Reformas constitucionales: ¿oportunidad o riesgo?

La construcción de la democracia y, por ende, el fortalecimiento y consolidación del Estado Constitucional y Social de Derecho, son procesos simultáneos y complementarios en los que estamos empeñados todos los ciudadanos con profundas convicciones democráticas.

La República de Panamá, desde la injusta invasión norteamericana, entró en un proceso lento, pero en algunos quinquenios más productiva que en otros, de adopción de más y mejores formas de participación ciudadana, tratando de dejar atrás los oscuros y controversiales años de autoritarismo militar. Sin embargo, el secretismo administrativo y la discrecionalidad funcional en el sistema de administración pública, dejaron fuera a los militares, aunque los sustituyó por civiles que en algunos casos superaron sus autocráticas prácticas.

No obstante, la construcción democrática en una sociedad que carece de la cultura política necesaria, no es tarea fácil, incluso se torna riesgosa. El fortalecimiento de las instituciones y los cambios estructurales que garanticen participación ciudadana con incidencia en las políticas públicas, se hace más que necesario, para que las decisiones gubernamentales cuenten con legitimidad social y credibilidad.

Las instituciones en una democracia son múltiples y variadas, así como diferentes en peso específico dentro de la estructura del Estado. De lo que no cabe la menor duda es de que, cuando se trata de poderes formales o con rango constitucional, aun cuando esté desprestigiado o no goce de esa mencionada legitimidad pasiva o endoso de credibilidad, todo lo que hace tiene relevancia e impacto en la vida democrática de la sociedad a la que sirve o debería servir.

Esa es la razón fundamental por la que todo lo que ha hecho, haga y siga haciendo la Asamblea Nacional debe ser eficiente, transparente, confiable y respetable; porque al ser fuente de ley, y de aplicación general, lo que sea que emane de ella sin estas características, en lugar de consolidar la democracia, contribuye a ensanchar la brecha entre gobernantes y gobernados, produciéndole así unas heridas que, aunque no sean necesariamente mortales, sí tienen la capacidad de lesionar gravemente la frágil democracia panameña, esa es la principal razón por la que no podemos aceptar de ella ninguna acción o expresión que signifique retroceso o pérdida de derechos.

Dicho todo esto, la pregunta que surge es: ¿por qué no se cumplió con lo prometido en campaña, en el sentido de que el documento de la Concertación sería sometido en el mes de mayo a una amplia consulta nacional, por parte del Ejecutivo? Ya que ha quedado más que evidente que, en medio de la peor crisis de representatividad de nuestro diseño democrático, como lo hemos vivido hasta ahora, utilizar el método de dos legislaturas de una misma Asamblea, no es la forma adecuada de restaurar el equilibrio del poder político, más bien ha resultado como encender una mecha a un barril de pólvora, atizado por las más abyectas manifestaciones y propuestas de algunos diputados en contra de los Derechos Humanos.

Entendido el entuerto del método, cualquiera que fuera la metodología aprobada dentro de los debates, la misma exigía ser sometida a un control amplio de legalidad en el procedimiento y transparente en cuanto a la participación ciudadana, pues, de lo contrario, los brotes reactivos y violentos que hasta ahora hemos visto, no serán nada en comparación a lo que veremos cuando resulte, en vana ilusión, la legítima aspiración ciudadana de ver eliminados los privilegios y las prerrogativas funcionales y limitar los abusos del poder que han permitido un esquema de corrupción que ha sido imposible de desmantelar por voluntad propia de los diputados o por vía de la acción de la justicia.

No siempre se camina en la dirección correcta. A veces, dar pasos no significa avanzar. La sociedad panameña ha madurado en su forma de relacionarse con el Estado, y los grupos informados, así como los aún dependientes del paternalismo de ese mismo Gobierno que les pide el voto desinformado para luego someterlos, sin piedad, a su humillante dependencia, demandan cada vez más espacios, soluciones, transparencia y rendición de cuentas.

No podemos quedarnos impasibles ante todos los acontecimientos, la violencia, física, verbal y estructural, ante la exigencia de un requisito no escrito en ninguna norma, para acceder al espacio más popular que por antonomasia tiene la estructura del Estado panameño.

¡Basta de tanta ignorancia, violencia y retroceso!