El inicio del final

Nuestro país ha vivido en los últimos veinte años un sistemático crecimiento de la corrupción en la administración pública. Aquello que escuchábamos de los rumores de México, donde ‘la mordida’ estaba institucionalizada nunca pensamos llegaría acá. Sin embargo, Panamá donde el rumor crece silvestre, tenía en medio de sus rumores más comentados cómo en algunas instituciones los contratos y pagos llevaban un costo de quince por ciento para el funcionario. Los rumores de coimas y prepagos al Gobierno fueron creciendo, llegando al punto más escandaloso en el Gobierno pasado de Ricardo Martinelli.

Todo fue rumor hasta llegar a las elecciones, cuando empezaron a verse donaciones y gastos de candidatos en el proceso electoral. Más grave aún, fue comprobándose la danza de millones que se utilizaron de partidas circuitales y dineros del PAN a través de diputados, juntas comunales y los mismos miembros del gabinete. Tristemente, lo que ha ido apareciendo solo ha servido para dar más veracidad a los rumores de coimas en contratos, compras, concesiones, tanto localmente como internacionalmente, como las compras a Finmeccanica.

Sin embargo, el morbo popular, hoy convencido de los ilícitos, exige más. Quiere ver a los que se les pueda comprobar la corrupción, presos. No solo que les quiten los dineros mal habidos con el Tribunal de Cuentas, sino, además, que paguen tiempo en prisión. Como todo en la vida, tiene que haber un primer caso y es en ese marco que el Colegio Nacional de Abogados y otras instituciones de la sociedad civil procedieron a acusar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la misma, de enriquecimiento ilícito. Para los panameños, no es difícil sospechar de los casos de enriquecimiento ilícito. Por razones de los deseos de figurar y ostentar de los que llegan por el camino abreviado a riquezas, es fácil ir detectando a los nuevos funcionarios que al poco tiempo cambian de carro, compran nueva casa o apartamentos, compran casa de playa, yates, etcétera.

Hoy el pueblo ve, por ejemplo, al magistrado imputado cómo en poco menos de tres años pudo comprar dos apartamentos totalizando poco menos de dos millones de balboas, justificado en una forma casi imposible de creer que recibió un préstamo sin intereses para facilitar la compra. El caso Moncada Luna no es que siente un precedente, pero será el primer caso de una serie de casos de exministros, directores de entidades y otros. Si la cadena de denuncias e investigaciones llega a todos, también serán investigados diputados reelectos y algunos que ni siquiera se reeligieron.

La corrupción, que ya ha llegado a niveles de credibilidad por las investigaciones, incluyen los millones injustificados en el PAN, los casos escandalosos del MIDES, compras en MEDUCA, contratos directos y por mejor valor en el MOP, Salud, AMPYME, y tantos otros casos que llevan al pueblo hoy a esperar causas penales a un número plural de funcionarios. En muchas ocasiones hemos visto cómo un ‘chivo expiatorio’ hace olvidar otros casos, así como los casos de corrupción en el Gobierno de Martín Torrijos, donde al final solo los ministros Belgis Castro y Salvador Rodríguez y el ingeniero municipal Jaime Salas fueron los únicos encausados, algunos esperan que el caso Moncada Luna sea el único caso perseguido de la última administración.

Pero, los tiempos y los pueblos cambian. Hoy, los rumores en la Corte por la venta de fallos quizá solo se centren en el caso Moncada, pero ciertamente no será el único investigado del Gobierno anterior. El pueblo quiere que finalmente se ataque la corrupción, que se investigue a todos los corruptos, que si es posible se logre recobrar millones de lo robado o, al menos, que no puedan disfrutarlos los artífices de este saqueo a las arcas del Estado.

Panamá ya tenía muy pobre imagen por la corrupción galopante, Juan Carlos Varela desde la Presidencia ha llegado con toda la intención de acabar con la corrupción o, al menos, disminuirla al mínimo.

El enjuiciamiento de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia es un excelente inicio, pero tiene que ser solo el primero de una serie de casos pendientes. Pero hay lecciones que aprender. Panamá tiene los controles para evitar la corrupción, desde la Asamblea Nacional que no debió aprobar algunos de los magistrados de la Corte actual; y la Contraloría General de la República, que pudo evitar muchos de los desmanes en el manejo de los fondos del Estado.

Hoy, la Asamblea nuevamente tiene la responsabilidad de postular y aprobar un contralor adecuado. Está por verse si aprendieron la lección.

*INGENIERO INDUSTRIAL Y ANALISTA POLÍTICO.