Los partidos y los independientes

Un partido político es una asociación con principios y programas definidos, cuyo propósito, independientemente de su ideología, es luchar por la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones políticas; por el fortalecimiento de la forma republicana representativa y democrática de gobierno; y por la defensa de la soberanía nacional basada en la tradición de lucha del pueblo panameño. Los partidos son reconocidos como organismos funcionales de la nación que se apoyan en su régimen democrático interno para asegurar la participación de sus miembros en actividades partidarias.

En esos términos define el Código Electoral a los partidos políticos panameños y para su constitución se exige que la solicitud de inscripción contenga una declaración de principios y un proyecto de programa de gobierno que incluya aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que propongan a la nación.

Una rápida revisión de los estatutos de los principales partidos políticos vigentes en el país, según muestran los archivos electrónicos del Tribunal Electoral, indica similares enunciados en cuanto a principios y objetivos: proponen acción política permanente, intervención en debates políticos, garantía de libertades y derechos políticos, mejora en la distribución de la riqueza, disminución de la pobreza, justicia social y muchas otras coincidencias.

Sin embargo, la percepción generalizada actual es que las oportunidades de participación política real distan mucho de esos pronunciamientos ideales. Los partidos políticos fallan en el cumplimiento de los objetivos que todos han definido al momento de su constitución, porque están ausentes del debate nacional sobre asuntos que interesan al ciudadano. Lejos de fomentar la participación permanente de sus miembros en temas políticos de interés nacional, como lo han prometido, los partidos parecen activarse solo en función y de cara a los procesos electorales. Son descritos como partidos electoreros cuando se organizan y se vigorizan para acometer las campañas, repartir promesas y abrazos, renovar visitas y estrechar manos, recolectar fondos para las concentraciones, las caravanas y demás parafernalia típica de las campañas electorales.

Concluida la campaña, el perdedor entiende que su función es censurar todas las acciones de gobierno, con el ánimo de ganar puntos para las próximas elecciones, olvidando que ejecutó acciones similares cuando ejerció el poder. Y tampoco aporta soluciones alternas que tiendan a traer bienestar al pueblo. Por inercia o egoísmo se sumerge en el lánguido sopor de la espera de cinco años hasta que surja nuevamente la posibilidad de recobrar el poder.

Por su lado, el partido ganador, que debe formar su equipo de gobierno, se ve obligado a descuidar las tareas y actividades típicas de una organización partidaria que queda a la deriva acarreando un evidente desgaste político. Ese desgaste se complica en la medida en que la corrupción o la ineficiencia, percibidas o reales, hagan mella en el respaldo popular, sobre todo si la organización partidaria, que no se integra al gobierno, no ofrece explicaciones públicas que demuestren las congruencias entre las promesas de campaña y las acciones de gobierno.

Todo ello deja, de parte y parte, un vacío en el ánimo del ciudadano común que estima que sus necesidades son descuidadas o no son atendidas con la prontitud que espera. Mientras se concentran en discusiones administrativas internas, los partidos no prestan atención debida a la perjudicial percepción de abandono que sufre el pueblo. Eso tiene su costo político.

Hay todavía tiempo para que los partidos políticos realicen que su alejamiento de las aspiraciones populares puedan transformar las próximas elecciones en una competencia, no entre ellos, sino entre quienes deseen continuar con la realidad actual y quienes, en cambio, protesten con el voto antisistema de los llamados independientes.

EXDIPUTADA