Inversión y derechos laborales

En el mundo globalizado que vivimos, manejado unipolarmente por el capital, sin fronteras, por encima de las tradicionales soberanías nacionales, se ha hecho común la calificación de cada economía, de cada país, para recibir el premio de la inversión extranjera, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Así, el Banco Mundial (BM) publica anualmente, un índice de facilidad para hacer negocios, calificando a los países de 1 a 189, en donde el primer lugar corresponde al mejor.

Para esta clasificación se consideran unos 30 ítems, entre los que destacan entre otros, tasas impositivas; pagos informales a funcionarios públicos, nuevas empresas registradas; reglamentación más favorable para hacer negocios; procedimientos iniciales para registrar una empresa; infraestructura e inversión privada en energía, agua, trasporte, telecomunicaciones; financiamiento bancario a la inversión privada, etc.

Este ejercicio es brújula para la inversión, por lo que los países se esfuerzan por ocupar los primeros lugares en una competencia por esta clasificación, que solo considera los ítems señalados.

Pero este año, la Confederación Sindical Internacional (CSI), que aglutina a 173 millones de trabajadores en el mundo (la más grande) ha publicado, a contrapelo del índice de inversiones descrito, un índice global de derechos de los trabajadores, estructurado científicamente, con base en 97 indicadores, en 139 países, verificando el ejercicio de los derechos colectivos de que puedan gozar los trabajadores, porque como dice el informe ‘La garantía del libre ejercicio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es también garantía de una sociedad más equitativa y más próspera. Cuando los trabajadores disfrutan de la libertad de una voz colectiva, cuando pueden negociar para que los lugares de trabajo sean seguros y las condiciones y los salarios justos, y trabajar libres de discriminación, entonces la productividad y el crecimiento económico pueden prosperar’. Entre los indicadores considerados podemos destacar el ejercicio efectivo de las libertades civiles; el ejercicio del derecho a la afiliación sindical; la permisibilidad de la gestión sindical; la negociación colectiva y el derecho de huelga, entre otros.

Este índice global otorga una calificación de 1 a 5 a los países, siendo uno aquellos países en que los trabajadores pueden sindicalizarse libremente y defender sus derechos de manera colectiva con el Gobierno y/o las empresas y mejorar sus condiciones laborales por negociación colectiva. Allí, las violaciones de los derechos laborales no son inexistentes, pero no se producen de manera regular. La clasificación 5 es para los peores países del mundo para trabajar. Los trabajadores carecen de acceso a sus derechos y están expuestos a regímenes autocráticos y prácticas laborales injustas.

Al comparar estos dos índices, surgen curiosidades como que, para el Banco Mundial, Guatemala recibe una puntuación de 79; es decir, medianamente bueno para invertir, pero la CSI lo califica con 5, al ser escenario de asesinatos de sindicalistas. Colombia es para el Banco Mundial el No. 43 para invertir (bastante bueno), pero para CSI es 5, por las mismas razones que Guatemala. Panamá es para el Banco Mundial el No. 55 en el mundo (de 189), pero para CSI es clasificación 4, en la cual se incluye a los países donde hay violaciones sistemáticas a los derechos. El Gobierno y/o las empresas están firmemente decididos a acallar la voz colectiva de los trabajadores, en los países incluidos en esta calificación, poniendo en peligro los derechos fundamentales universalmente reconocidos.

Esta clasificación internacional de Panamá refleja nuestra realidad, de crecimiento económico, con cuasi ausencia de desarrollo social y una cultura de irrespeto a los derechos de los ciudadanos y en particular de los trabajadores. ¿Cuál de estos índices considerarán las nuevas autoridades?

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