MiAmbiente a evaluación

El reciente ejercicio de autoevaluación del ministro de Ambiente a su gestión, donde, según su criterio, saca ‘cuatro con siete' (4.7), es correcto, bajo la óptica de una evaluación de escuela primaria del Siglo XX. Un Ministerio que se supone debería tener la estatura que corresponde al dominio de los elementos naturales de toda una República, así como el condicionamiento del desarrollo hacia la sostenibilidad, mediante los instrumentos de gestión ambiental, debe ser evaluado con mayor seriedad. Para ayudar a ello, emito una serie de reflexiones hacia su evolución desde su creación, durante la estación seca del año 2015.

La Ley Nº 41 del 1 de julio de 1998, supuso un gran avance en su tiempo, con la creación de un ente ágil y trasversal a todas las demás entidades de Gobierno, conocido como la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), su escasa estatura política, se compensaba con una ley tan fuerte, que afectaba a toda la administración pública con la obligación de restaurar, conservar y proteger el ambiente. Introdujo los instrumentos de gestión ambiental, claves para imbuir el desarrollo del país con elementos de sostenibilidad ambiental, sin disminuir ninguna conquista hecha en materia de normativa forestal (Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994), o relativa a la vida silvestre (Ley Nº 24 de 7 de junio de 1995), dejaba intacta la Ley de aguas (Decreto Ley Nº 35 de 1966) y se permitía, a través de instrumentos reglamentarios, la penetración del quehacer ambiental en la industria, el comercio y la vida común de los panameños.

Sin embargo, la Ley quedó pequeña ante la realidad de que la jerarquía política y el caudal presupuestario no eran cónsonos con los múltiples quehaceres de la antigua ANAM, y muy pronto, tanto alguna que otra manifestación de la clase política panameña, durante cada elección, prometía un ministerio de ambiente, a la vez que la sociedad civil organizada, también clamaba por él.

Finalmente, la actual administración de Gobierno, impulsada por el propio presidente Juan Carlos Varela, accede a tal anhelo y después de un bastante largo y particular proceso legislativo, se emite la Ley Nº 8 del 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente. Esta Ley, no solo aumenta la jerarquía política y jurídica de la antigua ANAM, sino que corrige varios de los errores de la Ley Nº 41 de 1998 y mejora elementos confusos: el nuevo ministerio ahora puede velar por los recursos naturales acuáticos, a la vez que los terrestres, a beneficio de los humedales de toda clase, incluidos los manglares, algunos temas como la recuperación de la recompensa para quien osa denunciar la infracción ambiental, prefirieron no restaurarse para no hacer ‘polémica' la Ley en su fase de proyecto.

Durante el mes de octubre de 2016, se procede a unificar el texto de la Ley Nº 8 de 2015, con los modificados textos de la Ley Nº 41 de 1998. El resultado ya evidencia un temprano desgaste de la capacidad legal de la Institución: Parte de la Ley Nº 8 de 2015 sigue vigente, pero otro pedazo viene a conformar junto a la antigua Ley, el ‘Texto Único' de la Ley General de Ambiente, que, como obsequio legislativo, carece de número. Esto es difícil de explicar, pero este texto, no es tan ‘Único', puesto que la parte institucional del nuevo MiAmbiente, quedó por fuera de este, por lo que para tener la panorámica completa de este, hay que acceder a los textos mutilados de la Ley Nº 8 aún vigentes... ¡Una complicación que es mero preludio de lo que vendría!

Se impulsa una Ley Nº 69 de 2017, sobre incentivos a la reforestación, que no deroga en realidad a su antecesora, ley Nº 24 de 1992, teniendo ahora dos leyes al respecto, la Ley Nº 1 de 1994, Forestal de la República, se incluye en la triada, la ministra de Ambiente clamó en su día carecer de respaldo legal para multar la tala ilegal en Darién, muy a pesar de que la mencionada Ley y sus múltiples desarrollos son la parte ambiental mayormente desarrollada de todo el país. La nueva ley, supone que impulsaría la reforestación, no tenemos conocimiento de los resultados de tal impulso. Varias actividades forestales quedan exoneradas de la presentación de un estudio de impacto ambiental, lo cual parece ser un retroceso en la protección de los bosques.

