• 01/04/2019 16:50

Ante el busto del héroe nacional de Bolivia, Eduardo Abaroa Hidalgo

Discurso del profesor Julio Yao ante el monumento de Eduardo Abaroa Hidalgo, héroe nacional de Bolivia.  Panamá, Plaza de la Unidad Iberoamericana, Calzada de Amador

Hace diez años, el 2 de noviembre de 2009, el entonces Vicepresidente y Canciller y hoy Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, interrumpió mi discurso como Orador Oficial del Consejo Municipal de Panamá ante el Mausoleo de los Héroes de la Patria.  El hoy presidente Varela exclamó que “ningún profesor universitario podía faltarle el respeto al gobierno nacional.”

No era la primera vez que me sucedía.   En agosto de 1968, el embajador de Estados Unidos interrumpió mi discurso como presidente de la Escuela de Diplomacia, dando un portazo en presencia del gobierno del presidente Marco A. Robles, del Presidente Electo, Dr. Arnulfo Arias, del Cuerpo Diplomático y del Rector de la Universidad de Panamá, porque el embajador Adair no soportaba la verdad, nuestra verdad, de que el Tratado del Canal de 1903 era absolutamente nulo y era necesario denunciarlo ante las Naciones Unidas.

Sorprendido pero inmutable, no interrumpí mis palabras y serenamente las terminé porque no me sentía aludido.

El día siguiente, 3 de Noviembre, era el Día de la Patria y, estando yo en Colón, mi residencia y mi familia fueron asaltadas.  Mientras esto tenía lugar, un emisario oficial me ofrecía la embajada de Panamá en Indonesia, una oferta que ignoré.

Mis palabras ante el Mausoleo a los Héroes sólo pretendían exaltar el amor a la Patria como el primer deber de todo ciudadano y de ninguna manera ofender porque creo, como dijo el filósofo mexicano José de Vasconcelos, que “Con la verdad, ni temo ni ofendo”, reformulación de la frase del prócer uruguayo José Artigas en el Escudo de Armas de su país: “Con libertad ni ofendo ni temo”.

Quise yo recordarle al gobierno su deber de defender la Patria.  Patria que sentía amenazada con las Maniobras PANAMAX, iniciadas desde 2003 por contubernio entre Estados Unidos y Chile y agravadas con un creciente intervencionismo del Comando Sur.

El asalto a mi familia y a mi casa y el extraño ofrecimiento de una misión diplomática me hicieron pensar que es posible decir  la verdad y no ser libre y que a lo mejor el adagio, “La verdad os hará libres”, no siempre es cierto.  ¿Pero, por qué aludir a la defensa de la Patria habría de ser un irrespeto al gobierno?

Sintiéndome libre, inicié mi discurso con la verdad de que El Quibián, el “Gran Señor de la Tierra”, cuyos señoríos se hallaban en la actual provincia de Veraguas, había derrotado a las huestes de Cristóbal Colón en mayo de 1502 y quemado, en defensa del terruño, el primer asentamiento español.    Era históricamente la primera derrota de la Madre Patria en el continente de Abya Yala.  El Quibián y Urracá habían vencido, invictos y cada uno por su lado, a los invasores.

Mencioné el aporte de los chinos como constructores y mártires del Ferrocarril transístmico, eslabón intercontinental y transoceánico desde e1siglo XIX, y a su participación en el Canal y el desarrollo de Panamá.  También aludí a la necesidad de defender la independencia nacional ante el imperativo geográfico que nos hacía fácil presa de potencias extranjeras.

Resistencia autóctona e independencia nacional, sumadas a la presencia china, son constantes históricas de Panamá que se repiten hoy en el escenario regional, incluida Bolivia, azotado por tambores de guerra que trepidan desde el Norte.

