Crisis ambiental: río La Villa

La crisis ambiental que se desata en Azuero por la contaminación de las aguas del río La Villa ha demandado —por clamor popular— la participación del presidente de la República. La organización del Estado ha previsto que para los temas ambientales existe una institución rectora responsable del sector. A la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Ley le obliga a ‘la administración del ambiente... como una obligación y establece los principios y normas básicos para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de lograr el desarrollo humano sostenible en el país’. No es responsabilidad del Ejecutivo a través de la Presidencia resolver el asunto, solo en declaración de emergencia nacional, como se ha hecho.

El centralismo y la actitud populista de la figura presidencial de la administración pasada, que irrumpía —de manera permanente en todos los temas de la administración pública— tomarán tiempo en ser superados. Este tema refleja la misma cara con el control de precios, cuando la gente exige y el presidente supervisa los precios de los huevos, salchichas y porotos.

Corresponderá a la ANAM, bajo lo que le ordena su organización jurídica y administrativa, tomar el asunto del agua del río La Villa entre sus manos. La cuenca del río La Villa es una de las más presionadas y sobre sus más de 130 km de extensión sufre de una sobreexplotación y falta de control administrativo. Es una excelente oportunidad para la ANAM tomar la crisis para reposicionarse en los temas administrativos del ambiente, bajo la luz de la nueva aurora institucional.

La contaminación del río La Villa por supuesta presencia de un órgano clorado, llamado Atrazina, parece ser otros de los ‘cuentos’ que tendremos que tomar los ciudadanos. La posibilidad de encontrar trazas de este compuesto es muy difícil de precisar bajo metodologías de análisis químicos, incluso son pocos los laboratorios locales con capacidad de detectar concentraciones importantes en el agua. No entiendo por qué se soltó la bola ‘esa’. También son reales las grandes extensiones de tierras sembradas de caña de azúcar para producir el etanol, negocio o actividad económica que se plantó con poca transparencia para beneficios particulares y no del colectivo. La agricultura extensiva de caña parece pasar la factura hoy, así como el efecto acumulativo del agroquímicos utilizado en las tierras que drenan en la cuenca del río La Villa.

Volviendo al tema de producción de alcohol, éste sí es capaz de producir la ‘vinaza’, desecho de la destilación de la caña, presente en todos los procesos productivos que manejan la caña de azúcar. La vinaza es problema en Dominicana, Cuba y todos los países productores de alcohol. También la vinaza es un problema de Alcoholes de Pesé, quien admitió un vertido accidental en el río y que además es la única que produce el etanol como aditivo al combustible en Panamá, sobre más de 4,000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar para ese combustible.

La decisión apresurada de producción de etanol para la adición al combustible en Panamá, presumió un análisis detallado de los procesos productivos, aspectos que debieron haber sido evaluados bajo el alcance de un estudio de impacto ambiental u otro instrumento de gestión que evaluará la producción. ¿Quién y cuándo se evaluó el proceso productivo de las destiladoras de etanol en Azuero? ¿Qué decían las normas y los procesos para desechar la vinaza del proceso productivo? ¿Cómo y quién supervisaría el proceso? ¿Cuáles normas se aplicarían para controlar los agroquímicos sobre estos cultivos y toda la actividad agrícola y su impacto al ambiente? Todos y cada uno de estos aspectos, así como la capacidad de determinar la contaminación del río La Villa es de absoluta competencia de la ANAM.

La poca capacidad de respuesta de la ANAM es muestra del debilitamiento que exhibe la institución, herencia del desmantelamiento intencionado y sistemática que la pasada administración causó en sus cimientos. Ni siquiera ha sido capaz de pronunciar una respuesta coherente y oportuna, que traiga calma a la sedienta población de Herrera y Los Santos y anunciar un plan de acción que mitigue la situación de crisis.

Bajo una declaratoria de emergencia nacional, se permite al Ejecutivo intervenir, acción que debió preceder un pronunciamiento y acción de la ANAM. Esto es institucionalidad, lo otro es presidencialismo, enfermedad que también heredamos y debemos curar. Rescatar la institucionalidad y la responsabilidad del ambiente de quien es responsable, es una tarea urgente del actual gobierno, quien debe, además, alejarse de acciones populistas que marcaron la gestión anterior.

Fortalecer y empoderar a la ANAM es parte de la ardua tarea. Darle los recursos humanos, técnicos y financieros para abordar la crisis, es lo correcto. Lo apropiado es gestionar el Estado, mediante las instituciones y que cada quien en su nicho produzca la sinergia de gobernar, en este caso dejar actuar a la ANAM para garantizar un ambiente sano para los panameños. ¡El ambiente y la gente primero!

INGENIERO

*HUBERT HUMPHREY FELLOW.