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17 de Oct de 2019

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Ernesto A. Holder

Columnistas

Un parlamento competente

Oficialmente el Parlamento panameño es ‘la Asamblea Nacional', Órgano Legislativo que está legalizada por el Título V de la Constitución

Un parlamento competente

El año pasado publiqué el artículo ‘El triste papel del parlamento'. Además de llamar la atención sobre lo inoperante de ese órgano del Estado, mi escrito trató el tema con algo de humor irónico. Presenté las definiciones de ‘parlamento' y de ‘circo', en el intento por exponer las similitudes y paralelismos. Decía que ‘un Parlamento, según lo define la DRAE es ‘1. Cámara o asamblea legislativa, nacional o provincial. 2. Edificio o lugar donde tiene su sede esta institución. (...) 3. En Inglaterra, la Cámara de los Lores y la de los Comunes...'. Wikipedia profundiza explicando que es ‘El término con que se designa a la asamblea de los representantes populares deriva del francés ‘parlement', vocablo que expresa la acción de ‘parler' (hablar): un ‘parlement' es una charla o discurso, y por extensión se aplica a la reunión de representantes del pueblo donde se discuten y resuelven los asuntos públicos'.

Oficialmente el Parlamento panameño es ‘la Asamblea Nacional', Órgano Legislativo que está legalizada por el Título V de la Constitución de la República de Panamá reformada en el año 2004. Se supone que nuestra Asamblea Nacional goza de total autonomía para la ejecución de sus funciones en representación del pueblo y es parte fundamental de la conducción del Estado, en armoniosa colaboración con el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.

No tuvieron que darse los últimos acontecimientos (el rechazo de las candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia) para darnos cuenta de que nuestro Órgano Legislativo está en crisis. Notoriamente, la poca confianza y respeto que tiene la población con este Órgano del Estado, y en particular con sus miembros, es evidente. Fomentan y promueven el clientelismo político. La mayoría no tiene la educación política necesaria para cumplir con sus deberes. No entienden su papel en relación al perfeccionamiento de la convivencia como sociedad, con el fin de legislar en beneficio de la mayoría. No tienen educación y su objetivo fundamental es acomodarse económicamente para bien personal y de los suyos. Es un error esperar que lo contario se dé.

Pero con cada oportunidad que tiene la Asamblea de lavar su imagen, lo cierto es que hace lo contrario. Lo que se dio la semana pasada en el marco de la discusión de la propuesta de ley que busca impedir que los delitos de corrupción prescriban, debe poner sobre el tapete otro tema: la capacidad o incapacidad de funcionar en razón de los deberes que deben cumplir.

No voy a examinar los aspectos que contiene la Constitución Nacional y que rigen las oportunidades que cada ciudadano tiene de participar de la vida pública como diputado si así cree conveniente. Esos son los espacios que los sistemas democráticos promueven. Pero la rigidez democrática no debe doblegar la razón; mucho menos si las fallas son evidentes y, más aún, si son un peligro para esa misma democracia. Es como arriesgar la vida. ¿Nos atreveríamos a poner nuestra salud en manos de alguien que no tiene la preparación adecuada para atendernos? ¿Te dejarías operar el cerebro por alguien elegido democráticamente entre el personal que forma parte de la población hospitalaria? ¿Sea quien sea? Sé las respuestas a estas dos preguntas. Entonces: ¿por qué, en nombre de la tal democracia, dejamos que cualquiera asuma la conducción de un órgano tan importante para la salud social y política de todos?

Aquí también vale la moral. Es hora de que la sociedad comience seriamente a discutir la capacidad educativa e intelectual de los ciudadanos que pretenden acceder a un puesto de liderazgo político y que, evidentemente, no están capacitados para realizar esas funciones.

La gran mayoría de las ocupaciones están reguladas para determinar la preparación y capacidad de una persona por hacer equis o ye oficio. En otras palabras, si es competente (relativo a la competencia: pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado).

Si estos señalamientos son peligrosos, riesgo corremos todos por el rumbo que lleva la cosa política e institucional. En el marco de tantas desventajas en lo social y administrativo (agua, salud, educación, transporte, energía, seguridad, etc.), la población no tiene a dónde acudir para buscar un liderazgo serio y comprometedor que busca atender estos problemas formalmente en vez de cuidar sus espacios malogrados. Una nueva visión y actores competentes son necesarios.

COMUNICADOR SOCIAL.