Promesas electorales incumplidas

El pueblo votó a favor de un cambio, con la esperanza de que los políticos partidistas entendieran su hastío frente a las insanas prácticas perpetradas en diversas administraciones gubernamentales.

El clientelismo, peculado y corrupción, entre otros, son parte del mal legado institucionalizado, por politiqueros cuando alcanzan altos cargos dentro del gobierno, sea por escogencia popular o nombramiento del Ejecutivo, deteriorando la imagen de la administración pública y con ella la del servidor de carrera, para justificar y permitir la continuidad de la cultura del juegavivo.

Es un secreto a voces que los colectivos políticos se manejan bajo la figura del caciquismo o de grupos elites oportunistas posesionados de los mandos directivos eternizados, sin brindar la oportunidad a otros miembros o nuevos adherentes con honestidad, honradez, capacidad y deseos de trabajar por el país, los que han hecho que la población pierda la credibilidad en los mismos.

Frente al contexto vivido de falsas o incumplidas promesas electorales, de charlatanes que solo recuerdan la población cuando se acercan los periodos electorales, la ciudadanía está vigilante del quehacer gubernativo.

Esta situación lleva a diferentes actores organizados de la sociedad civil (gremios, sindicatos, activistas ambientales, derechos humanos, grupos empresariales y medios de comunicación), a dar seguimiento firme y permanente a las acciones de la actual gestión de gobierno tanto en el cumplimiento de sus promesas de campaña, como en la manera de gerenciar la administración pública, y a reflexionar sobre el desempeño, tanto del presidente Martinelli como de sus ministros de Estado y demás colaboradores.

Este hecho ha generado el reconocimiento de la opinión pública por la ejecución de programas sociales como 100 para los 70 y en materia financiera el logro de calificación del grado de inversión de las tres calificadoras más importantes. Así como la aprobación del Presupuesto General del Estado para la vigencia 2011, por el orden de 13009 millones de balboas. De los cuales 2670 millones se destinarán al plan de inversiones públicas para ejecutar las llamadas promesas imperdonables.

De igual manera, la población ha emitido su desaprobación de cara a procedimientos legislativos al aprobar leyes impopulares como la Chorizo y Carcelazo, sin haber sido ampliamente consultadas. Así como el uso de la fuerza excesiva por parte de la Policía Nacional en Bocas del Toro.

También se cuestiona al presidente Martinelli porque aseguró que durante su gestión se destaparían los escándalos de corrupción de administraciones pasadas, pero al parecer aún se mantienen sin resolver hechos corruptivos donde hay involucrados políticos de oposición y gobierno.

Lo cierto es que la actual administración marcará la diferencia, siempre y cuando cumpla su promesa de cambio positivo, dejando atrás los vicios del nepotismo y la corrupción (licitaciones dudosas, contrataciones directas y sobreprecios, entre otros) y escuchando con mayor atención el clamor del pueblo, para tomar decisiones acertadas, que lleven a la ejecución de acciones oportunas que apunten a resolver los problemas y no a crear conflictos.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.