El “buen gobierno” y el nuevo pacto social

Ante el inminente orden económico internacional que se configura en la cuarta revolución industrial –inteligencia artificial y robótica- y, el nuevo reparto -“guerra comercial”- del mundo; la gravedad de la crisis institucional (gobernabilidad y gobernanza) y la amenaza que constituye  “el déficit fiscal con que terminarán las cuentas públicas en el período fiscal vigente”, un reconocido economista nacional presentó un menú de tres opciones, una de las cuales, las nuevas autoridades gubernamentales, podrían adoptar para encausar las finanzas públicas y potenciar la economía nacional, es decir, ajustes en la inversión pública o aumento de impuestos o renegociación del déficit fiscal con los organismos de créditos internacionales.

Sin embargo, el “buen gobierno” en alianza con el sector empresarial ha decidido revitalizar el agotado modelo neoliberal a través de una ilegítima y poca democrática reforma constitucional, a la vez que reeditar las medidas macroeconómicas de la administración del quinquenio 2004-2009. Verbigracia, con los eufemismos de reducir el “tamaño del Estado o de la planilla estatal”, producir el despido masivo de empleados públicos. Así lo han confirmado los voceros oficiales en el programa de televisión “Radar” del domingo 30 de junio de 2019.

Como se sabe, el “buen gobierno” ha planteado la modificación constitucional a través del espacio de la “Concertación” del cual ha surgido una reforma cosmética y puntual de los órganos de gobierno y en lo absoluto una transformación estructural acordes con los riesgos y peligros de la pos modernidad y de un moderno modelo de gobernabilidad y gobernanza participativo e incluyente.

Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos y de las fuerzas políticas y gremiales del país concuerdan en que una de las causas de la ausencia de institucional, es la falta de independencia entre los órganos de gobierno, lo cual ha derivado en un enorme control del Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial o el comúnmente conocido  fenómeno político del “excesivo presidencialismo”.  El antecedente constitucional de dicha desviación democrática o del principio inglés del “change and balance”, es la llamada “Constitución militarista” que las distintas fracciones oligárquicas han convertido en una “colcha de retazos” acomodaticia a sus intereses, pero en lo absoluto, para borrar sus rasgos autoritarios como lo es, por ejemplo, la aprobación del Presupuesto General del Estado.

La Carta Política de 1946 decía en el artículo 118, numeral 21: “Las funciones legislativas de la Asamblea Nacional consisten en…Decretar los gastos de la administración en vista del proyecto de presupuesto que le presente el Ejecutivo, aprobando con o sin modificaciones”. El régimen militar o “gobierno revolucionario” proclamó que “la Constitución de 1972 se orienta hacia la concentración del mayor poder de autoridad en el Órgano Ejecutivo” (Vásquez, Materno. La Constitución de 1982). Fundamento filosófico plasmado en la pragmática jurídica constitucional del artículo 180, numeral 9: “Son funciones del Consejo de Gabinete…Dictar la política económica y, en particular aprobar el presupuesto de ingresos y egresos y el de inversiones públicas…” El “poder popular” solo asistía de “oyente” a dichas sesiones.

Que hizo la Guardia Nacional del general Rubén Darío Paredes, quien “matrimonió” a la fuerza pública nuevamente con la oligarquía emergente en 1983, mantuvo el “mayor poder de autoridad en el Órgano Ejecutivo”, pero desde la invasión militar estadounidense a Panamá, en control de la oligarquía neoliberal. Tal como actualmente está establecido en el Título IX, Capítulo 2º, artículos del 267 al 278 de la Carta Magna.

De manera que lo apropiado de un gobierno minoritario (33% de la voluntad popular) es el promover un nuevo pacto social, fundamentado en la justicia social y encaminado hacia la institucionalidad democrática, el crecimiento económico con equidad, trabajo decente y desarrollo humano. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.