¿Ofertas de realismo mágico o planificación y consenso?

Los candidatos a alcalde de Ciudad de Panamá y de los distritos que conforman el Área Metropolitana se han limitado a prometer mercados, farmacias, centros infantiles, vigilancia con cámaras, limpiar la ciudad y otros ofrecimientos similares que, si bien satisfará algunas necesidades ciudadanas, son insuficientes para construir ciudad; son apenas pequeños parches incapaces de solucionar los múltiples problemas de una fragmentada, dispersa, injusta y desigual ciudad.

En años recientes se elaboraron varios estudios (de movilidad, de resiliencia, de ordenamiento territorial y otros), cuyas bondades fundamentales son los diagnósticos precisos que se requieren para confirmar la magnitud y gravedad de los problemas del área metropolitana originados en la ausencia de planificación y en la excesiva libertad ofrecida a las fuerzas del mercado, lo que ha profundizado las desigualdades sociales y territoriales.

Actualmente, el 40 % de la población del país vive en el Área Metropolitana de la ciudad de Panamá, superando los 1.26 millones de habitantes, y las proyecciones indican que en el año 2050 los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera tendrán cerca de 2.7 millones. Este territorio, que constituye apenas el 4 % del total del país, no solo concentra población, además allí convergen problemas derivados de la ausencia de objetivos claros que posibiliten construir ciudades sostenibles social y ambientalmente.

Uno de los estudios resultado de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, impulsada por el BID en el 2015, permite constatar las graves consecuencias que causó al área metropolitana la ausencia de acciones de planificación, de voluntad política para hacer cumplir las leyes y de las dificultades de ejercer una activa participación ciudadana que pueda exigir cumplimiento de normas y rendición de cuentas de la gestión municipal y nacional.

Una de estas secuelas es el descontrolado crecimiento de la huella urbana del área metropolitana que ya casi llega a los 100 kilómetros desde Chepo hasta Capira, siguiendo un modelo centro periferia con desbalances que causan segregación social, desigualdad urbana y vulnerabilidad. Esta realidad evidencia la ausencia de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que debe ser gestionada conjuntamente por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y los Gobiernos locales, entre otros actores sociales.

Asimismo, es incuestionable la necesidad de que los Gobiernos locales del área metropolitana empiecen a pensar una estrategia metropolitana conjunta que permita, a mediano plazo, compartir capacidades técnicas y diseñar y aplicar planes de ordenamiento urbano que armonicen los usos de suelo, determinen alturas y densidades en las edificaciones, regulen y dirijan a los actores privados en el uso y ocupación de áreas para urbanizaciones, aseguren la compatibilidad de actividades, adapten la infraestructura a las necesidades de la población y de las actividades económicas, establezcan áreas para espacios públicos y para servicios educativos y sanitarios, resguarden las áreas naturales —ríos, manglares y bosques— y prevengan y gestionen el riesgo derivado de desastres naturales y antrópicos y por el cambio climático.

Los conflictos han llegado a niveles intolerables para la población; consideremos, por ejemplo, que una de dos viviendas en el distrito de Panamá es informal, mientras que, en San Miguelito, dos de tres es informal.

Otros problemas se relacionan a una compleja movilidad: prolongados desplazamientos para automovilistas, insuficiente trasporte público de calidad, número excesivo de taxis y penosas experiencias para peatones. O se vinculan a una escasez alarmante de espacios públicos —claves para promover puntos de encuentro para una sociedad hondamente dividida y necesitada de espacios para cultivar la tolerancia y la autoestima—; problema que se agudiza en las zonas de vivienda de nivel socioeconómico bajo, abandonadas en las periferias de la ciudad donde escasean los equipamientos básicos y las áreas verdes; amén de graves carencias de servicios públicos –agua potable y recolección de desechos, aspectos fundamentales para elevar la calidad de vida.

Es imperioso consensuar un modelo de ciudad que permita partir de una planificación integral, con capacidad de respetar y hacer cumplir las leyes y normas concebidas en procesos amplios y participativos que reflejen un acuerdo social que efectivamente permita hacer pactos y compromisos entre los actores sociales y posibilite transformaciones estructurales en el terreno cultural, político y social.

ARQUITECTA, CATEDRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.