Esta mañana, sin embargo, sólo apelamos a la paz que necesita el pueblo venezolano, pero hoy nos convoca, sobre todo, la memoria de Eduardo Abaroa Hidalgo, héroe que inició la defensa de Bolivia ante la agresión de Chile que la despojó de un vasto territorio, dejándola sin costas.  Como decíamos el pasado octubre:  “El territorio  robado era el doble del panameño, 105 veces la antigua Zona del Canal, mayor que Nicaragua y casi la mitad de Centroamérica, sin contar las áreas que perdió Perú en la Guerra del Pacífico de 1879. El litoral que perdió Bolivia era cinco veces el Canal de Panamá”  (Julio Yao, “La Haya:  contra la Historia y el Derecho (III)”, La Estrella de Panamá, 8 de octubre de 2018).

Eduardo Abaroa Hidalgo defendía en 1879 a su Patria de los zarpazos encubiertos de Inglaterra, una de cuyas empresas rechazaba ridículamente un minúsculo impuesto sobre las riquezas que Bolivia necesitaba para paliar las necesidades de su población.

Al año siguiente, en 1880, el Tratado de Constantinopla neutralizaba el Canal de Suez y creaba el régimen  jurídico aplicable a canales internacionales, si bien ya en 1850 Inglaterra y Estados Unidos habían avizorado tal  neutralidad para el istmo centroamericano aunque sin consultar al dueño del territorio.   A partir de la misma, no sería posible ni hegemonizar al Estado ribereño ni de usarlo como trampolín para agresiones a terceros Estados, como ocurre hoy con Panamá, Colombia, Perú y otros países en relación con Venezuela.  A pesar de que esa neutralidad naufragó en el Tratado del Canal, sigue siendo una norma irrevocable del Derecho Internacional.

Seis años después del holocausto de Abaroa (1885), el dirigente popular más relevante de Colón en el Atlántico panameño -- Pedro Prestán -- fue ahorcado en los andenes del Ferrocarril transístmico sin juicio alguno bajo falsas acusaciones de haber incendiado la ciudad, por orden de los cónsules, óigase bien,  de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, mas no de autoridad local alguna, que así garantizaban una neutralidad intervencionista, acordada entre Nueva Granada y Estados Unidos en 1846, neutralidad falsa que ningún panameño suscribió.  Era la época en que cónsules y diplomáticos extranjeros se convertían sucesivamente en jueces, los jueces en militares y los militares en verdugos.

Fueron los invasores yanquis, coludidos con conservadores del patio, quienes urdieron en 1903 un Consejo de Guerra amañado que fusiló al cholo invicto y primer guerrillero del siglo XX, el General de División Victoriano Lorenzo, cuyos restos hicieron desaparecer para evitar la permanente veneración de su pueblo ya que era considerado un obstáculo para la construcción del Canal.

Era la época en que, como dijo el Secretario de Estado, Henry Kissinger, en Panamá (1974): “La fuerza y no la razón decidían las relaciones internacionales.”  Una verdad con sabor a hipocresía, viniendo del mismo personaje que apenas cuatro meses antes había sido el principal cerebro responsable del golpe militar que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende en septiembre de 1973.

La Guerra del Pacífico culminó con la firma del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, un tratado desigual y perpetuo como el Tratado del Canal, según la acepción que lo define como aquél cuya firma estaba caracterizada por la desproporcionada distribución del poder entre las partes. Con abundantes fundamentos jurídicos y diplomáticos, tales tratados eran y son ab initio o ipso facto, o sea, nulos.  Ya juristas notables desde el siglo XIX sostenían que los tratados que ponían en peligro la existencia de la nación como entidad independiente, eran nulos y no debían ser acatados.

Empero, la Sociedad de Naciones, entre cuyos miembros corrían los jugos ideológicos del colonialismo europeo, particularmente el imperialismo inglés, desestimó la noción progresista de Tratados Desiguales que el Artículo 19 de su Convenio adoptaba tímidamente así:  “La Asamblea podrá de tiempo en tiempo adoptar la recomendación por parte de sus Miembros de tratados que resultan inaplicables, así como la consideración de las condiciones internacionales cuya continuación pondrían en peligro la paz mundial.”

