Temas Especiales

29 de May de 2020

Berna D. Calvit

Columnistas

La quinta pata del gato

‘... los periodistas y los medios deberían obligarse a un código de conducta con principios éticos...'

La verdad es que, con tantos otros problemas que caen dentro de la esfera de sus funciones, me desconcierta que el ministro Milton Henríquez le dedicara tiempo a ‘buscarle la quinta pata al gato'. Más atención requieren las condiciones en las cárceles; los problemas en el Cuerpo de Bomberos, e inquietantes asuntos indígenas, entre otros. Aunque se vio obligado a reconsiderar un par de artículos en el proyecto de ley, buscarle la pata extra al gato es lo que hizo al presentar ante el Consejo de Gabinete el borrador de la reglamentación de la Ley 82 de 2013 que ‘establece sanciones para los medios de comunicación que afecten la integridad de la mujer'. La Ley 82 que ahora saltó como una liebre, presentada durante el Gobierno Martinelli por la procuradora Ana Belfon, quedó pendiente de reglamentar ( La Estrella de Panamá 8/11/2016). Según el abogado Ernesto Cedeño, el artículo 70 ‘estaba oculto y nadie se había percatado hasta ahora que se va a reglamentar y se descubren las sanciones y la profundidad de la norma'. Aunque en asuntos de la ley soy lega, considero absurdo que se incluyera en el artículo 58 de la Ley 15 de 31/5/2016, multas de $1000 a $3000 a los medios de comunicación a los que se les compruebe que hayan incurrido en discriminación o violación de los derechos de las mujeres, etc. ¿A juicio de quién? Que cinco personas nombradas por el Gobierno tengan en sus manos las decisiones, justifica la desconfianza de los gremios periodísticos. Menos mal que este artículo será derogado. Los medios caminan con cierto cuidado sobre el filo de esta navaja. A quienes yo sancionaría ‘más rápido que ligero', sería a las autoridades que toman a la ligera denuncias de mujeres y niños (hombres también) maltratados, y no ofrecen las debidas medidas de protección lo que, como se ha visto varias veces, resultan en tragedia.

Por respeto a la profesión, los periodistas y los medios deberían obligarse a un código de conducta con principios éticos; a la autorregulación. Y no lo están haciendo. La noticia que se aparta de la ética, que atenta contra la intimidad y cae en la especulación malintencionada, desprestigia al medio y al periodista; y propician los intentos para ‘meterlos en cintura'. La libertad de expresión mal entendida lleva al libertinaje; amparados en esa libertad se cometen excesos que son difíciles de castigar por la subjetividad de criterios para medirlos. Esta trillada polémica no la ha resuelto ni la resolverá el tira y encoge entre la autoridad y los medios de comunicación. El Decreto de Gabinete No. 251 de 6/8/69 (más de 40 años) creó la Junta Nacional de Censura considerando ‘que se hacen necesarias medidas para estimular la conservación de la moralidad pública'. El decreto nunca cobró vida y solo quedó como fuente de entradas gratis a los cines y espectáculos para miembros de la junta. César Pereira Burgos (q. e. p. d.) escribió ‘La riqueza virtual' en la que opinó que ‘censurar' es término obsoleto por la imposibilidad de ‘ejecutar a la brava', concepto que comparto. El prestigiado maestro colombiano del periodismo, Javier Darío Restrepo, en el artículo ‘La casa en el aire', escrito por aquellos años, comentaba el caso de un columnista obligado por un tribunal judicial a rectificar porque ‘la libertad de expresión no debe cruzar el umbral del buen nombre y la honra de los ciudadanos, cuando de ello se pueda causar un daño'. Ante el peligro de que se hubiera vulnerado el principio intocable de la libertad de expresión, un magistrado defensor de este principio advirtió: ‘A menos que sea una calumnia o falsedad superevidente' porque la opinión libre, ‘no es un derecho absoluto y limita con el de personas e instituciones al buen nombre y a la honra'. Ojo, se exigió rectificación no multa.

El borrador que Henríquez presentó propuso crear la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión que ‘tendría la facultad, entre otras, de llevar los registros de todos los medios de comunicación del país para monitorear sus publicaciones, con el objetivo de constatar acciones discriminatorias sexistas o denigrantes contra la mujer'. Si a mí me calumnia un periodista, sin necesidad del monitoreo, sería mi derecho demandar al calumniador. Monitorear publicaciones huele a censura. ¿Sanción para diarios que en anuncios pagados ofrecen variados y explícitos servicios sexuales (que considero abominables)? Por anuncios de empleos para mujeres con ‘buena presencia' ¿es castigable, el que discrimina a la que considera carente de ‘buena presencia', o el diario? Esta puerta es muy ancha. No veo claridad en la propuesta del ministro Henríquez. Concuerdo con el diputado Luis Eduardo Quirós en que ‘el feminicidio y la explotación de la mujer no se eliminan con controles sino con la promoción de valores y educación'.

Para Joseph Pulitzer, periodista famoso, ‘Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico'. Para José María Vigil, teólogo español, ‘La libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todos ellos es preferible a la tranquila placidez del despotismo, como decía Tácito'. Meditar sobre estos pensamientos le vendría bien a los periodistas. Y a los que andan buscándole la quinta pata al gato.

COMUNICADORA SOCIAL.