Nada es gratis

La justicia social llevada a extremos promueve el parasitismo social. Al no tener claro el significado de justicia social los beneficiarios se enfocan más en los derechos que en las responsabilidades; no tienen plena consciencia de que todo lo que reciben en subsidios, canastas de comida, medicinas, educación, etc., no es gratis, tiene costos. Hace escasos días, en una comunidad de la periferia de la capital, se iba a realizar una actividad patrocinada por el Despacho de la Primera Dama; de alguna manera la nota sobre el evento se circuló fuera de la comunidad seleccionada. Acudió una multitud que no estaba en el plan original ¡y se formó el pandemónium! La actividad tuvo que ser suspendida y quedó doña Lorena pagando los platos rotos. ¡Todos se creyeron con derecho a exigir! La práctica de ‘regalar' y subsidiar suele causar quebraderos de cabeza. Todas las facilidades que se ofrecen deberían considerar reglas claras de conducta en cuanto al uso responsable del subsidio o de los bienes que se proveen. Y para hacerlo es indispensable el proceso educativo previo (cómo manejarse en la vida comunitaria, cuidado de los bienes, manejo del dinero, etc.). Esa falla es notoria, por ejemplo, en Cabo Verde, área que es un muladar permanente, gracias a los malos hábitos de sus residentes; recientemente cerraron la avenida Frangipani para protestar por cortes de electricidad; lo que asombra es que se consideren con derecho a reclamar cuando de los cerca de 300 clientes en el área, solo el 2 % paga por el servicio; con conexiones ilegales el resto tiene electricidad gratis. En cuanto al programa 120 a los 65, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informa que excluyó del programa a cerca de 30 mil adultos mayores; aunque no lo dice la noticia, es fácil deducir que mis 30 mil contemporáneos recibieron el subsidio sin necesitarlo, $1440 anuales ‘libres de polvo y paja'; pero este programa nos sigue costando 170 millones anuales que serían más beneficiosos usados para comedores, albergues y servicios de salud para esos ancianos.

Otra ‘perla' se sumó a la retahíla de ‘juegavivo', ‘rebuscas'. Varios beneficiarios del proyecto Renovación Urbana de Curundú violan el acuerdo que prohíbe vender o alquilar la vivienda que subsidiamos usted y yo, amable lector. El pago al Banco Hipotecario Nacional es de $56 mensuales y han detectado alquileres hasta de $300 el mes. Cada apartamento, valorado en $55 mil, fue vendido en $15, por tanto, usted, yo y todos los que pagamos impuestos, subsidiamos $40 mil en cada una de las mil y tantas viviendas. Aquí una observación. El gerente del banco, Ramón Hernández, dijo: ‘No podemos aceptar que el Estado haga asistencias habitacionales y que los extranjeros resulten como beneficiarios'. La declaración, con tinte de xenofobia, debió dejar por fuera la palabra ‘extranjeros', pues igual delito es subarrendar a panameños. El proyecto fue obra de Odebrecht (por supuesto) con serias deficiencias y mala calidad de materiales (por supuesto). Pero, por otra parte, la comunidad ha desatendido recomendaciones sobre disposición de la basura; uso de las áreas comunes, inodoros, etc. Como agravante la invasión de terrenos detrás del Mercado de Abastos donde instalan casuchas de cartón y zinc. No me sorprendería que algunos grupos salieran a defender el derecho de estos pobres, blablablá; pedían vivienda digna, pero no les molesta volver a vivir en insalubres casas brujas. Y dirán, ‘Pero si los del Gobierno se rebuscan...'.

Estos son apenas algunos hechos ante los que vale preguntarse si esa inclinación a lo gratuito la ha cultivado a lo largo de muchas décadas la perniciosa práctica del clientelismo político que deviene en parasitismo social. La equidad es el acceso de todos a servicios de salud y educación; a contar con un techo, trabajo, bienes esenciales. Desgraciadamente la inequidad es una realidad que causa estallidos de disconformidad. Pero hace falta que la población menos favorecida asuma la responsabilidad que le concierne. Por ejemplo, la invasión de tierras es vieja práctica que atizan ‘precaristas profesionales' y grupos que sacan provechos económicos o políticos (o ambos); una vez en chozas improvisadas los ‘precaristas' empiezan a exigir agua, luz, electricidad, pese a la ilegalidad de apoderarse de lo ajeno. Estas invasiones, siempre cercanas a centros urbanos, ¿no tendrán como trasfondo politiquero captar votantes entre esas personas?

No estoy en contra de todos los subsidios (Ángel Guardián, por ejemplo). Pero desapruebo los que se crean con olor politiquero, sin los debidos estudios previos y controles estrictos de seguimiento de los programas. La mal llamada Beca Universal es un subsidio que hasta ahora no muestra beneficios que lo justifiquen; la excusa de que ha bajado la deserción escolar es mantener la mediocridad del ‘3 raspando' sin otra motivación que recibir dinero para el gasto familiar. Y el subsidio para el programa ‘Barrios Seguros' me nubla la luz del entendimiento. No obstante, al final, preguntas insoslayables. ¿Qué responder al que usa mal el subsidio sabiendo que en el quinquenio pasado los diputados se fumigaron 400 y tantos millones de dólares; y que en 30 meses del Gobierno actual, 14 millones en chanchullos? ¿No se sienten con derecho a enrostrarnos la complicidad entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional que ‘se hacen los suecos' ante la corrupción? Al final, en este tablero de jugadas sucias, a los que no somos rémoras del Estado ni lo saqueamos, nos agujerean el bolsillo.

COMUNICADORA SOCIAL.