Sobre Panamá, la competitividad tributaria y la mal entendida ‘evasión fiscal'

A un año de los mal llamados ‘Panama Papers', como era de esperarse, el balance es negativo para Panamá. Pero, en nuestra humilde opinión, la mayor decepción no ha sido el ataque a nuestro país, sino la complacencia y la forma de ‘defendernos' de esos ataques por parte de nuestros dignatarios. Por otra parte, mucha gente, que quizá no está del todo informada con los temas de derecho tributario, incluso abogados, se muestra confundida sobre la definición del concepto evasión fiscal .

Lo peor del caso es que algunos, que se supone deberían ser entendidos en la materia, sorprendentemente repiten como papagayo los arbitrarios conceptos de los países miembros de la OCDE, a fin de hacernos creer o convencernos de que la planificación tributaria es un delito y la competitividad fiscal una estrategia equivocada para nuestro país, cuando esto es una completa falacia.

En primer lugar, debemos definir la evasión fiscal como un delito o falta administrativa, según el país donde este acto se cometa, y la planificación tributaria, como un derecho al que cualquier persona, natural o jurídica, le corresponde ejercer o no, si lo estima pertinente o conveniente. Una correcta planificación tributaria es la única herramienta de la que goza un emprendedor empresario, sea pequeño, mediano o grande, de un país abusivo fiscalmente, para defenderse de sus malsanas políticas de recaudación.

Cuando una planificación tributaria se hace correctamente, no se viola ninguna ley. Pero, a pesar de que ambas figuras son reconocidas por el derecho fiscal, la OCDE ha determinado equiparar la evasión fiscal a la planificación tributaria, haciendo ver que ambos son delitos, lo que no es ni legal ni moralmente correcto, ya que cualquier persona o empresa, puede hacer un intento de reducir el pago de sus impuestos sin violar ninguna ley y aprovechando las jurisdicciones que así se lo permitan. Hubiese sido interesante y digno de nuestra parte, como país libre y soberano, haberle planteado a la OCDE que, así como ellos pretenden que cambiemos nuestras leyes, ¿qué tal si ellos también cambian las suyas? Por ejemplo, que el impuesto sobre la renta de los países, a los que Panamá dará información, no deberá ser mayor al impuesto sobre la renta que se cobra en Panamá. En este caso 30 %. Es decir, que nuestro país no brindará información a países que sean abusivos fiscalmente con sus ciudadanos.

Podríamos usar la analogía de que Panamá no extradita a un nacional de un país donde el delito de que se le acusa tiene una pena mayor a la que se aplicaría en Panamá y así plantear una alternativa similar en materia fiscal.

El punto es que Panamá no tendría por qué dar información a países que tengan cargas tributarias abusivas y mayores que las que Panamá aplica en su territorio. Esto consideramos que podría ser razonable.

Es triste que el Gobierno esté más preocupado por firmar estos mal llamados tratados de intercambio de información (cuando en realidad serán de suministro de información de nosotros para ellos) y crear las condiciones para cumplir con los mismos, en perjuicio de inversionistas y empresarios que confiaron y confían en las ventajas históricas que ofrece nuestro país, en lugar de corregir el verdadero problema del suministro de información, que es el no cumplir con lo que se nos pide por vía judicial y en contra de personas que sí han cometido delitos y que han ensuciado nuestro centro financiero.

Parte de la mala imagen de Panamá ha sido que los requerimientos de las autoridades judiciales de otros países no se han atendido con prontitud. Como una pequeña prueba está ver cómo se dilató darle respuestas a los fiscales de Brasil en el caso LAVA JATO. Así mismo ha ocurrido con muchísimos casos igual de graves.

¿Por qué no atendemos esto? ¿Por qué no nos preocupamos de darle respuesta rápida a los requerimientos que se hacen sobre las personas que sí han cometido delito y que por ende ensucian nuestro sistema? Me refiero a delitos como narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, corrupción de funcionarios, etc. En este suministro de información es que hemos debido y deberíamos concentrarnos, en lugar de dar información de índole fiscal sobre personas que no han hecho nada malo.

ABOGADO