Magistrados: decisión y oportunidad

Estuve de acuerdo con la decisión del presidente Juan Carlos Varela de ejercer su facultad constitucional para designar a los magistrados que llenarán las vacantes que se producirán en la Corte Suprema de Justicia, por considerar que las convocatorias públicas para recibir candidaturas de aspirantes, que se hicieron durante los pasados y el presente Gobierno no produjeron ningún resultado positivo y más bien incrementaron las dudas sobre su transparencia.

Como no habrá una lista oficializada de aspirantes y la iniciativa del Colegio de Abogados de presentar la suya, por ser oficiosa, no tendrá ninguna influencia en la decisión del Órgano Ejecutivo, es mejor que se haga efectiva la decisión presidencial y el Gabinete escoja a los tres reemplazantes que propondrá a la Asamblea Nacional para su ratificación o rechazo.

Con el enconado ambiente que hoy existe en el Órgano Legislativo no se puede descartar que la ratificación navegue por mares procelosos. No han pasados tantos años para no recordar que la designación que la presidenta Mireya Moscoso hizo del expresidente Guillermo Endara para una magistratura no tuvo la aquiescencia de los diputados y hubo de ser reemplazada con otro nombramiento, el de Adán Arnulfo Arjona.

El retraso que ha tenido la nominación de los reemplazantes de los magistrados Mejía y Ortega, y la convocatoria de las sesiones extraordinarias, por los rumores que corren, bien puede deberse a que al Órgano Ejecutivo le sigue costando asegurar los 36 votos que se necesitan para lograr la ratificación. Conseguir esa cantidad de diputados favorables para candidatos o candidatas que sean vistos como vinculados al Gobierno, bien podría ser un obstáculo insuperable. La bancada panameñista necesitaría del concurso de las del PRD, que cuenta con 26 votos; la de Cambio Democrático, con 25 votos; o de partes de ambas.

Por eso, en el ajedrez que se juega en la política panameña, tres alternativas parecen posibles. La primera es que la bancada oficial sume el apoyo de alguna de las otras dos, en cuyo caso, y casi con seguridad, le pedirían que les cediera uno de los dos nombramientos. La segunda, que parece menos probable, es que el oficialismo pueda reclutar parte de las otras dos bancadas para conseguir la ratificación de dos candidatos potables para esa alianza transitoria. Y la tercera es que el presidente Varela consiga seleccionar dos candidatos o candidatas de una jerarquía incuestionable que conciten el respaldo irrestricto de la ciudadanía independiente y que sea esta la que empuje su ratificación venciendo las resistencias políticas que pudieran oponer las bancadas del PRD y CD.

Si ese último fuera el caso, podrían alentarse esperanzas de alguna mejoraría en nuestra maltrecha administración de justicia, y ganaría el Gobierno, pero, sobre todo, el país.

ABOGADO