En búsqueda de gobernanza judicial para devolverle gobernabilidad

Desde que Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, a propósito de problemas del control gubernativo de las democracias de la década de los 70, escribieron el ‘Informe de la Comisión Trilateral sobre la gobernabilidad sobre las democracias', en el que identificaban una ‘sobrecarga' del Estado benefactor, ante demandas y presiones de diversos grupos sociales, que producían crisis en la finanzas estatales y su consecuente pérdida de capacidad para resolver los problemas económicos y sociales, se propuso la idea de traspasarle a la sociedad civil tareas y responsabilidades que se entendían exclusivas de los poderes del Estado.

Por tanto, se inicia el acuñamiento del concepto de ‘gobernanza', para asociarlo a la capacidad del Estado de articulación con estos actores sociales para que coadyuven en la oferta de solución a las necesidades. Lo anterior, tomando como referencia el concepto de ‘gobernabilidad', entendida como la capacidad estatal para ser efectivos en la gestión administrativa.

Un sencillo diagnóstico de la administración de justicia da cuenta de que no existe suficiente ‘gobernabilidad' y, paradójicamente, una reticencia a reconocer la necesidad de generar ‘gobernanza', que permita la participación de todos, donde a nadie se le considere y nadie se sienta un ‘forastero'. Esto, luego de comprender que se trata de un servicio público que debería apalancarse en su esencia de política pública, cuya propiedad no es solo de abogados y jueces, y que sus efectos, como la fuerza de gravedad, nos alcanza, aunque no la reconozcamos. Bajo este razonamiento es que argumentamos la urgencia de reconectar a la administración de justicia con la sociedad.

En efecto, aplicando analógicamente el concepto de gobernabilidad a la gestión judicial, nos encontramos con causas y efectos de la paulatina decantación hacia el descontrol de la eficiencia y efectividad de este servicio público. Por ejemplo, la congestión y sobrecarga de trabajo que trae como consecuencia el rezago y mora judicial; la ritualidad como filosofía para el diseño de los procesos y procedimientos que provocan un sistema que se empantana antes de siquiera llegar a decisiones y muchas veces las que se toman provocan mayor conflicto, que es caldo de cultivo en una cultura de litigiosidad; limitación de acceso a la justicia, falta de transparencia, decisiones inconsistentes e incoherentes en muchas ocasiones, todo lo cual genera desconfianza del usuario y de la ciudadanía en general, que diaboliza o villaniza a los operadores de justicia, disminuyéndolos a una especie de ‘cartel de la toga'; deficiente formación de los profesionales llamados a garantizar la tutela judicial y el apropiado derecho de defensa; falta de recursos y talento humano; desactualización de herramientas y plataformas tecnológicas. Hay muchos otros factores que podemos mencionar, pero lo verdaderamente preocupante es la percepción de que la justicia ha colapsado, con lo cual surge, por una parte, una resignación que produce una indiferencia ciudadana o una actitud revolucionaria, que promueva remedios, aunque más cerca de comportamientos autoritarios y con fines de acumulación de poder en perjuicio de la necesaria independencia y separación de los poderes, podrían gozar de la legitimación ciudadana, frente a la frustración.

Con esta lectura apocalíptica, urge que vayamos hacia ‘... adelante la pica y la pala... al trabajo sin más dilación...'. En este sentido, he y seguiré desarrollando una agenda de visitas y consultas a la sociedad civil organizada. En primer lugar, el objetivo es sensibilizar e inspirar a que, sin que cada uno pierda su identidad y desatienda su rol social o institucional, dejemos el modo crítica y pasemos a la acción concreta para devolver a la administración de justicia su majestad y credibilidad. Lo anterior, bajo el convencimiento de que Panamá requiere construir ‘gobernanza judicial', si es que se me permite el uso de este término.

En segundo lugar, hay que elaborar un Plan de Justicia que permita visionar este servicio, por lo menos, para el año 2030. Recuperar su naturaleza de política pública que coyunturalmente fue ‘delegada' al Pacto de Estado por la Justicia, para enfrentar una crisis desatada por las declaraciones públicas de un magistrado que denunciaba ‘venta de fallos' en la Corte. Esta iniciativa generó valor, pero hace falta activar un nuevo esfuerzo institucional y nacional para repensar la justicia a mediano y largo plazo y no en función del ‘instante', como si nos tomáramos un selfi, en el contexto de redes sociales; porque el tiempo no se detiene. Es construir el futuro de la justicia planificándola, con amplia participación de actores sociales, para hacer nacer el sentido de pertenencia y legitimar su contenido.

A veces pensamos que nuestras acciones no tendrán trascendencia, quizás basados en una autoimagen de insignificancia; sin embargo, sin cada uno de nosotros y sin la expresión del pensamiento individual, el universo está incompleto.

Continuará...

MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.