Nueva amenaza para la bahía de Panamá

Los humedales, especialmente, los ecosistemas asociados al manglar, proveen servicios ambientales, tales como provisión de refugio a especies de interés pesquero, protección de eventos climáticos extremos, sumideros de gases de efecto invernadero y ganancia natural de tierra hacia el mar. Estos servicios, de beneficio a la ciudad capital, en el Humedal Bahía de Panamá, han estado en peligro desde hace varios años, pero un nuevo e inesperado proyecto, se vislumbra a darle la estocada final.

La desecación de humedales, su destrucción y el cambio de uso de suelo, han tenido efectos sinérgicos (mucho más allá de la suma de sus partes) en la ciudad de Panamá, especialmente en los corregimientos de Juan Díaz y Tocumen, ante la construcción de parques industriales y comerciales, encima de poderosos rellenos necesarios para sostener las infraestructuras por encima del nivel que tenía el humedal, discurriendo el agua de lluvias en una topografía absolutamente alterada, ahogando el hábitat y colocando en un riesgo mayor a la vida y bienes de la población por inundaciones. Todo lo anterior, contando con las autorizaciones administrativas de al menos dos Gobiernos, destacando el actual.

La creación del área protegida Bahía de Panamá, mediante la Ley Nº 1 de 2015, ha sido en vano, la misma enfrenta caza, actividad agrícola y extracción de arena, un ejemplo de omisión de funciones públicas por parte de los responsables de la protección de esta área.

El reciente proyecto emitido por la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República, consistente en la canalización de la infraestructura gris en el río Juan Díaz, que contemplan la ampliación del cauce de este río (otra ‘megaobra'), que afecta los humedales protegidos y no protegidos del área, constituye la estocada final a este sufrido ecosistema, al carecer de racionalidad científica, como han manifestado expertos nacionales en el tema.

La mera concepción de este proyecto violenta los compromisos internacionales suscritos por el Estado, como la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional de 1971, ratificada en Panamá por la Ley Nº 6 de 1989, el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, ratificado por la Ley Nº 2 de 1995 y la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992, ratificada por la Ley Nº 10 de 1995, recientemente reforzada por el presidente de la República en un concurrido acto, con la sanción de la Ley que ratifica el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015, mediante la Ley Nº 40 de 2016. Este último, obliga a los países a ‘el mayor nivel de ambición posible' en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en mitigar los efectos negativos del cambio climático, como hacen los humedales.

Es hora de que el Ministerio de Ambiente, creado por la Ley Nº 8 de 15 de marzo de 2015, se erija sobre los vestigios de la débil institucionalidad que representó en sus últimos años la antigua Autoridad Nacional del Ambiente, este ente tiene el deber ineludible de cumplir y hacer cumplir los convenios ambientales que, al ser parte del Sistema Global de Derechos Humanos, son parte del Bloque de la Constitucionalidad, así como las leyes pertinentes, estos proyectos no pueden seguir careciendo de los estudios técnicos necesarios y orientados a la conservación de los sistemas ecológicos y en la certeza absoluta de la seguridad de las comunidades circundantes, de insistir en este yerro, arriesgan ilegalidad, inconstitucionalidad, ruptura del orden público internacional y una nueva causa ambiental unificadora de sectores, precisamente y como muchas, ubicada durante un año preelectoral.

ABOGADO AMBIENTALISTA.