Agua, naturaleza o el negocio de la escasez

Cuando se habla del tema del agua, todos los documentos oficiales e intervenciones de presuntos expertos coinciden en dirigir la mirada hacia la Naturaleza como la culpable de la escasez que se asoma en el mundo respecto de la disponibilidad del agua para el consumo humano. A la postre, la justificación de ‘medidas racionalizadoras' en la distribución de este bien ambiental viene como anillo al dedo.

No es falso que los cuerpos de agua vienen reduciéndose con más o menos intensidad en las últimas décadas. Basta observar la baja en los volúmenes de agua registrados en los lagos Gatún y Alajuela, con lo cual se prenden alarmas para el funcionamiento de una de las empresas más eficientes del país, como es el Canal de Panamá —que por cierto, no es privada— o bien, basta acudir a la memoria de hace apenas unos veinte años atrás cuando los cauces de los ríos abastecedores de agua potable y usos humanos diversos, como el de Pacora, La Villa, Santa María, Trapichito, Zaratí y muchos más, eran de mayor volumen que lo que hoy observamos.

La cuestión no es que el hecho natural —el cambio climático en especial— se revele mostrando una tendencia hacia la escasez, el problema es que se ocultan las sobredeterminaciones de la sociedad o una parte de ella para que eso ocurra, con lo cual se protege a los principales responsables de su desastre y con esto, se impide la superación del problema central.

En ningún momento, la administración de la justicia ambiental, ha puesto en el banquillo de los acusados a los inversionistas inmobiliarios —Banca hipotecaria, negociantes de bienes raíces y constructores— que han inducido a conglomerados crecientes a residir en áreas que terminan cambiando el uso del suelo —principal desencadenante del cambio climático en Panamá— en plena cuenca hidrográfica de nuestro canal interoceánico, con lo cual genera condiciones para la sedimentación intensiva y en general, el agotamiento de proveedores de agua de los ríos y lagos que a su vez abastecen de agua potable a un millón de habitantes de la región metropolitana.

Más bien, el Estado les subsidia sus negocios con apoyos monetarios que fomentan a que varios miles de necesitados de viviendas puedan adquirir estas casas localizadas en zonas de riesgo y áreas que al someterlas a deforestación, abonan al calentamiento global y al deterioro en la cantidad y calidad del agua en la metrópoli y en cabeceras provinciales del interior del país.

Mientras tanto, en el Idaan, están más preocupados por construir nuevas potabilizadoras que en resolver las pérdidas abundantes en los sistemas de dotación del agua potable. Esto último es más barato que lo primero, argumenta más de un ingeniero sanitario vinculado a la SPIA y expertos en este tema.

En Panamá, no se está ajeno a la lógica de un sistema que genera escasez, para beneficiarse luego de esta, apropiándose de territorios con abundante agua. El control privado del agua por grandes inversionistas, viene aparejado a la escasez del agua. No se compran los ríos, pero se adquieren derechos (concesiones) para explotarlos, excluyendo de su acceso a las poblaciones que originalmente disfrutaban de sus beneficios. Es la trama repetida con cada hidroeléctrica en manos privadas. Es la trama, suscitada con enormes perjuicios a la naturaleza y sus cuerpos de agua —y por consiguiente, a los que se han servido de ella sin estropearla generación tras generación— de las actividades mineras a cielo abierto en la costa abajo de la provincia de Colón.

Los hechos reales, a los que nos hemos referido, convierten en letra muerta lo que desde 1966 ya se planteaba para reglamentar el uso de las aguas del territorio panameño, en cuanto a que: ‘Se procurará el máximo bienestar público en la utilización, conservación y administración de las mismas'. (Decreto Ley No. 35, del 22 de septiembre (de 1966), Artículo 1).

A fin de cuentas, estamos sometidos al dominio de las leyes del mercado, mas no del reino de la justicia y el bien común. El mercado, llámese inversionistas y especuladores no sabe de justicia, sino de hacer negocios con la escasez. ¿Se discute eso en las reformas constitucionales? Nada sugiere tal cosa. Por tanto, se requiere un poder ciudadano que haga valer preceptos en favor de la explotación de las aguas de cara al bien común.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE DE LA UP.

‘[...] estamos sometidos al dominio de las leyes del mercado, mas no del reino de la justicia y el bien común. El mercado, llámese inversionistas y especuladores no sabe de justicia, sino de hacer negocios con la escasez'