¿Desarrollo equitativo?

Los panameños somos gente sencilla para vivir y complicadísima a la hora de ponernos de acuerdo en algo. He sido testigo de las más encarnizadas discusiones en las redes sociales por asuntos tan anodinos como si debe o no, llevar pasitas un tamal. Imaginar que estemos de acuerdo en asuntos de relevancia sería onírico. O tal vez no...

De hecho, existe un asunto de vital importancia, de una seriedad y vigencia cotidiana en el que todos estamos de acuerdo, por imposible que parezca: la situación económica es muy difícil actualmente. De allí podemos derivar otra coincidencia colectiva de opinión, cuando decimos que todos estaríamos de acuerdo si escuchamos que “no hay trabajo”.

En agosto del año pasado ya sentíamos la crisis económica y laboral que hoy es mayor. Con mucha preocupación vimos al Gobierno hacer un intento de equiparar la educación formal necesaria con la experiencia laboral en la malograda Resolución No. 69, del 6 de agosto de 2019. En ese momento, trataron de vendernos el concepto de que llevando a cabo la mencionada equiparación se beneficiaría la economía nacional, abriéndole oportunidades de trabajo a más personas, afectando positivamente el bolsillo de los panameños. Olvidaron mencionar que si quitas los méritos que han logrado los profesionales a través de años de estudio, condenarías al país a volverse “mano de obra”, pues si el profesionalismo adquirido mediante la educación ya no vale, nadie sería profesional. Eso no se dio porque el Gobierno sintió la presión de los gremios. De nada.

Ahora escuchamos a sectores agremiados quejarse de que no hay mano de obra capacitada, y hay carencia de profesionales en diversas áreas, haciendo a Panamá menos competitivo. Sugieren estos gremios que se liberen las profesiones para permitir la importación de profesionales extranjeros, quienes vendrían a salvar el país, logrando el desarrollo equitativo, más o menos.

¿Por dónde empiezo? Me respondo yo mismo: por el principio.

Por allá, por 1959, un grupo de visionarios comprendió la necesidad de proteger las profesiones y regularlas bajo un ente colegiado para garantizar que todos los que las ejercieran cumplieran con un estándar. Siendo Panamá un país de paso históricamente, desde aquella época nos visitaba gente de todos los países, de todas las profesiones, y algunos hasta hicieron de Panamá su hogar. Había que mantener el orden. Nace así la Ley 15, por gestiones del más antiguo gremio del país en la actualidad, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). No por nada tenemos más de 100 años...

Pero volvamos al presente. La Ley 15 existe y regula las profesiones de ingeniería y arquitectura a nivel nacional. Para construir en Panamá, hay que cumplir con el Reglamento Estructural Panameño (REP). No es el reglamento estructural español, o colombiano, o estadounidense, no. Es el reglamento panameño. Todos los que viven en una residencia en este país, han puesto su fe de manera consciente o inconsciente en un ser supremo (según sea su creencia) y en arquitectos e ingenieros panameños, pues somos quienes construimos y regulamos la construcción en el país.

Resulta gracioso ver cómo a través de los años, los Gobiernos han contratado a extranjeros para que vengan a dar seminarios y consultorías a profesionales y entidades completas sobre cómo se debe construir en Panamá, y basándose en el REP. El chiste se cuenta solo. Es como si fuera necesario contratar asesores para que nos enseñen qué debemos hacer en un “culeco”…

Este molesto, pero verídico ejemplo es necesario para poder explicar, según nuestra humilde opinión, dónde hemos venido fallando como país. Los panameños hemos aprendido a valorar más lo de afuera. Los Gobiernos de turno nos han adoctrinado para creer que lo nuestro no es tan bueno como lo de afuera. Y lo han hecho históricamente violando leyes como la Ley 15. Pero lo han logrado con la ayuda de profesionales locales, pues no vivimos en un país de santos. Profesionales del sector público y privado se prestan para que los odebrechts que nos han birlado lo puedan hacer. ¿Cómo? Prestan sus firmas y sellos por una guayaba, mientras las verdaderas ganancias se las llevan la empresa y sus colaboradores. Han creado “niveles” reservados para sus coterráneos como “superintendencias” so pretexto de adecuar procesos y mejorar costos, pero por los cuales pagan salarios, movilizaciones y viáticos a los que los locales jamás podríamos aspirar. Para añadir ofensa al golpe, la Ley 15 hace responsable al Residente de Obra, o al Representante Técnico de la empresa, según sea el caso, de cualquier problema que surja. Los únicos que podemos llenar esos puestos somos los profesionales certificados, así que la ganancia se va para España, Colombia o Brasil, y el problema y la responsabilidad le queda al nacional que se prestó a firmar.

Trabajar con profesionales extranjeros no va a ser la solución ni traerá avances y desarrollo equitativo. Mientras no hagamos cumplir las leyes que tenemos (que no hacen falta más), jamás habrá orden. Si seguimos empecinados en contratar empresas y profesionales no certificados bajo los parámetros de la Ley 15, seguirán habiendo Minsa-Capsi construidos, pero sin equipamiento ni electricidad. Seguirán habiendo ciudades hospitalarias inoperantes y sin terminar. Seguirán inaugurando puentes sin accesos. Seguirán habiendo ferias de trabajo para doscientas vacantes con filas de veintiún mil desempleados. Seguirán habiendo construcciones con cuatro años de atraso, y sin culpables. Seguirán habiendo diputados que juegan con el dinero público, emplanillan a toda su familia, no van a trabajar y cobran su cheque completo.

Vi un clasificado de una vacante y llamé. La cosa está difícil. Pedían un ingeniero con al menos 10 años de experiencia y que fuera bilingüe. “Soy bilingüe y tengo 20 años de experiencia comprobable, estoy sobra'o”, pensé. Resultó ser una empresa extranjera la que contrataba, y “solo ofrecían hasta B/.2000.00 a los nacionales”, aún si cumplían con los requisitos. ¿Desarrollo equitativo? ¿Con qué se come eso? Joder tío.

Dios nos guíe.