Cepo y DDHH... una opinión

A raíz del castigo impuesto por el pueblo a algunas autoridades de la Comarca Ngäbe Buglé, algunos, incluyendo autoridades, han expresado su desacuerdo con la medida, por violatoria de los derechos humanos (DDHH). Antes que sumarme al rechazo, prefiero revisar la medida en el contexto actual de la corrupción y la administración de justicia. Partamos por considerar a quiénes les aplicaron el castigo y segundo, las causas de la sanción. Todos ellos son personas con investidura de autoridad, que por principio tienen el deber de actuar a favor de los mejores intereses de sus representados. Pero desconociendo su deber y la naturaleza del cargo conferido, aprobaron, a espaldas de la mayoría, un convenio claramente lesivo a los genuinos intereses de su pueblo; una situación que de por sí obliga a descartar la compra-venta de conciencias.

En cuanto a la administración de justicia, el hecho más destacado es la falta absoluta de credibilidad ciudadana, tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial; y aunque sobran motivos para el desprestigio, bastaría considerar la impunidad, la justicia selectiva, la mora y la inoperancia. Y no hay que ser experto para reconocer que existe un subregistro de hechos delictivos, porque quien denuncia se expone al riesgo de detención, por atentar contra la honra del presunto delincuente; porque el Sistema Penal Acusatorio es garantista, pero de los derechos de quienes violan la ley; a quienes, prácticamente, las víctimas deberán agarrar in flagrante delito y tener cuando menos dos testigos, que no sean familiares, dispuestos a testificar que les consta la comisión del hecho punible.

Los críticos del método deberían visitar la comarca y percatarse de la realidad de los DDHH que allí prevalece; para comenzar, más del 90 % de los menores de cinco años padece algún grado de malnutrición, buena parte de los cuales, muere; otros a causa de enfermedades que se pueden evitar con programas serios de educación para la salud, con agua potable intradomiciliaria y una disposición higiénica de las excretas; otro porcentaje muere por enfermedades que se pueden prevenir mediante la administración de vacunas. Es una población postergada, sin acceso o con grandes dificultades de acceso a centros de salud y educativos. ¿Y quién reclama, protesta o exige respeto a sus DDHH? Visiten el área y comprobarán, sobre todo en fines de semana, escenas deprimentes, de hombres y mujeres en estado de embriaguez, en plena vía pública; hay comunidades, de quince o veinte ‘viviendas' ¡con cinco y hasta seis expendios de bebidas alcohólicas! ¿Algún empresario o comerciante de licores ha protestado, por estas condiciones infrahumanas en que ‘viven' los pueblos originarios?

No pretendo justificar el castigo impuesto, pero lo considero absolutamente comprensible; es más, tengo la certeza de que la mayoría de la ciudadanía nacional aclamaría, si viera a las ratas de la cueva, a los jueces corruptos y a tantos otros cómplices, en sus respectivos cepos, porque nada podría justificar los excesos cometidos a ciencia y paciencia de quienes deberían aplicar la ley a esos que han pisoteado la consciencia nacional; a esos miserables que han utilizado la pobreza material para llenar sus bolsas y tratar de saciar sus voraces apetitos de riqueza.

Dudo que un solo ciudadano decente exigiría respeto a los derechos ‘humanos' de semejantes canallas, si los viera en plena vía pública en un cepo. Y no lo creo porque el hartazgo pareciera estar llegando al límite; ya que la intolerancia, la violencia y la criminalidad, cada vez parecen más cercanas. Además, ¿con qué autoridad moral los responsables, cómplices y encubridores de la corrupción, se atreven a criticar la sanción aplicada a los canallas que traicionaron a su pueblo? Deberían sentirse afortunados, porque en otras latitudes quienes traicionan a sus pueblos pagan con su vida...

¿Ud., qué opina?

MÉDICO