¿Asamblea vs Contraloría?; ¿quién se compra esa pelea?

He observado detenida y largamente este combate que cobró especial protagonismo a partir de octubre de 2015. Y no creo que haya mucha sinceridad en aquello de si la Asamblea es corrupta o no. Para ser justo y actuar con imparcialidad, un escrutinio como ese requiere del examen de los tres órganos del Estado. ¿O es que alguien podría exceptuar de esas sospechas al Ejecutivo y al Judicial?

La corrupción es un síntoma inherente al sistema, y si la Contraloría se propone combatirla, resulta extraño que solo se refiera a uno de los tres órganos. Es más, dirigir con selectividad el dedo acusador contra uno solo sugiere cierta complicidad con parte interesada. Así que, independientemente de si lo es o no, no creo que la pregunta sea si la Asamblea es o no corrupta, sino: ¿por qué la Contraloría, tras una intensa campaña mediática, la ha enfilado contra el Parlamento?, y ¿a quién beneficia esa actuación?

Las presiones datan de octubre de 2015, una vez la Asamblea comenzó a asumir cierta autonomía respecto a las peticiones del Ejecutivo. Para finales de ese mes, el Ejecutivo trató de imponer como magistrado del Tribunal Electoral a un abogado de conocidas credenciales panameñistas, Alfredo Juncá. Se opuso la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en lo que todos los observadores interpretamos como el fin del pacto de gobernabilidad que había regido en la Asamblea desde 2014, cuando inició el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela. En enero de 2016, una declaración del PRD dejó en claro que ese colectivo asumía una posición opositora, y ratificó lo que en octubre había sido la conducta unitaria de su bancada parlamentaria. En diciembre de 2015 el Ejecutivo logró imponer a Alfredo Juncá en el Tribunal Electoral con los votos del partido Cambio Democrático.

Pero 2017 llevaría a su punto culminante las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, una vez el presidente Varela envió a la Asamblea su propuesta para el relevo de magistraturas en la Corte Suprema. Una aplastante derrota dejó al Ejecutivo sin posibilidades de imponer a sus candidatas, y contrario a la división que habían exhibido las bancadas opositoras en diciembre de 2015, en enero de 2017 el Ejecutivo fue derrotado por una nueva mayoría que dejó por fuera a la oficialista bancada panameñista.

Y allí se intensificaron los dolores de cabezas de la Asamblea ante la ofensiva de la Contraloría, que siguió a una intensa campaña del periódico La Prensa, del que, para casualidad, el contralor Federico Humbert había sido su presidente.

En principio la Asamblea Nacional abrió sus puertas a los auditores de la Contraloría, para que verificaran cifras que por su recorrido legal debían ser conocidas, tanto por esa entidad como por el Ejecutivo. Y aquí resalta la ironía de la ‘división de los poderes', porque en cualquier relación económica manda quien controla el dinero, y en el caso que nos ocupa es el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela el que elabora el Presupuesto General de la Nación, el que organiza las partidas respectivas; se aprueba en la Asamblea, pero los desembolsos y el posterior control de gastos lo ejercen el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); es decir, el Gobierno, y la Contraloría, respectivamente. Los diputados no pueden mover un solo centavo si no es desembolsado por el MEF, que tiene controles para determinar si lo hace o no; y sin el visto bueno de la Contraloría.

Y otra vez, la ironía de la ‘división de los poderes'. La agenda de proyectos de leyes proviene mayoritariamente del Ejecutivo, del Gobierno, que a menudo, apoyándose en ‘la armónica colaboración de los poderes', pide a la Asamblea la aprobación de tal o cual proyecto. Casi siempre existe una correlación entre lo que solicita el Gobierno y los requerimientos de los diputados. Recientemente, por ejemplo, la Asamblea hizo saber que en el incremento de una de sus partidas, de cuatro mil a 30 mil dólares, fue el Ejecutivo quien hizo y justificó la propuesta. ¿Buenas intenciones?

Y aquí surge un espacio que merece un aparte. La continuidad política de un diputado depende de la forma como cumpla o no ante el circuito que lo ha elegido, lo que de hecho le da dos responsabilidades cruciales: la de hacer leyes y la de atender las demandas de sus electores, por lo que nada hay de cierto en aquello de que los diputados están solo para hacer leyes. Puede que sea el enunciado, pero no en los hechos. La responsabilidad de atender a los electores correspondía, en principios a los representantes de corregimientos, pero como el poder popular carece de simpatía entre ciertos sectores económicos y políticos de la sociedad, el rol lo han debido asumir los parlamentarios. Un arma de doble filo, porque si se observan las campañas mediáticas contra la Asamblea, casi siempre se habla de los millones que le han dado a un diputado. En el imaginario social eso se traduce en plata contante y sonante, cuando no es así. Los millones aludidos figuran en las planillas de los ministerios, en sus programas y se suman al diputado en función de los requerimientos que ha hecho este para su circuito.

En resumen, en el conflicto de la Contraloría y la Asamblea parece que hay más de política que de verdades. La Asamblea es un órgano que puede administrar con relativa autonomía los fondos que se le asignan cada año, porque nada de lo que llega a los parlamentarios es desconocido ni por la Contraloría ni por el MEF. En la Asamblea existe una auditoría de Contraloría. ¿Desconoce acaso cada movimiento que se da allí? Cada programa, desembolso o contrato lleva el visto bueno de un funcionario de Contraloría y de un funcionario del MEF. ¿Llega hasta allá la investigación del contralor Humbert? ¿Cómo se investigan estos hechos en el Ejecutivo? ¿Cómo la partida discrecional del presidente de la que ahora nadie dice nada? ¿Cuántas designaciones hay en los ministerios que no corresponden ni a las posiciones ni a los cargos? ¿Los investiga el señor contralor?

Lo que aparenta ser una cruzada contra la corrupción deja, sospechosamente, muchas cosas por fuera, y asume todas las características de una intromisión que se intensifica a poco menos de mes y medio de que sea renovada la directiva de una Asamblea que, a diferencia de los años 2014 y 2015, carece de la incidencia decisiva del Ejecutivo. Y es allí donde nace, se desarrolla y pervive un conflicto donde el contralor Humbert, evidentemente, ha tomado partido. Y no es que la Asamblea sea un coro de angelitos, pero lo cierto es que con manejos como el de la Contraloría, podrían ser las irregularidades las que quedan a salvo.

El martes 15 de mayo la Asamblea emitió un comunicado que, contrario al silencio que mantuvo en el primer cuatrimestre de este año, refleja la disposición de encarar a la Contraloría. Sería bueno saber si las juntas comunales tienen esa misma disposición.

PERIODISTA