No debe sorprendernos que fuera precisamente la delegación de Chile la que se opuso en 1921 a la solicitud de Bolivia de aplicar el Artículo 19 al Tratado de Paz de 1904, cuyo incumplimiento por Chile había dejado a Bolivia sin acceso al mar.  El Tratado de Paz de 1904 no era ciertamente “el Tratado de la Paz.”

El representante chileno rechazó o negó que la Sociedad de Naciones tuviera competencia siquiera para revisar tratados, mucho menos tratados de paz, alegando que el poder de la Asamblea era únicamente consultivo.  La Sociedad de Naciones sometió el tema a un Comité de Juristas que rechazó la petición de Bolivia, y el Artículo 19 jamás se aplicó, dejando en el limbo a Tratados Desiguales entre China y algunas potencias europeas como Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y Rusia; entre China y Japón, entre Estados Unidos y Panamá y entre Bolivia y Chile.

El anulable Tratado de 1903 permitió la construcción del Canal, enajenó la soberanía a Panamá y se la dio de facto a Estados Unidos, lo que significa que nuestra independencia nos duró sólo quince días, contados entre el 3 de noviembre, día de nuestra Separación de Colombia, y la firma de un tratado viciado de nulidad el 18 de noviembre de 1903.

¿Quién podría decir que cualquier tratado podría negociarse y firmarse en dos semanas? ¿Que semejante tratado no fue fruto de una aberrante desigualdad entre Estados Unidos y la naciente república? ¿Entre un país en ruinas y ocupado y la potencia que recién había despojado a España de su imperio colonial?

Hemos probado hasta la saciedad que el Tratado del Canal no llenaba ninguno de los cuatro requisitos de validez de los tratados, a saber:  capacidad de las partes contratantes, capacidad de los plenipotenciarios, objeto lícito y posible y libre consentimiento (Julio Yao:  El Canal de Panamá, Calvario de un Pueblo, Madrid1972, 1974).

Casi todo de lo que se diga del Tratado del Canal se aplica, mutatis mutandi, al Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia.

No obstante la falta de unanimidad en torno a los Tratados Desiguales, la mayoría de los publicistas admite que el tema puede ser abordado desde la perspectiva de la competencia para firmar tratados, coacción, causas de invalidez y nulidad de los tratados, vicios del consentimiento, Cláusula Rebus Sic Stantibus -- que obliga a la revisión de todo convenio – y las normas perentorias del Derecho Internacional o Jus Cogens, incluyendo el principio de la autodeterminación de los pueblos.

Tal es la opinión del Consejero de la Reina de Inglaterra, Ian Brownlie, asesor de Nicaragua en la demanda contra Estados Unidos en 1985, a cuyos criterios nosotros añadiríamos la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Concernientes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Pueblos.

Pero Chile se aferra, se empecina, en afincar sus argumentos en concepciones anacrónicas, retardatarias y francamente reaccionarias como la sacrosanta “santidad de los tratados”, como si fuesen escritos en piedra, renuentes a toda revisión y cuestionamiento, y por eso Chile dice, ¡nunca!

Bolivia presentó su solicitud de demanda el 13 de junio de 2013.  La Corte la contestó en su sentencia del 13 de octubre de 2018.  En tal ocasión dijimos:  “El fallo de la Corte peca por tener una visión atiborrada, demasiado preocupada por tecnicismos intrascendentes, reduciéndose a examinar con lupa la letra de tratados e instrumentos diplomáticos para determinar si existía o no una obligación de negociar una salida de Bolivia al mar.  La Corte pierde de vista el bosque por contemplar los árboles y es incapaz de tomar en cuenta todos los aspectos involucrados en el diferendo Bolivia-Chile y, por ende, de encontrar una solución objetiva y racional al conflicto. Después de todo, su lema es o debe ser: ‘Peace through Law',  “Paz a través del Derecho” (Julio Yao:  “La Haya:  contra el Derecho y la Historia – II”, La  Estrella de Panamá, 5 de octubre de 2018).

