Temas Especiales

05 de Mar de 2021

Ebrahim Asvat

Columnistas

El malestar político y el colapso de los Estados

Hay países, como Guatemala, donde la jurisdicción penal se la ha entregado a las Naciones Unidas

Yo quisiera trasladar el problema que confrontan países como Iraq y Siria hacia nuestra región centroamericana. Pongo de ejemplo países de estructuras institucionales frágiles, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Tanto el narcotráfico como la corrupción y las bandas criminales, tales como Mara Salvatrucha y Barrio 18, vienen minando a estos Estados y un colapso institucional produciría los mismos efectos que hoy se producen en Somalia, Libia, Iraq, Siria o Afganistán.

La ausencia de un poder constituido, a través de los esquemas democráticos tradicionales y los partidos políticos, le abriría el compás a estas fuerzas del bajo mundo a reinventarse y asumir los vacíos del poder. Que estas organizaciones han empezado a asumir tareas públicas, es una realidad patente en gran parte de las ciudades de estos países. Que las organizaciones del narcotráfico tengan el dominio influyente en extensiones territoriales donde el Estado tiene poca presencia, e s una realidad desde Perú hasta México.

Hay países, como Guatemala, donde la jurisdicción penal se la ha entregado a las Naciones Unidas (CICIG). En su afán de mantener su vigencia y permanencia, socavan poco a poco la frágil institucionalidad democrática guatemalteca con todas sus deficiencias y males. Y esto lo hacen con el beneplácito y el apoyo de los Estados Unidos de América, cuyo representante embajador pesa más que el propio presidente guatemalteco y los aplausos mediáticos.

La CICIG, como ente perseguidor del delito, surgió para desmantelar y perseguir las organizaciones ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, consecuencia de la guerra civil guatemalteca, pero luego extendieron sus facultades a combatir la corrupción y, al llevarse jueces, ministros, presidentes, funcionarios, han hecho de Guatemala una caricatura de país para deshonra de los guatemaltecos ante el concierto de naciones.

Recientemente, Honduras propugna por seguir el mismo camino y entregará su jurisdicción penal a la OEA. (MACcih). Un desplome del Estado en cada uno de estos países es una probabilidad cada vez más latente. La presunción de culpabilidad y corrupción de todo funcionario y la ventilación de las investigaciones en los medios de comunicación no descarta la posibilidad de la asunción de grupos criminales como alternativa a un Estado desmoronándose.

Lo que ocurre en Iraq, Siria, Libia y en el siglo pasado en la ex-Yugoslavia es una posibilidad en nuestros lares. Basta que colapse la clase política de estos países y tendremos nuestros Estados fallidos en América Latina.

En los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador) hay una marcada debilidad institucional por el constante hostigamiento a sus gobernantes. Donde los estamentos de seguridad, la jurisdicción penal, los tribunales de justicia, el poder presidencial, la Asamblea Legislativa son cuestionados y hasta humillados, las decisiones se postergan, el aparato burocrático se detiene y las respuestas alternas que hagan viable una convivencia entran a jugar su papel.

Es allí el mayor peligro de un colapso de los Estados. Nadie parece ser consciente de eso por pretender creer que hay respuestas quirúrgicas a los males ancestrales de los pueblos.

ABOGADO