a quienes se esfuerzan por adquirir una vivienda digna, de tal forma que reciban un producto de calidad. De continuar permitiendo la construcción de residencias en terrenos inapropiados (bajo el nivel del mar, bordeando ríos, quebradas, con rellenos inadecuados o el uso de servidumbres), continuarán incrementándose las inundaciones y con ellas el número de familias damnificadas.

Si queremos vivir con dignidad es necesario respetar el medio ambiente. Castiguemos la deforestación, devastación de manglares, extracción indiscriminada de piedra o arena en los ríos, entre otros, solo por el placer de satisfacer apetitos empresariales, políticos o particulares. Trabajemos por lograr un desarrollo sostenible y sustentable, para que las futuras generaciones nos sobrevivan.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.