Administración pública regional, con gobernanza local

El modelo de Gobierno centralista en disparidad a la división político-administrativa que ha practicado el Estado Panameño por más de 100 años, aún conserva la base del principio burocrático organizacional para su funcionamiento (Planeación, Organización, Gestión de Personal, Dirección y Control), a través de un eje transversal, basado en el método científico seleccionado para la gestión administrativa de la cosa pública que lamentablemente —igual que en otros países del área— colisiona con intereses político-partidistas que lo hacen trastabillar, a tal punto que pareciera inoperante e invisible.

Las condiciones físicas y técnicas que presenta la mayoría de las instituciones gubernamentales para ejercer la administración pública en las oficinas regionales son cuestionadas por los usuarios y los mismos colaboradores y, en la medida que estas se alejan de la cabecera de provincia y/o la gerencia ministerial, se hacen más deplorables y deficientes.

Muchas de estas edificaciones enfermas (inmuebles familiares, bodegas, etc.) no fueron diseñadas para tales fines, por ello se torna complejo adaptarlas a un ambiente laboral sano y seguro para dar cumplimiento a una jornada de trabajo, cónsono con los servicios que prestan. Aunado a esto, el escaso presupuesto para mobiliarios y equipos, por lo que tienen que conformarse con útiles de segunda y en desuso de las sedes ministeriales, creando una fachada de depósito de chatarras y un sentimiento de menosprecio.

En la administración de Recursos Humanos, la selección y contratación del personal permanente o temporal, presenta limitaciones, ya que el factor del clientelismo-político mantiene un espacio como botín electoral. Esta vieja práctica atenta contra la escogencia de profesionales idóneos e independientes, comprometidos a brindar un servicio de calidad con trasparencia, como principio de la gobernanza en una administración pública moderna, que aspira a cultivar una imagen corporativa.

Con la dinamización de las diferentes rutas y vías de comunicaciones, crecen las expectativas de un país más competente y productivo, que de hecho exigirá una burocracia administrativa eficiente y eficaz, acorde al aumento de la demanda de servicios públicos, por lo que forzará a una administración pública a un pronunciado toque de gobernanza local, que haga notar la gobernabilidad y acción del Estado en toda la geografía nacional.

El municipio —por ser la primera institución de Gobierno en el distrito— es el más informado de las necesidades y el responsable de gestionar la posible respuesta a esos problemas sociocomunales. Es una herramienta indispensable del Estado por su influencia política y alcance logístico; convirtiéndose en un aliado de la administración pública regional, que pondrá a prueba la transparencia y rendición de cuenta, por el traslado de recursos y responsabilidades, al administrar las partidas presupuestarias de la descentralización municipal, en favor de proyectos comunitarios.

El país sigue proyectando un atractivo para las inversiones y el interior del país debería ser nuestra propuesta a ofertar, a pesar del agravante de las condiciones laborales y la estructura para albergar las bondades, entre lo bueno y lo confuso que esto acarrea. Las limitaciones legales migratorias, la protección medio-ambiental y la delincuencia organizada, entre otras, nos pondrán a escoger entre riqueza y anarquía.

Corresponderá al Estado, invertir en parques y ciudades gubernamentales e institucionalizar una mejor formación profesional, incluyendo remuneración y escala salarial del recurso humano, para entonces poder presumir de una administración pública regional competitiva, basada en los principios de gobernanza.

ADMINISTRADOR PÚBLICO Y DOCENTE.