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05 de Dec de 2019

Columnistas

Reformas a la Constitución... Una opinión

El desprestigio del Órgano Legislativo rebasa los límites de lo concebible, consecuencia irrefutable de anteponer sus intereses sobre la voluntad y necesidades del resto de la ciudadanía; labor en la cual ha despilfarrado centenas de millones de dólares, porque el fenómeno es de vieja data, la única diferencia es que con cada cambio de Gobierno, la nueva cámara supera a su antecesora; de aquí que su credibilidad sea nula.

El desprestigio del Órgano Legislativo rebasa los límites de lo concebible, consecuencia irrefutable de anteponer sus intereses sobre la voluntad y necesidades del resto de la ciudadanía; labor en la cual ha despilfarrado centenas de millones de dólares, porque el fenómeno es de vieja data, la única diferencia es que con cada cambio de Gobierno, la nueva cámara supera a su antecesora; de aquí que su credibilidad sea nula. No obstante, persisten en desconocer la demanda generalizada, porque rindan cuentas, manteniendo las mismas prebendas que les permitieron el despilfarro, y todo ello vulnerando la Constitución Nacional, que no los faculta para tan ominosas tareas. ¿Cómo pensar, entonces, que los integrantes de una corporación institucional, ayuna de autoridad moral, que rehúsa responderle a la sociedad que representa, sobre el manejo ilegal de recursos públicos, harán la excepción, para servirle al país? ¿Podría acaso, alguien, medianamente informado, creer que aprobarían reformas que modifiquen, mínimamente, las reglas que les ha permitido, y les garantiza, seguir disponiendo a discreción de los recursos públicos? ¡Que ni siquiera aceptan revisar el Reglamento Interno!

El Dr. Justo Arosemena, figura cimera de la nacionalidad panameña, a cuya memoria se le rinde homenaje en el Palacio Legislativo, escribió: “es preciso repetirlo por milésima vez: hay en todos estos países muchos falsos republicanos que mientras hablan de libertad, república, democracia y voluntad popular, jamás quieren que se manifieste esa voluntad ni impere esa democracia, ni se realice esa república”. Evidencia del conocimiento profundo que tenía sobre nuestra idiosincrasia, proclive a la hipocresía y al falseamiento deliberado de la realidad, como medio para alcanzar fines distintos a los que expresan en su afán por servirse del poder.

Rehúso aceptar que la totalidad de los diputados de la actual legislatura sean falsos republicanos, y que solo hablen de democracia para guardar las apariencias que demandan las formalidades de su representación; entre los miembros de esa institución, debe haber algunos interesados en que se manifieste la voluntad popular; cabe pues la posibilidad de que se convenzan de la única conclusión valedera, que lo ético es favorecer la consulta que permita conocer la voluntad del pueblo, para que decidamos si queremos ponerle más parches a la Constitución nacida en la maternidad de los cuarteles o si optamos por un cambio profundo, que garantice subordinar intereses sectarios a la atención de las genuinas necesidades de la mayoría ciudadana. A propósito de parches, vale recordar que, tres años después de la horrenda invasión, los “civilistas” propusieron “eliminar el militarismo”, proscribiendo el ejército propio, claro está, y suprimiendo el principio de la defensa nacional. Y aunque dicha propuesta fue rechazada por medio de un plebiscito, dos años más tarde, en 1994, el Órgano Legislativo aprobó el mismo proyecto. Historia que parecieran poder repetir, con “la ley” de privatización, que “legitima” el saqueo de los recursos públicos, y que fuera sancionada antes de haberse secado la tinta de la firma de aprobación en la Asamblea.

El Dr. Justo Arosemena fue un demócrata genuino, defensor a ultranza de la libertad de pensamiento y de los valores morales; su obra “Apuntamientos para la introducción a las Ciencias Morales y Políticas”, debería ser objeto de estudio para todos los servidores públicos, particularmente los del Parlamento; porque esos valores que el ilustre jurista proyectara en el escenario de la acción social, conservan estricta vigencia. Decía el Padre de la nacionalidad panameña: “Solo es bueno para el hombre aquello que es útil a la mayoría. No puede ser legítimo sino lo que es útil. Y una Constitución es legítima cuando es la obra de los ciudadanos y la fiel expresión del Estado social, porque solo entonces puede conservarse y solo entonces es útil”. Valga recordar que el ínclito ciudadano, reconoció que: “las constituciones nacen, no se hacen”. Concepción diametralmente opuesta a la convicción de los diputados comisionados y de los miembros de la Comisión redactora, que actúan como si la razón y la verdad pudieran ser patrimonio delegable por mérito o condición alguna.

A poco menos de tres meses de la actual administración gubernamental, lejos de presentar pruebas fehacientes de cambios positivos, congruentes con el programa de Gobierno y con el mensaje inaugural de la gestión, lo que domina el escenario nacional es la frustración y la incertidumbre, derivadas del notorio incremento de la corrupción, la impunidad y la profundización de la crisis en la administración de justicia; todo lo cual ha traducido mayor inseguridad, violencia y desempleo, entre otras lacras sociales, y como corolario, el estancamiento de la economía, que se agravará cuando la “ley” de las APP traduzca los previsibles efectos.

En síntesis, todo indica que estamos inmersos en un proceso integral de descomposición e inestabilidad, con riesgo cierto de empeoramiento; realidad que exige, sobre todo, sensatez, prudencia y determinación para construir. Las condiciones objetivas están dadas para una Asamblea Constituyente, legítima o sea, obra de la mayoría ciudadana, como propusiera el Padre de la nacionalidad panameña, Dr. Justo Arosemena. Única vía racional, pacífica e incluyente. Seguiremos avanzando por el sendero que conduce al colapso o exigiremos la Constituyente?

¿Usted qué opina?

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