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18 de Oct de 2019

Columnistas

Treinta minutos no son suficientes

Siendo la independencia del poder judicial una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de derecho, cobra especial relevancia el anuncio de los tres abogados escogidos para ocupar sillas en nuestra Corte Suprema.

Siendo la independencia del poder judicial una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de derecho, cobra especial relevancia el anuncio de los tres abogados escogidos para ocupar sillas en nuestra Corte Suprema. La nominación de tres magistrados adicionales en los próximos años es una inusual oportunidad para cambiar la percepción generalizada sobre nuestra frágil, tardía y acomodaticia administración de justicia, que resulta ser una “justicia” en verdad injusta. En esta ocasión se trató de identificar buenos candidatos, sometiéndolos a un escrutinio objetivo. Loable el esfuerzo, pero como empresa humana el método resulta perfectible.

Varias modificaciones serían posibles. La primera consistiría en no limitarse a considerar solamente a aquellos abogados(as) que cumplieran con los cinco requisitos formales —nacionalidad, edad, título académico, récord policivo limpio, tiempo de ejercicio reconocido—, porque miles de los 23 000 diplomados podrían en teoría satisfacer el perfil exigido, siendo la mitad del sexo femenino. Haría así inmanejable la escogencia para llenar vacantes aun cuando, con toda legitimidad, miles tuviesen derecho a ser considerados.

Otro cambio posible sería que el Gabinete, como parte de su evidente responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos, se active decididamente en la búsqueda del buen candidato, evitando la pasividad de quien se queda esperando, limitándose a considerar los postulados. La búsqueda comprendería funcionarios del Órgano Judicial, las dos procuradurías, organismos de justicia electoral y administrativa, docentes con amplia experiencia y ensayos jurídicos publicados. Se buscaría consistencia en sus sentencias, en sus opiniones legales, en sus vistas fiscales, en escritos jurídicos con ideas innovadoras.

El sentido común indicaría que, en igualdad de condiciones y respetando los cinco factores básicos mencionados, sería apropiado comprobar la existencia de valores agregados o deficiencias ocultas. Por lo que leemos, la Corte Suprema de Estados Unidos se percibe como referente de una recta administración de justicia; por tanto, sin falsas pretensiones, su perfil podría ser paradigma para comprobar cuan cerca o alejados estamos con nuestros candidatos.

Aquel tribunal también está compuesto por nueve magistrados, pero designados de por vida: son hoy seis varones y tres damas, todos con sólida formación adquirida en reconocidas universidades como Harvard, Yale, Columbia, Stanford, Oxford. El más joven cumple 52 años, la mayor frisa 86 años; tres profesan el judaísmo, seis el catolicismo; cinco son republicanos nombrados por presidentes republicanos, cuatro son demócratas nombrados por presidentes demócratas. Todos, con largas experiencias en diferentes niveles de administración de justicia, en instituciones académicas o en el ejercicio privado. Uno es negro; otra, latina. Los conservadores consideran que la interpretación de textos constitucionales debe hacerse sin apartarse del estricto significado original de los conceptos utilizados; los progresistas la extienden a las circunstancias del momento, aun cuando tales figuras no existieran en el pasado. Cuatro conservadores se oponen al aborto, matrimonios gais, control de armas; cuatro liberales favorecen lo contrario. El último magistrado designado, siendo republicano conservador, completa hoy una mayoría conservadora. La diversidad de ideas enriquece el debate.

Una comisión presidencial se aboca a la búsqueda de candidatos idóneos. Las audiencias de ratificaciones por el Senado son extensas; los cuestionamientos, durísimos. Sonia Sotomayor enfrentó cuestiones sobre derecho a la intimidad, control de armas, posibles prejuicios y condiciones personales que pudieran moldear sus decisiones; Clarence Thomas, cuya ratificación tomó dos meses, fue acusado de acoso sexual; Brett Kavanaugh, por conducta inapropiada de juventud; John Roberts debió declarar su patrimonio y sus ingresos anuales. Temas como ámbito del poder federal, derechos de personas transgénero y homosexuales, división de distritos electorales, pena de muerte, son típicos para los candidatos.

La militancia política partidista, que parece factor favorable para su escogencia, no impide la conducta independiente del magistrado. Caso en punto: el actual presidente de la Corte, un republicano, se negó, contra el parecer del presidente republicano que lo recién postuló, a declarar inconstitucional el sistema de salud del presidente demócrata Obama. Algo similar le ocurrió al magistrado Arthur Kennedy, republicano, cuando no concordó con la línea oficial de su partido en temas como el matrimonio igualitario y el derecho de la mujer al aborto.

¿Cuán alejados estamos de esos ejemplos? Hemos carecido de una búsqueda proactiva de candidatos de ambos sexos, de la comprobación efectiva de su integridad e idoneidad, de criterios objetivos para calificarlos y dar con el mejor, de la revelación de su fortuna personal, quedando limitados por una aversión a la participación política. Treinta minutos para que cada uno explique sus virtudes no es suficiente. Faltó tiempo para adentrarnos en aprovechamiento académico, capacidad, carácter, valores éticos, visión de nación, criterios propios.

El proceso recién aplicado, siendo loable, pareció limitado, superficial, no transparente, sobre todo cuando se trata de sanear la Corte en circunstancias críticas. Toca al Ejecutivo continuar en esa ruta sin desmayar.

Exdiputada