Ética ambiental

El mundo globalizado confronta con el cambio climático, la contaminación ambiental y el crimen ecológico una problemática de alcance universal.

Los seres humanos somos los máximos depredadores del hábitat con el lucro sin coordenadas. La riqueza fácil es la norma del juegavivo.

Panamá asume esa actitud suicida con los delitos ambientales. La corrupción institucionalizada corroe los cimientos nacionales.

Los microplásticos contaminan los mares y ríos panameños, afectan el ecosistema. La basura tóxica envenena a los crustáceos, almejas, langostas, cangrejos, peces y aves marinas; igual daño se da con la flora marina.

Los Parques Nacionales, sin la legislación adecuada, son víctimas de delitos ambientales alentados por los intereses internacionales.

El Parque Nacional del cerro Canajagua, área hidrológica vital en la región de Azuero, de 3000 hectáreas, es zona desprotegida y la devastación de los bosques afecta el hábitat de ñeques, monos araña, gatosolos, murciélagos etc., así como el régimen hidrológico.

El Parque Soberanía en la zona canalera y los parques en las comarcas indígenas, sobre todo en el Darién, también son victimizados.

El Chagres también sufre la contaminación de sus aguas.

El Ministerio de Ambiente guarda silencio cómplice ante el crimen ecológico, como ocurre en Donoso, en la provincia de Colón. Los tóxicos usados en la minería afectan a los ríos, flora y fauna del sector, como a sus pobladores.

La destrucción de los bosques primarios por los ganaderos en Chepo y Darién es impresionante. La deforestación es una de las principales afectaciones al paisaje geográfico, se le relaciona con la exportación de madera para la China y Japón. La complicidad del Ministerio de Ambiente carece de límites. La corrupción hará del Darién otro desierto como el de Sarigua en Herrera.

El lucro inmobiliario lleva a la destrucción de los manglares que influyen en la migración de las aves del continente americano. Al desaparecer los humedales, se altera el ritmo ecológico de las especies marinas que allí anidan. La barrera natural que controla la erosión de los suelos, al desaparecer, impide el drenaje del área y de allí las constantes inundaciones con graves perjuicios a la población de Juan Díaz.

Darién es el ecosistema más victimizado en Pinogana, El Real, Yaviza, Metetí, Chepigana, Mortí.

La Laguna de Matusagaratí es el mayor humedal del Darién y uno de los más importantes del continente americano; la vida vegetal y animal es pródiga. La ecología es perjudicada, tanto por los grupos madereros como por las actividades agrícolas de indígenas y colombianos con la quema de herbazales. Urge prohibir la tala de árboles y las actividades agrícolas.

La Laguna de Matusaragatí tiene valores educativos, patrióticos, científicos, turísticos, recreativos, económicos, ecológicos y de salud. Nos dice Teodoro Méndez que el humedal de Darién es el cuarto más importante de América Latina con 49 249 hectáreas. Abundan los saínos, jaguares, lagartos, puercos de monte y otras especies; es el asiento de las aves migratorias; es crucial para el desovadero de millones de crustáceos y otras especies marinas. Sin humedales, la vida humana y natural nunca existirían.

La ganadería extensiva, los cultivos degradables y la tala de la vegetación afectan el hábitat. Consorcios de colombianos titulan grandes extensiones de manera irregular con el aval de burócratas corruptos y de un Ministerio de Ambiente invisible. El lucro pone en peligro el entorno vital del hábitat panameño.

Ligia Arreaga es ambientalista, colaboraba diariamente en el noticiero del mediodía en RPC radio, denunciaba el crimen ecológico en el Darién; en especial la tala masiva de los bosques primarios y sobre todo la devastación del humedal de Matusaragatí. Empresarios colombianos, con propiedades irregulares en ese espacio geográfico, la amenazan de muerte ante las constantes denuncias. Ambientalistas son asesinados en Brasil, Colombia y Honduras. Los intereses creados y la corrupción estatal llevan a Ligia a la indefensión.

Ligia Arreaga sale de Panamá protegida por organismos internacionales, el caso es prueba evidente del deterioro del Poder Judicial panameño. La Estrella de Panamá y La Prensa se hacen eco de esa situación que incide en la imagen internacional del país.

La falta de una política responsable de urbanización y sobre todo de un Plan Regional de Desarrollo Sostenible, demandan que la educación, desde la niñez a la vida ciudadana, haga énfasis sobre la responsabilidad colectiva con los valores éticos para proteger, conservar y desarrollar científicamente los recursos naturales de Panamá.

Los depredadores talan árboles y destruyen los humedales para satisfacer los intereses inmobiliarios; desarrollan la minería que socava los suelos con tóxicos y asesinan la laguna de Matusaragatí.

Los delitos ambientales son lo cotidiano en un país con un Poder Judicial corrupto. Una normativa eficaz y adecuadas políticas de Protección Ambiental son elementos de urgencia nacional.

La laguna de Matusaragatí debe ser un centro de investigación internacional como lo es la isla de Barro Colorado en el Lago Gatún. Un santuario nacional del patrimonio territorial panameño. Urgen los estadistas que Panamá necesita.

HISTORIADOR, ESCRITOR Y DOCENTE.