Reformas laborales: El engaño inicial

El presidente ha propuesto reformar el Código del Trabajo haciendo alegaciones engañosas. Dice que es obsoleto y obstaculiza la inversión privada extranjera en el país. La economía panameña ha crecido y crece de forma vigorosa, sin que ello se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores pobres y marginados, como país seguimos disputándonos los primeros lugares con peor distribución de la riqueza en el mundo, en consecuencia, si fuera necesario reformar el Código, los cambios deberían dirigirse a resolver el problema de la inequidad de un sistema que concentra cada vez más el poder económico y político en cada vez menos manos.

A pesar del Código, muchos empresarios se las ingenian para cometer injusticias contra sus trabajadores. Por ejemplo, el 25% de las empresa no paga el salario mínimo (ver nota PA del 14 de junio). Para ello también cuentan con el poder y el dinero (‘Si no estás de acuerdo con las condiciones y la paga, no te contrato, si te contrato y reclamas, te despido’), abogados expertos en burlar las normas (como nuestra ministra de trabajo) y un complicado, ineficiente y con frecuencia corrupto sistema de justicia laboral.

En realidad, el presidente pertenece al pequeño grupo de empresarios que no cree en nada que regule la relación capital—trabajo, y proteja, como se consagra universalmente, a la parte más débil de esa relación, al trabajador. ¿Por qué tendría que pensar de otra forma, si su propio desempeño como empresario —según testimonios y demandas de las víctimas que deben reposar en los juzgados de trabajo— indica que ha mantenido una conducta patronal abusiva y nunca permitió la organización de sindicatos en su cadena de supermercados o en el ingenio azucarero La Victoria, por citar los ejemplos mas conocidos?

Se nos pretende engañar afirmando que para que el país pueda ingresar al primer mundo se deben sacrificar los derechos de los trabajadores, desmejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Eliminar el pago de recargos (por horas extra o por el día descanso obligatorio), así como el derecho a convención colectiva o a sindical izarse, implica sacar dinero del bolsillo de trabajador y ponerlo en el del empresario. Es decir, el presidente que en campaña nos dijo ‘Ahora le toca al pueblo’, hoy sostiene que para hacer más rico al país hay que hacer más pobres a los pobres.

El absurdo de esta pretensión gubernamental contrasta con el hecho de que, justamente, el desarrollo alcanzado por los países del llamado primer mundo es el resultado del pacto social entre capital y trabajo y que este, a su vez, es la principal garantía de la convivencia y la paz social. El liderazgo político de esos países comprendió que sin ese pacto, y un Estado garante y regulador, la explotación salvaje de los trabajadores conduce irremediablemente a la confrontación social, a la lucha de clases.

Se nos trata de engañar cuando se omite que lo que vienen a buscar muchos de los empresarios de ese primer mundo a nuestros países es mano de obra barata y la posibilidad de explotarla violando derechos que en el mundo desarrollado son celosamente custodiados por un movimiento sindical poderoso y fuertemente institucionalizado. Es a esos empresarios sin compromiso social a los que el gobierno abre las puertas al promover cambios en las leyes laborales.

El derecho a la sindicalización, a huelga, estabilidad laboral, el recargo por horas extras hace tiempo que pasaron a convertirse en derechos humanos universales. La Humanidad avanzó con estas conquistas sociales. El presidente y su ministra de Trabajo, con una elaborada técnica de manipulación mediática, dicen exactamente lo contrario a lo que hacen: Afirman que hay que modernizar el Código y conducen al país a la ley de la selva (el más fuerte —rico— se come al más débil —pobre—), de regreso a una era de explotación y barbarie.

*ABOGADO.