11 de octubre

A solo 11 días de haber tomado posesión por tercera vez como presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid había completado su gabinete, la Asamblea Nacional estaba instalada y la población esperaba que los meses de incertidumbre y violencia política, que habían caracterizado los siete meses anteriores, dieran un respiro al país.

Sin embargo, desde tempranas horas de la tarde, la noticia de que el presidente no honraría el acuerdo de mantener el escalafón de la Guardia Nacional, en un momento de una nueva administración, que incluía la renovación del mando en la institución armada ante la jubilación de Bolívar Vallarino, como su comandante, y los posibles ascensos de jóvenes oficiales, puso en ascuas a quienes recordaban los enfrentamientos históricos entre Arnulfo Arias y la institución armada.

Dos veces Arnulfo Arias había sido derrocado como presidente. La primera vez en 1941, destituido por la Asamblea Nacional, utilizando la situación de un viaje presidencial a Cuba sin autorización del Legislativo, pero cuyo motivo principal obedecía a la preocupación de los estadounidenses por posibles simpatías con Alemania y la creciente oposición política nacional por la Constitución de 1941, de corte autoritario y claros componentes racistas y discriminatorios.

El segundo derrocamiento se produjo en 1951, cuando una vez más la Guardia Nacional intervenía de manera abierta como dirimente de la crisis política, surgida por las arbitrariedades del Gobierno, al querer reemplazar la Constitución de 1946, la mejor que hemos tenido en nuestra historia, para regresar a la de 1941, con la persecución encarnizada de opositores, el atentado contra la libertad de expresión y manifestaciones populares multitudinarias, que condujeron a que la Asamblea lo destituyera y fuera depuesto por la Guardia Nacional, bajo las órdenes de José Antonio Remón Cantera.

Si estos dos derrocamientos previos constituyen antecedentes históricos un poco más remotos, el escenario de 1964 estaría marcado por factores políticos, que allí estaban desde mucho antes y que reaparecieron en las elecciones de ese año; cuando Arnulfo Arias vuelve a ser candidato y enfrenta al liberal Marco A. Robles.

La presidencia de Marco A. Robles en 1964 fue el resultado de un fraude electoral, que incluyó compra de votos, falsificación de actas, robo de urnas y toda clase de desmanes con la complacencia y la complicidad de la Guardia Nacional para impedir el triunfo electoral de Arnulfo.

La corrupción, el uso indebido de fondos públicos y las arbitrariedades del Gobierno abonaron el camino para los enfrentamientos de la campaña de 1968, donde nuevamente Arnulfo Arias fue el candidato presidencial por la oposición y el liberal David Samudio Ávila, el candidato oficialista, quien contaba con todo el apoyo y los recursos.

El encono entre los que apoyaban a Arnulfo y a Samudio se exacerbó por el absoluto descaro y la abierta desfachatez con que se quería repetir el fraude de 1964.

La Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de encendidos debates y de acusaciones y decenas de miles de panameños lo seguían diariamente a través de la radio. Ante las artimañas del Gobierno fue, ante ese Órgano del Estado, que en marzo, Rubén Arosemena Guardia, presidente del Partido Demócrata Cristiano, presenta una denuncia contra Marco Robles por el uso indebido de los recursos del Estado para favorecer la candidatura de Samudio.

Los acuerdos políticos electorales habían producido, en ese momento, una mayoría opositora que aprobó la destitución de Robles y juramentó al vicepresidente Max del Valle para sustituirlo. La Guardia Nacional, en desacato al fallo de la Asamblea, impidió la destitución de Robles.

En ese ambiente de inquina y enfrentamiento se produjeron, dos meses después, las elecciones presidenciales de 1968, donde la violencia dejó muertos y heridos en varios incidentes. El robo de urnas, compra de votos y toda clase de atropellos, por parte de los partidos de Gobierno con el visto bueno y la complacencia de la Guardia Nacional, parecían garantizar que un nuevo fraude contra Arnulfo sería exitoso.

