Salvemos el distrito de Barú

Panamá era conocido a nivel mundial como una República Bananera. De hecho, el banano era uno de los productos de exportación que más divisas generaba al Estado. Una de las regiones que más producía era el distrito de Barú, la cual se posicionó como una de las más boyantes del país y con los más altos estándares de vida del área.

La transnacional United Brands, en cierta forma, se apropió de las responsabilidades que le competían al Gobierno, de brindar los servicios básicos como agua, transporte, salud y educación, al igual que el mantenimiento de la red vial, que incluía los caminos de producción y las vías férreas que comunicaban las plantaciones bananeras con el muelle fiscal en Puerto Armuelles, también construido por la citada empresa, todo ello como resultado de las luchas sociales de los trabajadores por mejores condiciones de vida.

Barú era uno de los distritos que más aportaba al fisco nacional, si bien es cierto ello no beneficiaba al distrito, dada la excesiva centralización del Estado y quizá debido también al hecho de que la transnacional se encargaba de ‘asumir ' funciones de las autoridades nacionales y locales, dirigidas a su población.

La actividad bananera no estuvo exenta de problemas a lo largo del siglo XX. Las luchas de los trabajadores por reivindicaciones laborales así como largas huelgas, llevaron a la empresa a liquidar a los trabajadores en el año 2003. Surge así la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), conformada por 3000 exempleados de la Chiriquí Land Company, como un último intento por mantener la industria bananera en el Pacífico, con las consecuencias que hoy conocemos. Al final, en el 2010 se inicia el proceso de liquidación de la Cooperativa, con un lamentable resultado económico y social para el Barú. Según analistas económicos, un factor final clave que afectó la producción de banano en Puerto Armuelles fue que la oferta de producción mundial superó a la demanda de consumo desde los años de 1980, especialmente en el mercado europeo que, además, se volvió selectivo en el consumo de la fruta, al existir ofertas de banano orgánico y otras formas de competencia.

El otrora pujante distrito, se ha convertido en el primero en la provincia de Chiriquí con el rango de pobreza, después de la Comarca Ngäbe Buglé, con casi un 50 % de la población en esta situación, sumado a las cifras actuales de desempleo, que ronda el 60 %, según informes del MEF. Ello ha provocado la migración forzada de miles de trabajadores hacia otras regiones del país y una serie de problemas sociales y económicos, entre los que podemos mencionar la desintegración familiar, incremento de la delincuencia, prostitución y deserción escolar, entre otros flagelos.

Barú cuenta con las mejores tierras para cultivo de banano y de otros rubros que podrían darle nueva vida y generar miles de plazas de empleo a sus habitantes. En recientes reportajes sobre la región y su problemática, es evidente el avanzado deterioro de las infraestructuras dedicadas a la actividad agrícola bananera, al igual que la angustia y acuciante necesidad de un pueblo que merece mejores días y darle a las nuevas generaciones oportunidades de desarrollo con dignidad.

Como medida de emergencia, los últimos Gobiernos han incrementado los subsidios en la región. Sin embargo, ellos no rompen el círculo vicioso de la pobreza. Al contrario, refuerzan la dependencia pasiva de los beneficiarios, que a duras penas cubren sus ingentes necesidades básicas.

Por otro lado, hace más de un año la transnacional DEL MONTE, ha mostrado su interés en invertir más de 120 millones de dólares para reactivar la producción bananera en la región. El proceso ha sido lento, lo cual generó cierres, manifestaciones y marchas populares en la frontera de Paso Canoas y en Puerto Armuelles, en abril de este año. La desesperación de los baruenses y el no ver soluciones a corto plazo a su situación, tal vez los llevó a tomar esas medidas de protesta, con su diputado a la cabeza. Pero no se trata de banderas políticas. Se trata de problemas agravados al paso de los años, aun cuando tienen las condiciones propicias para resolverlos.

Desaprovechar la oportunidad de invertir y sacar a Barú de la crisis que lleva una década es imperdonable. Dilatar el proceso con la Del Monte lo es aún más. Por justicia social, por mejores días, porque lo merecen, devolvámosle a este distrito algo de lo mucho que históricamente ha dado a las arcas del Estado.

ABOGADO