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04 de Apr de 2020

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Guillermo A. Cochez

Columnistas

Los alquileres del Estado

En cada Gobierno hay una arrendadora de autos oficial del Estado. Allí se alquila la gran cantidad de vehículos que los funcionarios del Gobierno de turno requieren en sus quehaceres: sin ningún tipo de planificación ni supervisión de Contraloría.

En cada Gobierno hay una arrendadora de autos oficial del Estado. Allí se alquila la gran cantidad de vehículos que los funcionarios del Gobierno de turno requieren en sus quehaceres: sin ningún tipo de planificación ni supervisión de Contraloría. Esos arriendos producen, como es lógico, el favor del funcionario que la concede que, a cambio, pide su pequeña tajada en dinero o en especie. Como diría, para redondear el sueldo que recibe en la entidad que trabaja. Aquí se aplica eso de que “si los otros lo hacen, ¿por qué yo no lo podré hacer?”. Ese “modus operandi” de los autos se replica en muchos otros rubros: eventos, fiestas, celebraciones, banquetes, alquileres de helicópteros y un grandísimo etcétera que es dominado por los locales que alquila el Gobierno para sus dependencias. De eso me ocuparé en este momento.

Cuando la representante de corregimiento de Bellavista, María Nelly de Figueroa, ganó en 1984, no encontró nada en su junta comunal. Pagaban alquiler por su oficina. A los 90 días en el cargo, se le ocurrió que, con el monto de ese alquiler, podía pedir un préstamo en el Banco Nacional para adquirir un bien inmueble para sus oficinas. ¿Cómo lo consiguió para adquirir un costoso bien inmueble bien ubicado? Se buscó cuatro fiadores aceptados por el banco: el expresidente Ricardo de la Espriella, Aris de Icaza, uno que no preciso y yo. Ese préstamo se canceló hace ya casi 25 años y hoy presta tremendo servicio a la comunidad donde mi sobrino Ricardo Domínguez es su representante por tercera vez, ubicada en la avenida Eusebio A. Morales de El Cangrejo.

En mi gestión como alcalde (hace 30 años), recuperé un inmueble que hoy es la sede de la Junta Comunal de San Francisco. Ubicada en Carrasquilla, de dos pisos, recibida porque su dueña no dejó herederos. La recuperé del anterior representante (PRD), que le dio un uso familiar, a lo que era un bien municipal. ¿Cuántas juntas comunales podrían emular el ejemplo que se dio en Bellavista y que lleva más de 30 años funcionando con eficiencia y responsabilidad?

Otra experiencia a emular. El Registro Público requería urgentemente de nuevas instalaciones, no existía la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero se hizo un arreglo con la empresa donde participaba el ingeniero Roberto Roy. Compraron un terreno, hicieron el edificio a los requerimientos del Registro Público y lo entregaron amueblado. Al cabo de siete años, luego de cancelar una cuota mensual equivalente a un alquiler, el bien pasó a manos del Estado. Ahora, con Ley en mano. debe ser más fácil proponer este tipo de construcciones para el Estado.

Igual ocurre con los grandes edificios que albergan oficinas públicas. Usaré tres ejemplos: edificio Avesa en vía España. Por más de 45 años alquilado, primero al extinto Intel y después al Ministerio Público. Plaza Edison, albergue de cuatro ministerios e infinidad de oficinas de otras entidades, incluyendo el Órgano Judicial. Donde está el MEF en vía España, antes una discoteca, y por más de 25 años, su sede central. No les parece que con lo que han pagado de arrendamiento ya se hubieran pagado las mismas y construido muchísimas más.

A veces el Estado hace sus propios edificios, caso del Tribunal Electoral, pero que, por sus estrambóticos diseños, terminan siendo como palacios romanos que ni siquiera estacionamientos tienen y con mucho espacio perdido, como si fuese un monumento en Washington o un equivalente del patio.

Lo preocupante de todo esto es la corrupción. Estando mi amigo José Antonio Sossa de procurador, se me acercó un dueño de edificio a proponerme que convenciera al funcionario para que alquilaran su edificio. Me daba de comisión dos meses de alquiler, casi 200 mil dólares. Me reí de su propuesta. Eso debe ocurrir en otros alquileres; o cuando se atrasan sus pagos y siempre “aparece” el que es bueno para agilizarlo. Hay otros casos, de gente en el Gobierno que, construyendo centros comerciales, lo primero que hacen es alquilar espacios para oficinas públicas, inclusive cuyos arrendamientos anteriores ni siquiera han vencido.

El país requiere de funcionarios con creatividad, además de honestos y éticos, como custodios de los bienes públicos que deben ser. ¿Podremos lograr este propósito? ¿Se imaginan los millones que nos ahorraríamos de aplicarse cosas tan sencillas como las que estoy proponiendo? ¿O las coimas a pagar que no se recibirían si hubiese más control en este renglón inflado gasto presupuestario?

En sus manos dejo esta idea, presidente Cortizo.

Abogado