Política de Estado para el sector campesino

El 31 de diciembre de 2018, se cumplieron 19 años de la reversión del Canal a Panamá. Han transcurrido 19 años de que el país ha tenido ingresos importantes, que han debido contribuir en las distintas áreas, sean de salud, educación, obras públicas, entre muchas otras.

El ejemplo de lucha y defensa de la soberanía nacional conllevó a unir a la gran mayoría de las y los panameños para lograr la aspiración por la cual murieron los mártires de enero de 1964, ‘Un solo territorio, una sola bandera' y ‘Bases NO'. El Dr. Carlos Iván Zúñiga, en un artículo titulado ‘El día que cambió el rumbo de la nación', indica que ‘a partir de aquel 9 de Enero de 1964, Panamá adoptó una política exterior emancipadora y el discurso de todos los panameños estuvo identificado con los altos y permanentes intereses del país…'. Nos relata el Dr. Zúñiga que previo a los sucesos acaecidos ‘en enero de 1964, el 12 de diciembre de 1947, la constituyente Gumercinda Páez sostuvo que los problemas relativos al Canal ‘no solo son nuestros, sino de toda América'. La misma tesis fue expresada el 17 de diciembre por Diógenes de La Rosa, al manifestar en la Asamblea Constituyente que el ‘problema del Canal no puede interpretarse ni resolverse, si no se considera como un problema internacional de todos los países de América'. (Pensamiento del Patriota, La Estrella de Panamá, 5-1-2019).

Hoy, el haber logrado la recuperación del Canal, desde luego con el apoyo de muchos países del mundo, requerimos que el presente y el futuro del Canal sea decidido por el pueblo panameño, en función de sus intereses.

El 16 de noviembre asistimos a una reunión con los compañeros/ras campesinos por la vida, en la comunidad de Limón, en Colón, donde participaron técnicos que informaban del proyecto que tiene la ACP de utilizar el río Indio e inundar 40 comunidades y hacer un reservorio de agua para uso del Canal. Todas estas comunidades carecen de carreteras, agua potable, centros de salud equipados, en fin, una serie de necesidades básicas. Comunidades a unos 50 km aproximadamente de la esclusa de Aguas Claras, con todo el ingreso que se ha obtenido del Canal ni la carretera se le ha podido hacer a estas comunidades. La ACP está planteando lo mismo que se quiso hacer con los embalses para lo cual aprobaron la Ley 44, que fue derogada producto de la lucha que hicieron todos los campesinos de más de cien comunidades que en ese entonces pretendían dejarlos bajo el agua.

La recuperación del Canal y la lucha por la soberanía tienen que ser para beneficio de todo el pueblo panameño. Es por ello que el campesino, que labra día a día la tierra, debe recibir beneficios de la vía acuática. La inversión que debe recibir el pequeño y mediano productor, en aras de tener acceso a los sitios donde se labora, poder sacar el producto y garantizar el mercado, es una responsabilidad del Gobierno, de igual manera garantizar una seguridad alimentaria. Los recursos que genera el Canal deben ser vistos a la luz del sol, y utilizados para beneficio de la comunidad nacional. El país carece de una política de Estado para el agro. El Lcdo. Santander Tristán nos señala en un escrito lo siguiente: ‘¿Cómo aparejar una realidad de la producción agraria moderna con procesos adjudicatorios de tierra, contratos asignación de tierras y agricultura de subsistencia, de productores excluidos y empobrecidos por un esquema económico capitalista salvaje, donde si bien las reglas del mercado deben motivar la competencia, cómo hacerlo en escenarios sin capital de trabajo, tierras con bajo nivel de rendimiento, tecnologías y formas de producción atrasadas y una economía donde el productor soporta todos los riesgos del proceso productivo y la cadena de comercialización impone las reglas de la ganancia…'.

Se requiere una política de Estado que le garantice al pequeño y mediano productor, así como al campesino pobre, las facilidades que le permitan producir los nutrientes que él y su familia requieren de manera satisfactoria. Un país que no le puede garantizar a su población los alimentos necesarios estará a la deriva ante cualquier circunstancia que se presente.

La FAO ha señalado que unos 852 millones de personas padecen hambre crónica y malnutrición, a causa de su situación de miseria. La mayoría de estas personas viven en países en vías de desarrollo.

No es con la represión que se solventa el problema del agro, es con políticas de Estado y brindando respuestas que satisfagan a la comunidad nacional.

LA AUTORA ES SECRETARIA GENERAL DE LA CENTRAL GENERAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CGTP).