La migración como tema de Estado

Para todas las personas que habitan o residen en este país, nacionales y extranjeros, es de conocimiento que Panamá es ‘Puente del Mundo’ o un ‘Crisol de Razas’.

Tal vez por destino manifiesto, Panamá a partir de su surgimiento como Estado, de sus circunstancias políticas, económicas, geográficas que dieron paso a ella, ha sido el lugar de encuentro de muchas nacionalidades.

Sin embargo, situándonos en la actualidad del país, el pasado Gobierno del Partido Cambio Democrático y sus aliados en ese momento, adoptaron y llevaron a cabo una actividad conocida como ‘Feria de Crisol de Razas’, que tenía como propósito regular la estadía de los extranjeros ‘irregulares’ en Panamá.

Esta acción gubernamental desde su inicio me causó preocupación, porque, a mi juicio, se obviaron disposiciones constitucionales y Legales que regulan esta materia.

Es importante para todos los que nacieron en este terruño saber y conocer si en la actividad desarrollada por el Gobierno anterior y continuada por el actual, se consideraron aspectos establecidos en nuestra Constitución Política en materia de migración, como por ejemplo, el Título II Nacionalidad y Extranjería, que señala en su Artículo 14: ‘La inmigración será regulada por la ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país’, al igual que el Título III Derecho y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo 1° Garantías Fundamentales, Artículo 20: ‘Los panameños y extranjeros son iguales ante la ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, de moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general...’, igualmente, conviene resaltar la existencia del Decreto-Ley N° 3 de 22 de febrero de 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones.

En materia de trabajo, es lamentable la inobservancia y no aplicación de la Ley, en temas como, por ejemplo, el ejercicio del comercio al por menor, que por mandato constitucional debe ser ejercido exclusivamente por nacionales panameños, situación que es de conocimiento de los nacionales y las autoridades; sin embargo, la realidad nos indica otra cosa, personas extranjeras, en su mayoría asiáticas, desarrollando esta actividad.

El Decreto-Ejecutivo N° 547 de 25 de julio de 2012, fue el instrumento legal que permitió la actividad en mención, que se refiere al proceso de regularización ‘extraordinaria’ de los extranjeros, además se autorizaron diversas resoluciones que aprobaron a su paso dichas ferias en determinados períodos de su gobierno.

En este sentido, uno se pregunta, ¿por qué motivo se creó otro instrumento legal (D.E. N° 547…), para ser aplicado a los extranjeros, y si el Gobierno pasado consideró los aspectos económicos, sociales y demográficos? Es preocupante la cantidad de permisos migratorios que fueron aprobados en esas ferias en el tiempo que se desarrolló, aproximadamente 33 355 extranjeros, (cantidad estimada antes de la última que hiciera el Gobierno de Cambio Democrático) y que en su mayoría son nacionales de Colombia.

Sin embargo, se pensó que con la llegada del nuevo Gobierno dirigido por el Partido Panameñista el tema en cuestión iba a terminarse rotundamente, pero no fue así. El Gobierno presidido por el Partido Panameñista, continúa en mi opinión, con la intención de invadir Panamá de más extranjeros. Este Gobierno señala que ésta será la última feria de ‘Crisol de Razas’, que comprende más de un día; situación que nos lleva otra vez a preguntar, ¿cuántas personas extranjeras habría con los permisos migratorios y laborales otorgados por el Gobierno del Partido Cambio Democrático, y ahora por el actual Partido Panameñista?

El tema de la Migración es un tema potestativo y soberano del Estado panameño; es decir que por razones de seguridad, de economía nacional, de salud, de orden público y moral, puede decidir por esas condiciones inherentes quién entra y quién no. El Gobierno anterior y el actual, al no contar con una política clara, seria y determinante sobre el tema en cuestión, ha dado lugar a la participación de una organización social de apoyo a los extranjeros (ARENA), conformada por ‘panameños naturalizados’ y ‘personas extranjeras’, que ha brindado varias declaraciones en los medios de comunicación en defensa del programa en mención y que constituye un claro entrometimiento en los asuntos internos del Estado panameño, y que no hace más que dejar entredicho la falta de determinación del Estado panameño en este asunto que, como señalé, es ‘potestativo y soberano’.

*ABOGADO, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PANAMÁ.