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04 de Dec de 2020

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Genaro López

Columnistas

Reformas electorales: propuesta regresiva y antidemocrática

El sistema electoral panameño se caracteriza por la existencia de partidos políticos sin plataforma ideológica

El sistema electoral panameño se caracteriza por la existencia de partidos políticos sin plataforma ideológica, que basan su accionar en el paternalismo y clientelismo, controlados por pequeños grupos elitistas y cúpulas oligarquizadas con claros intereses económicos y financieros, alejados de un proyecto de desarrollo nacional incluyente que se plantee, como objetivo fundamental, la transformación de la sociedad, que elimine las condiciones de vida deplorables que afectan a una gran parte de la sociedad panameña.

Se ha constituido una práctica que luego de cada proceso electoral se inicia una revisión del Código Electoral, cuyos objetivos y resultados pretenden determinar y corregir las fallas del sistema que se identifican en las elecciones.

Esta práctica ha traído como consecuencia que la mayoría de las modificaciones que se han implementado beneficie a los partidos tradicionales, los que se convierten en juez y parte y, utilizando su poder en la Asamblea, imponen su aprobación, culminando el proceso de reformas con un resultado que excluye cualquier intento por lograr la apertura o democratización del sistema electoral panameño. De esta manera, se ha mantenido como base esencial de la participación política, el principio de la partidocracia, es decir, un sistema en el que imperan los intereses de grupos reducidos de personas que deciden las reglas del juego a favor de los propios partidos tradicionales.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido en formación, frente a la actual propuesta de reformas al Código Electoral ha señalado que: ‘El financiamiento público y privado del proyecto de ley presentado a la Asamblea está diseñado para que continúe el control de la partidocracia y el poder económico en el proceso electoral, estableciendo graves obstáculos a la formación de cualquier opción participativa de sectores populares que tengan un pensamiento diferente a la ideología imperante. La inversión publicitaria continúa siendo el elemento clave para que el elector tome una decisión a la hora de votar, o el que más invierte más posibilidades tiene de ganar. Se crean candidatos de la nada, se miente y se engaña, campea el clientelismo con recursos del Estado, privados y cada vez más provenientes de fuentes gansteriles. La práctica del dinero como conciencia política y dominio ideológico, de las fuentes de poder económico en mancuerna con el político, prevalecen sobre una real democracia en contraposición a fomentar conciencia política, criterios de crítica objetiva, la identificación ideológica con un partido como factor real de cambio, así como entender las causas que producen y generan el deterioro social, humano y ecológico'.

Igualmente en su denuncia, el FAD señaló: ‘Constituye una ofensa inaudita a las necesidades del pueblo destinar 100 millones de los fondos públicos para el financiamiento de los partidos políticas y las candidaturas. El financiamiento público va dirigido a beneficiar directamente a los partidos tradicionales en desmedro de los partidos nuevos y las candidaturas de libre postulación'.

En cuanto a la equidad de género, el FAD sostiene: ¿Creen que con alternar candidatos y candidatas están haciendo justicia de género? ¿Qué oportunidad de participar en condiciones de equidad tiene la mujer luchadora de las comunidades que busca solucionar el derecho a la vivienda, el derecho al agua potable, el derecho a salud, educación gratuita y de calidad? La idea de equidad no se trata solo de un componente cuantitativo. Implica un componente ético completamente ignorado en estas reformas electorales. En esta ‘equidad de género' no se ofrece a la mujer la justicia necesaria que le permita acceder al derecho a gobernar (ver carta de DDHH).

El FAD rechaza cualquier proceso de reformas al Código Electoral que no garantice un sistema que busque la transparencia, la igualdad y proporcionalidad de las representaciones que participen del proceso electoral, sin que los intereses y cálculos politiqueros e injerencias partidistas sean los que definan sus contenidos. De esto dependerá que el próximo proceso pueda tener algún grado de legitimidad democrática.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.