‘Elecciones y futuro democrático de Panamá’

Pasadas las elecciones del 4 mayo, el escenario político toma nuevos ribetes. Comienza el período de transición de gobierno, donde las alianzas orientadas al dominio de la Asamblea Nacional ponen sobre la mesa el conflicto entre los intereses nacionales del pueblo y los partidarios y personales de los actores políticos. Unos, plantean escenarios para el avance en desarrollo y gobernabilidad; otros, en asegurar espacios políticos y prebendas económicas en esta lucha de pesos y contrapesos.

Habrá muchos análisis de las cifras obtenidas por cada partido que aspiraba a lograr el poder. Será necesario el replanteo de líneas que los lleven a determinar qué elementos y acciones los condujeron al triunfo o a la derrota electoral. La realidad es que en las elecciones, casi el 70% de los panameños votaron contra lo que significó el gobierno del quinquenio que termina. Votaron contra el alto costo de vida y de la canasta básica, así como la desigualdad social que campea entre edificios lujosos y barracones a punto de caer. Votaron contra la inseguridad, la falta de agua y de transporte eficiente. También contra el abuso del poder y la corrupción.

Ciertamente hubo un importante componente ético y moral dado por los votantes en las urnas. La contienda electoral estuvo plagada de escándalos, campañas sucias, falsas informaciones, encuestas manipuladas y despilfarro de millones de dólares en publicidad engañosa. Sin dudas, el exacerbado clientelismo y el desmedido uso de recursos del Estado para favorecer al oficialismo, saturó a la población que decidió rechazar esos métodos. Estos elementos no deben ser olvidados, para evitar ser repetidos en el futuro.

Ahora, los panameños cifran sus esperanzas en mejores días para todos y en el objetivo principal de contribuir al desarrollo y paz social que reclaman las grandes mayorías. Ganar la Presidencia de la República no será suficiente para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo de la institucionalidad democrática en nuestro país. El pueblo panameño, en su inmensa sabiduría, también decidió que la Asamblea Nacional estuviera constituida por las diversas fuerzas políticas, sin el control absoluto de partido alguno.

Para nadie es un secreto que uno de los órganos del Estado con menos credibilidad es la Asamblea Nacional. Los diputados electos necesitan trabajar para limpiar esa imagen y, a la vez, aprobar leyes que contribuyan al desarrollo y justicia que se merece la ciudadanía. Las acciones que la Asamblea saliente ejecute en los próximos días determinarán qué esperar al inicio del siguiente período legislativo en el nuevo gobierno. El llamado a sesiones extraordinarias parece ser mal augurio para el futuro de ese cuerpo legislativo.

En búsqueda de la gobernabilidad es importante ponderar su concepto y significado en la democracia moderna. Al decir del investigador sueco de ciencias políticas Jon Pierre, ‘en el debate público y político, la gobernabilidad refiere a la coordinación sostenida y coherente entre una gran variedad de actores con diferentes propósitos y objetivos, tales como actores políticos e instituciones, intereses corporativos, sociedad civil y organizaciones transnacionales, lo que significa que no hay un actor unitario en procesos de gobernabilidad’.

Traemos esto a colación ya que en este momento se juega el futuro y desarrollo de Panamá, y no sobre quién tiene más poder. En consecuencia, se hace necesario el trabajo integral de todos los actores políticos y sociales que conforman la nación, para enrumbar al país por el sendero de políticas públicas justas, con equidad social y desarrollo sostenible, en un clima de seguridad pública y estabilidad para todos.

La brújula debe apuntar a la consolidación de la democracia panameña, con la participación de todos los ciudadanos y sectores concernidos. En un Estado de derecho, con justicia y equidad, con instituciones que cumplan con su deber y responsabilidad ciudadana. La gobernabilidad debe ser un gran compromiso con el desarrollo de la nación panameña, en un ambiente de bienestar general.

En este momento, lo urgente es depurar y rescatar las instituciones democráticas. Eso implica un acuerdo político entre los partidos aún en oposición y las organizaciones sociales, para vencer a las fuerzas autoritarias que dominan el poder nacional, actualmente. Esto propugna por un acuerdo legislativo que evite que se utilice a la actual Asamblea Nacional como herramienta para perpetuar acciones autocráticas, y para garantizar que la próxima ejecute una agenda destinada a consolidar las instituciones y prácticas democráticas y reemplazar las fuentes de control del gobierno actual, con el apoyo de la sociedad organizada, con desprendimiento y solidaridad a favor del pueblo panameño.

ABOGADO