Cárceles vacías en busca de ocupantes

Si parece ser una aseveración sin sentido, no lo es. Un problema del sistema penitenciario holandés es ese precisamente porque sus cárceles están quedando vacías, muchas de ellas cerradas por falta de presos; algunas se convirtieron en hoteles lujosos, o viviendas para albergues de refugiados de Siria e Irak. Un tercio de las prisiones holandesas han cerrado porque la población carcelaria disminuyó un 43 % en los últimos diez años y las autoridades debieron cerrar, al menos, 19 cárceles. La tendencia tiene visos de continuar con más guardianes que presos, como sucedió en 2014. Para atenuar el peligro de que vigilantes queden cesantes las autoridades decidieron importar presos, alquilando celdas a países vecinos como Noruega y Bélgica.

Entre las razones de la reducción de reos se menciona la legalización de drogas, la caída de la criminalidad y, en general, la disminución de la desigualdad social. Una rehabilitación de detenidos acompaña el esfuerzo: se centra en el individuo y sus necesidades; ante un problema de drogas o agresividad, se trata la adicción o se proporciona terapia contra la ira. También las condiciones físicas y ambientales del confinamiento respetan la dignidad humana: celdas con baño privado, televisión, escritorio y nevera, y los que tienen extensas condenas pueden dedicarse a actividades como una huerta propia para cultivar verduras, o criar animales.

Contrasta esa situación con nuestro sistema que ha estado en crisis desde hace años. Sabido es que las instalaciones carcelarias no alcanzan para albergar la cantidad de prisioneros; ellos quedan vergonzosamente hacinados y, lejos de rehabilitarlos, los transforman de hecho en personas especializadas en peores crímenes que los que les valieron la pérdida de libertad. Se calcula que la ocupación real de las cárceles en Panamá excede en un 16 % la capacidad oficial de ocupación.

Nuestra triste realidad, según informan las autoridades correspondientes, es que la población penitenciaria llegó a más de 17 mil individuos —incluyendo aproximadamente a 1300 extranjeros— de los cuales el 60 % no ha sido juzgado ni condenado. Estamos ubicados, según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, en la indecorosa situación de constituir uno de los países americanos que más detenciones preventivas registra. Y debemos pagar el costo que ello implica, estimado en B/.10.00 diarios por detenido.

Sabemos los problemas que enfrentamos desde hace mucho tiempo: infraestructuras deterioradas, falta de custodios, de médicos y de programas destinados a la resocialización de reos. Varias soluciones se han adelantado: despenalización de conductas censurables o inmigración irregular, agilización de procesos en fiscalías y juzgados. La Universidad de Panamá propone rebajar y conmutar las penas. En Holanda se ha implementado con cierto éxito el monitoreo electrónico en caso de delitos menores que permiten a las personas permanecer activas, igual que hacer trabajos sociales al servicio de la comunidad. En Estados Unidos se ha propuesto la privatización del sistema, pero ha sido controversial porque las empresas privadas basan su éxito económico en el crecimiento de la población carcelaria y en la disminución de costos del hospedaje y manutención de presos, necesitando un mínimo de 90 % de ocupación carcelaria.

Una ley recién sancionada por nuestro Ejecutivo busca preparar custodios capacitados en derechos humanos, seguridad y rehabilitación de los presos. Como mencionó recientemente una funcionaria de la cartera correspondiente, el aporte que puede hacer la privación de libertad a la rehabilitación y, en consecuencia a la reducción del delito, está directamente relacionado con el trato que reciban las personas privadas de libertad, el cual depende en gran medida de los funcionarios que tengan contacto directo con ellas. Es parte de la solución en el largo camino por andar.

EXDIPUTADA