Separación de funciones en salud

Al suscribir el Pacto de Estado por la Salud, nuestro presidente electo reafirmó su compromiso con ‘cumplir en el menor plazo, con el Acceso y la Cobertura Universal en la Salud con garantía de una cartera de servicios integrales, de calidad universal, a través de la implementación de las Redes Integradas de Servicios de Salud…'. Tal declaración implica una profunda transformación del sistema público de salud, la cual involucra obligatoriamente un nueva organización y asignación de responsabilidades a lo interno de nuestras principales instituciones públicas de salud.

Hasta ahora hemos limitado el debate sobre la transformación del sistema de salud a una mejor coordinación entre el Minsa y la CSS, la cual podría llegar a una integración de las dos instituciones, como lo establece, por cierto, nuestra Constitución Política. No obstante, ha estado ausente en la discusión la posibilidad de asignarle a cada una de las instituciones, aquellas para las que tiene más fortalezas. Eso se denomina ‘separación de funciones', y es un camino que debemos explorar.

Aunque le propuesta inicial fue introducida en 1980 por las IFIS, lo cual causa de inmediato sospechas de privatización y rechazo, tiene historias de éxitos en el continente. La experiencia más cercana sobre este asunto la tenemos en el hermano país de Costa Rica, cuyo modelo de salud es un ejemplo para América Latina.

En el modelo tico, la separación de funciones es clara, a saber: la Caja costarricense de seguro social es la proveedora única de servicios de salud, pues todos los establecimientos públicos que eran del Ministerio de Salud le fueron transferidos a partir de la reforma iniciada en los años 90; la Rectoría del sector, la ejerce el Ministerio de Salud, el cual, al no ser proveedor, ya no es ‘juez y parte' y puede ejercer sus funciones de manera efectiva y sin compromisos; y el financiamiento, que es siempre ‘la piedra en el zapato', le corresponde a la CCSS para los asegurados, y al Estado para los no-asegurados, que en el país vecino, son un pequeño porcentaje.

En ese contexto proponemos que las nuevas autoridades analicen a fondo la experiencia costarricense y exploren la conveniencia y factibilidad legal, política, administrativa, técnica y financiera, de llevar a cabo la ‘separación de funciones' a lo interno de nuestro sector salud. Lo que buscaría una propuesta de este tipo es precisamente lo que le interesa al Gobierno y a la población: garantizar la cobertura y el acceso universal a servicios de salud de calidad, con eficiencia y equidad.

Sobre esta garantía de acceso, la experiencia disponible confirma que la mejor solución para superar las ineficiencias, inequidades y falta de calidad de las prestaciones del sistema, es crear una sola red de establecimientos. En ese sentido, la propuesta completa la seguridad social para todos, pues la nueva red de servicios de salud contará con los establecimientos del Minsa, sus terrenos, inmuebles, equipos y recursos humanos. Huelga comentar que facilitará la vinculación del financiamiento con productividad, cobertura, rendimiento y cumplimiento de metas.

Sobre el espinoso asunto del financiamiento del sistema, proponemos crear un Seguro Público de Salud incorporado al Programa Seguro de Salud de la CSS, lo cual complementaría el financiamiento total de la provisión de servicios, asegurando al 20 % de la población no asegurada. Este seguro público se financiaría por dos fuentes. Por un lado, el Estado a través del Minsa, con fondos del presupuesto de ese ministerio, se hace cargo del pago de la cuota obrero patronal de toda la población no asegurada con ingreso por debajo del salario mínimo. Por su parte, los trabajadores independientes no asegurados, con capacidad de pago, pagarían directamente la cuota correspondiente a la CSS. Estos recursos financieros adicionales serían asignados a la CSS para la provisión de servicios, lo cual contribuiría de forma importante a resolver el problema de déficit, al ampliar la base de cotizantes. Por lo tanto, no contribuye a la crisis financiera de la CSS, ni es un riesgo para el sistema de pensiones.

Finalmente, sobre la Rectoría del sector, que es nuestra debilidad histórica, conviene subrayar que, la separación de la rectoría de la provisión de servicios, permitirá al Minsa concentrarse en la importante función rectora, lo que implica el desarrollo de actividades de conducción sectorial, inteligencia sanitaria y regulación y supervisión del sistema de salud.

Tienen la palabra las nuevas autoridades de Salud. Cuentan con los equipos de trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Transformación de la Salud y de la Mesa de Salud de la Concertación Nacional.

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