El conteo de votos se extendió durante más de una semana, porque el mismo era manual y abundaban las impugnaciones de uno y otro lado y los recursos proliferaban, con la esperanza de escamotearle votos a Arnulfo Arias.

El órgano rector del proceso electoral era la Junta Nacional de Escrutinios, integrada por los representantes de los partidos políticos participantes en la contienda electoral y las decisiones se tomaban por votación de los integrantes. Así es que la composición en esta Junta contaba con representantes de los cuatro partidos por la coalición de Gobierno, que apoyaba a Samudio; los de los cuatro partidos de la alianza, que apoyaban a Arias Madrid, y del Partido Demócrata Cristiano, que participaba con candidato propio y sin alianzas con ningún otro.

El PDC, un partido pequeño sin recursos ni apoyos de grupos empresariales o económicos, estaba integrado por profesionales y técnicos, sectores de las capas medias, estudiantes universitarios y sectores del interior, sobre todo de Chiriquí, Herrera y Veraguas.

Con una organización política constituida por gente joven y activistas voluntarios, el PDC tenía representantes en casi el 90 % de las mesas de votaciones del país. Una hazaña, si se tiene en cuenta que el partido carecía de recursos económicos y los gastos de campaña procedían de donaciones de simpatizantes y amigos, así como de un préstamo bancario del que eran fiadores solidarios una docena de profesionales y profesores universitarios.

Cuando el conteo de las actas en posesión de los demócratas cristianos se completó y las mismas fueron debidamente revisadas por tres auditores, se procedió a reconocer el triunfo de Arnulfo Arias M., sin que mediara ningún acuerdo electoral; simplemente las actas mostraban cuál había sido el mandato popular.

El resultado del reconocimiento del triunfo de Arnulfo Arias tuvo un efecto de sorpresa en los partidos de Gobierno y no demoraron en preguntar si esta acción era un simple desplante o si tenía sustento en datos verificables.

La palabra de un hombre como Antonio González Revilla, un neurocirujano de reconocido prestigio científico en Panamá y en el extranjero, un hombre que incursionaba en la política inspirado en valores humanistas y socialcristianos, no podía ni ignorarse ni descalificarse y los resultados presentes en las actas y anunciados por el PDC no eran fáciles de descartar en medio de la crispación y malestar ciudadanos.

La realidad es que los meses que siguieron fueron mostrando que las ambiciones y la falta de comprensión de la situación nacional no era monopolio de un solo grupo y las arbitrariedades, las que comenzaron a darse en la asignación de curules, apuntaban a conflictos posteriores y tal como dijera alguien en aquel momento: ‘El Gobierno y la Guardia tienen la posibilidad de impedir la subida de Arnulfo, pero no tienen los motivos, y quizás más adelante, tengan los motivos, pero no la posibilidad'.

El desconocimiento del acuerdo político con la Guardia Nacional aportó el motivo a la vieja posibilidad de quitar y poner presidentes desde el cuartel.

No tardaría en producirse el resultado: detención de opositores, cierre de la Universidad de Panamá, exilio y muerte, eliminación de partidos políticos, clausura de medios y fin de la libertad de expresión. Fueron veintiún años de división y enfrentamientos entre panameños y una invasión extranjera, con la cuota más alta de muertes de nuestra historia republicana.

Prestar atención a los hechos, los que hace 50 años nos llevaron a aquella época oscura de la dictadura, estos han vuelto a reaparecer en la vida política panameña. Técnicamente no hay Guardia Nacional ni ejército y la mayoría de los protagonistas de aquellos hechos ya no viven, pero rescatar del olvido y evaluar aquellos acontecimientos de manera objetiva, sin pasiones, es una tarea impostergable si queremos preservar la maltrecha y precaria democracia que vivimos.

EXDIPUTADA