Al margen de si la cuestión planteada por Bolivia contemplaba o no aspectos que hubieran sido suficientes para iluminar la problemática, el Tribunal decidió llanamente que Chile nunca aceptó la obligación de negociar una salida al mar con Bolivia.

La Corte emitió su fallo en sentencia «inapelable, obligatoria e inmediata», indicando que «no puede concluir que Chile tenga obligación de negociar el pleno acceso soberano» al océano Pacífico para Bolivia.  La Corte desestimó, por 12 votos a favor y 3 en contra, los once argumentos presentados por Bolivia, pero el informe de minoría nos da la razón.

El fallo pareciera no tomar en cuenta las numerosas evidencias de la obligatoriedad chilena de negociar un acceso soberano de Bolivia al mar, ni ha tenido presente que el Derecho busca la justicia, y la justicia, la paz.

¿Pero qué paz puede tener Bolivia si fue despojada de vastos territorios y su condición mediterránea agrava su existencia nacional al privársele de costas que no pueden ver y menos usufructuar soberanamente?

La mediterraneidad de Bolivia no es un inocente hecho geográfico sino una manifestación de genocidio por parte de Chile al negarle a Bolivia el derecho a una existencia nacional truncada por crímenes de guerra y agresión.

Afortunadamente, algunas personalidades favorecen a Bolivia.  Domingo Santa María, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (1879-1880), expresó: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia…privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el río Loa; debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia.”

Noventa años después (1970), el presidente de Chile, Salvador Allende, dijo: “Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico”.

Cinco años más tarde (1975), el Jefe de Gobierno de Panamá, General Omar Torrijos, reconoció“la justa aspiración de Bolivia de restablecer su acceso directo y soberano al mar,  confiados en que a este problema se le encuentre pronta satisfacción mediante acuerdo amistoso y conforme a elevados sentimientos de confraternidad americana”.

El estado Plurinacional de Bolivia y su presidente Evo Morales Ayma se lo merecen:  no sólo hicieron a sus ciudadanos principales protagonistas de su historia, sino que, además de defender la unidad de nuestros pueblos, alcanzan los índices más altos de crecimiento y desarrollo económico.

Evo Morales Ayma, encarnando el espíritu de heroicos ancestros, ha dignificado a su pueblo y llevado la bandera nacional a todos los confines del planeta.  Su único exceso, si lo hubo, es su inclaudicable amor a la Patria.

Cuando era Asesor del Canciller Juan Antonio Tack y de Omar Torrijos y vicepresidente por Panamá en el Movimiento Continental de Unidad Latinoamericana (1972-1992), los grandes problemas de Nuestra América eran:  las Malvinas de Argentina, el status colonial de Puerto Rico, la mediterraneidad de Bolivia y el Canal de Panamá.

Cuando Washington nos pone al cuello un puñal para que Indoamérica, Afroamérica e Iberoamérica aceptemos sí o sí el dogal de James Monroe, la mediterraneidad de Bolivia pareciera sólo una incómoda molestia frente a desafíos inconmensurables. Ante el reto, atravesado por la emergencia de nuevas potencias emergentes, Nuestra América debe arreciar la lucha por su independencia y defender el Derecho Internacional, que rechaza y condena toda forma de dominación.

Bolivia, portaestandarte de la unidad de Nuestra América, debe rechazar fallos inapelables y huérfanos de justicia y seguir luchando con tesón.  A un Chile que grita, ¡nunca!, los panameños le recordamos que ya derrotamos la perpetuidad, que era peor que su “nunca” más uno.

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