Los retos actuales en materia de seguridad

Transformar nuestra Fuerza Pública para que esté a la altura de los retos y amenazas emergentes de seguridad en Panamá, es un tema de debate entre actores políticos y sociales. Hay quienes apoyan o rechazan, y existe temor sobre un supuesto retorno a estructuras militares y al militarismo.

Hoy nadie duda del rol democrático de la Fuerza Pública. Su transformación se produjo sin mayores problemas y se ha mantenido su desarrollo institucional hasta el presente.

Durante estos últimos 25 años, se produjeron —entre otros— tres cambios trascendentes en el contexto social e institucional del país. Primero, se avanzó en la consolidación democrática y en sus prácticas políticas. Hay una diferencia enorme entre el Panamá del final del siglo pasado y el de la tercera década del nuevo siglo. No todo está resuelto, es verdad, pero no reconocer los avances —enfatizando los del lustro que termina— más que una falta de objetividad, constituiría una simpleza peligrosa e innecesaria. Innecesaria, porque nos lleva al inmovilismo institucional, y peligrosa, porque nos hace vulnerables a los nuevos retos y amenazas en materia de seguridad.

Segundo, surgieron evoluciones de la criminalidad y de los actores delictivos. De delincuentes ‘desorganizados’ pasamos a la ‘globalización’ del delito y la criminalidad, quienes ahora disponen de grandes recursos, a veces mayores que los estatales y tienen capacidad de insidiosa penetración institucional y social, a partir del narcotráfico. Hay un aumento desmedido de violencia delincuencial, por la disponibilidad de armas de fuego y el surgimiento de decenas de pandillas, en actividades vinculadas con la droga y el crimen organizado.

Finalmente, hay limitada capacidad de las instituciones policiales para hacer frente a la evolución de la delincuencia y la criminalidad. No se trata de que nuestra Fuerza Pública sea ‘peor’ que la de antes. No señor. Es que ha cambiado la criminalidad, y cuesta mucho más neutralizarla.

La solución a los retos de inseguridad ciudadana está en implementar políticas públicas que abarquen el amplio espectro de las instituciones y sectores de la sociedad que deben participar. Políticas integrales, multisectoriales y que tengan al ser humano como fin último de la seguridad.

Al respecto, es importante enfatizar la atención a los asuntos de la familia, la educación y las necesidades sociales no satisfechas. Así mismo, evitar la impunidad, mediante el fortalecimiento de la administración de justicia y del sistema penitenciario para la rehabilitación y reinserción social de detenidos en los centros penitenciarios del país. También, promover la participación ciudadana en las actividades preventivas para fortalecer la seguridad democrática. Muy importante es enfatizar el control, mediante Migración y Aduanas, de las entradas y salidas ilegales de personas y mercancías al país.

Debemos reconocer que, cuando hace unos seis años pensábamos que se trataba únicamente de capacitar más y equipar mejor a nuestra Fuerza Pública, en realidad nos quedamos cortos. No obstante, gracias a la reforma del 2008, hoy tiene más capacidad para cumplir su misión constitucional. Con las inversiones del gobierno actual, está más preparada y equipada. Protege nuestras fronteras ‘porosas’ e inseguras; patrulla nuestro espacio aéreo ‘penetrado’ por vuelos que transportan droga; protege nuestro espacio marítimo ‘violado’ por narcotraficantes. Ello no significa hacerle ningún favor a otro país. Significa, ni más ni menos, salvaguardar el nuestro y enfrentar la criminalidad y combatir el delito con valor y sacrificio.

Ahora, con el Gobierno que inicia, no basta con nombrar a un comisionado al frente de la Policía Nacional, ni incrementar su pie de fuerza a expensas de debilitar al resto de las instituciones de seguridad, que funcionan exitosamente dirigidas por comisionados profesionales. Tampoco es suficiente dotarlas de más recursos, sin elevar el nivel de especialización de cada una, así como respetar su campo geográfico de acción. La mejor garantía de que no exista peligro de que la Fuerza Pública se convierta en un factor de distorsión en la vida política del país, es fortalecer su institucionalidad permanente, respetar fielmente su escalafón y carrera profesional en democracia y su capacidad técnica y operativa, alejada de los vaivenes de la política partidista.

Cuando las instituciones de la Fuerza Pública entran en política, o defienden los intereses del partido gubernamental, están perdidas, por una razón muy sencilla: al producirse la alternancia de gobierno, el entrante ‘purga’ las instituciones, de nuevo con criterios partidistas, en un círculo vicioso destructivo. Corresponde dar continuidad a las Políticas de Seguridad del país y fortalecer las instituciones que las aplican, y empeñarnos en esa tarea con sentido de Patria.

ABOGADO