Listas grises: ¿por qué seguimos en ellas?

Recientemente, Panamá fue nuevamente incluida por la Unión Europea en la lista negra, por incumplimiento en criterios mundiales de transparencia fiscal.

En los últimos años nuestro país ha sido protagonista de una gran lucha, para salir de las diferentes listas grises y negras, de Grupos Internacionales que evalúan a los distintos países en materia fiscal y en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En diciembre de 2017, la Unión Europea incluyó a Panamá en la lista negra de Paraísos Fiscales y no fue hasta marzo de 2019 que nos trasladaron a la lista gris, producto de diferentes compromisos que adquirió el Gobierno nacional.

Ahora ha regresado en febrero a la lista negra, por no haber logrado, al menos, la calificación de “conforme en gran medida” sobre la Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De igual manera Panamá había sido incluida en la lista gris del GAFI en el año 2014, la cual se denomina “Jurisdicciones con deficiencias estratégicas” y luego de un gran esfuerzo por parte de las autoridades panameñas, se lograron realizar ajustes en el Marco Legal, con la aprobación de la Ley 23 de 2015, la Ley 10 de 2015, la Ley 11 de 2015 y la Ley 34 de 2015, lo que fortaleció el marco regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales y se logrará en febrero de 2016 salir de dicha lista.

Para que podamos conocer la magnitud de la lucha de nuestro país por cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, es importante señalar que en el año 2012 Panamá solo tenía un cumplimiento de cuatro (4) de las 49 recomendaciones y desde que Panamá entró en el año 2014 a la lista gris, fortaleció su marco regulatorio y se logró cumplir con 35 de las 40 recomendaciones.

Con todos los esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el Grupo de Acción Financiera volvió a incluirnos en junio de 2019 en la Lista de “Jurisdicciones con deficiencias estratégicas”, junto a otros once países como: Las Bahamas, Botsuana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Se podrían realizar diferentes argumentos por los cuales Panamá sigue incluida en este tipo de listas que no benefician en nada al país, podríamos destacar los mal llamados “Papeles de Panamá” y la tardía aprobación de la Ley No. 70 de 2019, “que sanciona con pena de dos a cuatro años de prisión a quien cometa Delitos en contra del Tesoro Nacional”, cuando el monto defraudado del tributo en un periodo fiscal sea igual o superior a trescientos mil balboas.

Las autoridades panameñas han mantenido con firmeza su postura de sacar a Panamá de este tipo de listas, han fortalecido el engranaje institucional de entidades, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.

Incluso, Panamá, desde septiembre del año 2011, mantiene el Consejo de Coordinación Financiera, el cual reúne a las Autoridades del Sector Financiero de manera bimensual, para que sus miembros intercambien información y se coordinen mutuamente, con el propósito de propiciar políticas de regulación y asegurar una efectiva supervisión del mercado financiero.

Si bien es cierto, el país tiene muchas adecuaciones que mejorar en cumplimiento técnico y de efectividad, estas asociaciones internacionales no han tomado en consideración estos grandes avances que se han realizado para reforzar estos vacíos legales y de cumplimiento que nuestro país tenía desatendidos.

Panamá por años ha sido un centro bancario internacional, el informe de actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá indica que, al mes de agosto del año 2019, se mantenía un crecimiento de activos por el orden de B/.122 684 millones, que representa un aumento de 3.8 % y con ello B/.4533 millones más de lo reportado al corte de agosto de 2018. En el caso del SBN, se registró un total de B/.105 190 millones, lo cual equivale a un crecimiento de 4.6 %.

Lo que a todas luces vislumbra el gran crecimiento que ha seguido teniendo nuestro país en materia económica y financiera.

Es evidente que este crecimiento ha llamado la atención de potencias mundiales que, de alguna u otra forma, ejercen presiones para que nuestro país establezca mayores regulaciones y controles en materia fiscal y de prevención de blanqueo de capitales, entre otros.

De seguro, Panamá seguirá en su gran labor de salir prontamente de este tipo de listas y alzando su voz para que seamos medidos con la misma vara de los demás países sujetos a este tipo de evaluaciones.