Temas Especiales

06 de Apr de 2020

Carlos A. Almengor C.

Columnistas

Compras federadas

En días recientes una investigación reveló el uso de fondos destinados por el Instituto Panameño de Deportes

En días recientes una investigación reveló el uso de fondos destinados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a diferentes federaciones deportivas (entidades privadas) para adquirir bienes o servicios, en algunos casos directo de diversos proveedores; o bien, como en el caso de la Federación Panameña de Béisbol, lo otorgaba a Ligas Provinciales, que luego contrataban la compra de bienes con distintos proveedores.

Posterior a la publicación de esa investigación, la Asamblea Nacional, aprovechando la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019, adicionó un artículo en ese proyecto de Ley que eximía de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República a las transacciones efectuadas con fondos públicos por parte de estas federaciones o asociaciones deportivas. El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019 fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, y espera su sanción por el Órgano Ejecutivo para luego ser publicada en Gaceta Oficial y convertirse en Ley de la República.

La situación descubierta sobre este uso de fondos públicos por las federaciones o asociaciones deportivas nacionales (muchas de ellas vinculadas a políticos nacionales) trajo al tapete una serie de preguntas, todas ellas muy interesantes: ¿Qué controles se ejercieron de estos fondos? ¿Quién fue el beneficiario final de los fondos? ¿Por qué la necesidad de eximir de fiscalización esas transacciones por parte de las federaciones deportivas? ¿Cuál es el verdadero alcance de fiscalización que deben tener las entidades de Gobierno (en este caso, Pandeportes) que otorgan estos dineros, o bien la Contraloría General de la República? ¿Cómo Pandeportes accedió a que estos dineros fueran utilizados sin realizar una adecuada fiscalización?

Prefiero enfocar la atención hacia el proceso utilizado para la selección de los proveedores. De acuerdo a la investigación publicada, algunos de los proveedores contratados están relacionados o tienen vínculos con políticos locales o funcionarios, mientras que las federaciones son dirigidas por políticos o allegados a estos, incrementando la suspicacia alrededor de estas transferencias de fondos. Partiendo de la premisa de que los dineros utilizados tienen su origen en partidas presupuestarias del Estado, y que la Ley de Contrataciones Públicas (tal como estaba vigente al período investigado) señala que las compras de bienes o servicios con dineros públicos se rigen por esas normas (artículo 1 de Ley 22 de 2006), conviene entonces preguntar: ¿Cómo se procesaron estas adquisiciones? ¿Dónde estuvo la Contraloría General que no objetó las compras y mucho menos los cheques utilizados en estas transacciones? ¿Por qué se permitió esto por más de tres años para que, ahora cuando la investigación ve la luz, salgan la Contraloría y Pandeportes a decir que van a revisar todo?

Son, tristemente, preguntas sin respuestas. Los involucrados deben dar una explicación, y deben rebatir las afirmaciones que hace la periodista en su investigación con un argumento más robusto que el paupérrimo, irresponsable y superfluo argumento de ‘son ataques políticos'; o peor aún, hay algunos que simplemente han optado por escurrirse y mantenerse en silencio.

Al final, nosotros como sociedad no podemos quedarnos de brazos cruzados y sencillamente ver cómo estos dirigentes no rinden cuentas del manejo de fondos públicos, afectando así no solo a la ciudadanía en general, sino también (y sobre todo) a los propios atletas de las distintas disciplinas afectadas. Son ellos quienes ponen todo (dinero, tiempo, esfuerzo) para competir local o internacionalmente, nos representan a todos (incluyendo a los propios dirigentes), son los directa y primariamente afectados por el manejo que esos dirigentes le han dado a los dineros recibidos, y resulta indignante leer que algunas disciplinas no pudieron competir en tal o cual competencia por falta de presupuesto, para luego descubrir que hubo viáticos, uniformes o implementos que supuestamente no se entregaron; o peor aún, que ciertos políticos utilizaban las plataformas de las federaciones para supuestamente beneficiarse ellos o a terceras personas. Da asco pensar que no hay apoyo inicialmente; pero si el o los atletas logran un resultado importante, entonces corren los dirigentes a sacarse la foto y ‘taquillar'.

En palabras de nuestra gloria olímpica, Irving Saladino, no solo nos roban la plata, sino que también ‘nos están robando el podio' con estas compras federadas.

ABOGADO