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25 de May de 2022

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    Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Columnistas

Salud blindada o retos políticos para la CAN y el libro blanco

Romper con el principio de mantener con bajos costos las operaciones del tránsito, conspiraría contra el uso de esa ruta

En días pasados, participé como invitado de una sesión de la Comisión de Alto Nivel (CAN) que tiene a su cargo formular los parámetros para el proceso de transformación de nuestro sistema de atención de salud, alguien me preguntaba por qué el sistema de servicios de salud pública no podía seguir el ejemplo del Canal de Panamá (ACP) en lo que a gestión administrativa se refiere. Refiriéndose al ‘desorden' en el que está hundido nuestro sistema sanitario, presa de grandes negociados, contrario a la entidad canalera, donde la ACP viene a ser un modelo de empresa estatal eficiente a nivel mundial.

Desde mi perspectiva —le respondí— las lógicas de uno y otro organismo estatal responden a intereses alineados de manera distinta. Por un lado, a la marina mercante, armadores y demás usuarios privados y estatales del canal —decía alguien, los convertidos en verdaderos dueños del canal— para nada les convendría una empresa canalera desordenada, ineficiente, porque repercutiría inmediatamente en sus propias rutinas de acumulación de ganancias.

Romper con el principio de mantener con bajos costos las operaciones del tránsito, conspiraría contra el uso de esa ruta, porque se convertiría en inconveniente para obtener ganancias en ese proceso de circulación internacional de mercancías físicas. Moraleja: a mayor eficiencia del canal, menor costo de circulación del capital, por ende, mayor ganancias para los usuarios, por tanto, crece el interés porque la empresa de tránsito interoceánico en manos del Estado panameño, sea administrada con la mayor eficiencia posible.

El alineamiento de los intereses poderosos que están detrás de la atención de salud-enfermedad, opera de manera diferente que la de los que están detrás del tránsito por el canal. Mantener el desorden existente, la ineficiencia que nos ahoga a los usuarios de los servicios de salud, beneficia a los que negocian con todo lo que demandan los servicios para su funcionamiento; es decir, la venta de insumos, equipos, ‘software' y demás componentes de los servicios implicados en esta. De aquí el interés por mantener funcionando el actual sistema bicéfalo —dos cabezas, la CSS y Minsa, gestionando cada una por su lado la salud de los panameños—, donde se hace difícil, cuando no imposible, la equiparación de calidad y costos de los servicios que ofrece cada uno; donde facilita que los costos de los insumos y medicamentos se disparen respecto de los precios observados en países vecinos. Moraleja: a mayor desintegración e ineficiencia de estos servicios públicos, mayor injerencia y provecho pecuniario para los que negocian con nuestra salud, a costa de esta.

A esta conclusión han llegado los integrantes de la CAN, razón por la cual abrazan la moción de que, a mediano o largo plazo, se elimine el sistema bicéfalo existente y se pueda instituir una entidad nueva —de amplia participación social— que se convierta en proveedora única de los servicios, manteniendo al Minsa en rector o árbitro —idea en la que coincidimos plenamente— de los procesos y resultados de su funcionamiento, de manera que tenga la autoridad para corregir rumbos cuando el proveedor no cumpla con su cometido social.

En este sentido, está claro que este paso encuentra los fuertes escollos en los intereses de quienes lucran con el desorden del sistema bicéfalo y de todos aquellos a quienes estos grupos con fuertes intereses han cautivado, particularmente, a buena parte de la población funcionaria y usuaria de la CSS. De aquí que a la CAN se le presenta un gran reto que se inserta ineluctablemente en la dimensión política, esta es, la de gestionar la inclusión de un título constitucional (como la que se le dedica al Canal de Panamá en la Constitución) o, al menos, un articulado que aluda directamente a los principios sobre los que se basaría el nuevo orden de los servicios de salud, especialmente aquello que establece que su gestión, provisión y financiamiento sería mil por mil de carácter público, solo así se podría blindar nuestra salud de la rapiña de los que negocian con ella.

El reto es político e histórico, no solo en cuanto a llevar esta moción al plano constitucional, sino en cuanto que necesita sumar cuanto antes a una masa crítica de grupos de la sociedad para que lo acuerpe, ante un organismo político como la asamblea —ojalá una constituyente originaria— que le toque aprobarlo.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE DE LA UP.