Se produce un nuevo reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas estatales, a través del Decreto Nº 4 de 2017, el cual aún está por estrenar. También, a través del Decreto Ejecutivo Nº 5 de 2017, se instaura la ‘Boleta de multa', para que los funcionarios puedan multar a infractores notorios por el solo hecho de observar la posible infracción, de forma similar a las boletas del tránsito, que son de pago inmediato.

Se anunció presidencialmente la creación de albergues o centros de interpretación ambiental en áreas protegidas, esto sería a través del Proyecto Ecotur. La iniciativa de ‘Turismo verde', con infraestructura, burocracia y todo, fue muy aplaudida. Desconozco sobre la construcción de uno solo de estos centros.

Sin embargo, la mayoría de los reglamentos y esfuerzos normativos que se han dado, tratan de la centralización de fondos en el Ministerio de Ambiente. Desconozco cifras de cómo esto ha ayudado al ambiente, pero sí es bastante público la existencia de 14 millones de dólares en consultorías por parte del Ministerio, al menos hasta el año 2018.

Entre los programas creados bajo la égida de MiAmbiente, está el Conagua, para enfrentar sequías, desabastecimiento y otras calamidades relacionadas, dirigido por la antigua directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, ingeniera Julia Guardia, el mencionado Ecotur, para el turismo en áreas protegidas, y REFORESTA POR TU LIBERTAD, donde los condenados a prisión pueden optar por reducir dos días de su condena por cada árbol que plantan. Sin embargo, el programa estrella de MiAmbiente, es la llamada ALIANZA POR EL MILLÓN DE HECTÁREAS, donde clama autoría el antiguo titular del Mida Jorge Arango y se calzan objetivos de reforestación, cambio climático, voluntariado, combate a la desertificación y demás objetivos similares.

Se decretó la gratuidad de las entradas a las áreas protegidas y se ha estrenado asesoría militar en MiAmbiente. Los presuntos beneficios de lo anterior, no los hemos visto cuantificados en nada.

Al final del día, para bien o para mal, el Ministerio de Ambiente de Panamá será recordado por la autorización velada para la apertura de varios caminos en Volcán Barú, en contra del Decreto Nº 40 de 1976 que le crea y prohíbe la tala, por la obsesión de intervenir, en contra de la Ley Nº 44 de 2004, el Parque Nacional Coiba, por los estudios de categoría inferior a la correspondiente en obras como carreteras Omar Torrijos, Loma Cová, Camino de Cruces y Gamboa, abandono de competencias en materia de contaminación vehicular, normas de calidad ambiental, o los instrumentos de gestión ambiental en su conjunto, la demora injustificada en trámites propios de ANATI, el silencio cómplice en la entrega como comarca al Parque Internacional La Amistad, contrario a la normativa de Unesco (al igual que en Coiba), abandono de supervisión de proyectos como vía Argentina, calle Uruguay y demás, defensa del Ministerio de Obras Públicas, al este tener ‘muchas cosas encima', además del continuo chantaje a organismos no gubernamentales, insultos a periodistas y científicos, además de honrarse por ser sujetos de múltiples denuncias penales.

A esto se une la falta absoluta de pudor jurídico, el incumplimiento constante de las normas de transparencia, la violación total de los términos de evaluación o de cualquier tipo, desconociendo totalmente la institución del Derecho de Petición o las leyes sobre procedimiento administrativo.

Los logros de MiAmbiente, cuando son redactados, se podrían ver bien en papel, pero de ahí no salen, Si ‘por sus acciones les conoceréis', la calificación resultante de este ministerio, en efecto, sigue siendo el mismo ‘4.7' que señala el ministro de Ambiente, pero de una puntuación de 100.

Al final, resultó lo que en la pasada campaña política dijo proféticamente, delante de ecologistas y con el suscrito presente, la señora Isabel Saint Malo de Alvarado, hoy canciller de la República: ‘Un cambio de nombre a la ANAM, no va a mejorar su situación'. Hemos pasado de una Autoridad del Ambiente en total omisión de sus funciones, a un Ministerio de Ambiente que, además de omitir sus funciones, comete activamente infracciones contra su propio recién estrenado ordenamiento, como alegre cómplice de las imperfecciones gubernamentales de turno.

ABOGADO AMBIENTALISTA.