¿Cuánto cuesta la justicia en Panamá?

De los pocos, si no es el único, país que tiene funcionando en un territorio tan pequeño dos sistemas de justicia, ya sea por falta de voluntad, estrategia de políticos gobernantes o por falta de presupuesto, este último debe ser el menor de los argumentos, pues si hay plata para partidas de diputados, programas sociales y subsidios donde seguimos manteniendo a personas que deben es aportar al Estado, debe existir también para la Justicia.

No voy a adentrarme en el tema del Sistema Penal Acusatorio, pues no es mi intención cuestionar o aplaudir su aplicación, lo que sí quiero dejar claro es que con los últimos casos, de supuesto alto perfil por sus involucrados y las sumas de afectación al patrimonio del Estado que se mencionan preguntamos ¿cuánto cuesta la justicia? De ahí que se hace necesario ver el salario de los funcionarios de instrucción y los de juzgamiento, frente a casos de muchos millones de dólares. ¿Son susceptibles de soborno o pueden caer en el prevaricato por esta situación? Buena pregunta, ¿no?

¿Hasta dónde es justificable legal y moralmente que un funcionario que investiga o juzga un delito renuncie para pasarse a la defensa del investigado? Situaciones como estas se pueden dar cuando no hay normas que prohíban el ejercicio del Derecho a funcionarios que instruyeron expedientes y renuncian; pues debe existir una veda o limitación para que esta situación no se dé, pues una oferta jugosa de honorarios que sea mayor a un salario anual, puede condicionar al funcionario a hacer tal o cual cosa para viciar un proceso y luego como particular argumentarlo.

La vocación de servicio siempre existirá, el problema es cuando cuesta esa vocación y si el mismo tiene la fuerza de voluntad de poder soportar, como diría uno por ahí, un cañonazo de un millón de dólares. De ahí que nace otra interrogante, ¿cada cuánto tiempo son objetos de auditorías de bienes, propiedades y estatus de vida nuestros juzgadores e investigadores? No pongo en tela de duda a nadie, pero tampoco defiendo a nadie. Es un tema que salta a la luz pública cuando comienzan a salir fallos raros, absurdos, investigaciones que se caen o son mal encaminadas para producir una nulidad a futuro.

Ojalá me equivoque, pero se hace necesario una mayor participación de la Fiscalía de Cuentas, con funciones ampliadas en una reforma a la Ley, en la cual pueda realizar sorpresivamente investigaciones de enriquecimiento injustificado de los funcionarios, no solo del Órgano Judicial, sino de los tres órganos del Estado. Pero antes de eso, se le debe dar mayor estabilidad al cargo de fiscal de Cuentas y más poder coercitivo, para que pueda gozar de la confianza de no ser removido por pisar más allá de donde sus designantes quieren, pues la Contraloría con pocos auditores y poco interés no hace investigaciones a tiempo.

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad del Órgano Judicial, por ejemplo, recibe un salario neto de 7239.86 balboas mensuales, anualmente serían 86 878.32 y en todo su periodo de 10 años, sin gastar un centavo en comida, casa, escuela, carro, etcétera, recibiría 868 783.20. Con lo anterior no estoy pidiendo un aumento de salario, pero sí abrirle los ojos de muchos que crean que se gana mucho dinero por administrar justicia, más cuando se atienden procesos que superan hasta 20 o 100 veces ese salario.

Vocación de servicio siempre existirá, pero así mismo existe el ofrecimiento que puede hacer caer a un funcionario en el prevaricato y hacerle daño a una justicia que camina coja, y que debería ser el sostén de una democracia sólida, donde la sociedad confié en ella y se puede decir que la justicia no tiene precio. Aunque lo que vemos nos deja mucha duda.

Así veo las cosas y así las cuento.

ABOGADO