Temas Especiales

31 de Mar de 2020

Eduardo L. Lamphrey R.

Columnistas

El COVID-19 y los privados de libertad

Esta sorprendente y peligrosa pandemia del COVID-19, que dejará profundas secuelas económicas, políticas y sociales en el mundo, y por supuesto en Panamá, una vez sea regulada y con un nuevo orden económico internacional, nos permitirá vivir en nuevos escenarios y con nuevas características.

Esta sorprendente y peligrosa pandemia del COVID-19, que dejará profundas secuelas económicas, políticas y sociales en el mundo, y por supuesto en Panamá, una vez sea regulada y con un nuevo orden económico internacional, nos permitirá vivir en nuevos escenarios y con nuevas características.

Esto me hace recordar a José Arcadio Buendía, personaje de “Cien Años de Soledad” de Gabriel G. Márquez, quien, al invadir el insomnio a la población de Macondo, impuso medidas para impedir que este flagelo se propagara a otras poblaciones, fue así que les quitaron las campanitas de los chivos y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos o querían visitar familiares. Todos los forasteros que visitaban el pueblo tenían que hacer sonar las campanitas para que los enfermos supieran que estaban sanos, además no se les permitía comer ni beber, ya que se sabía que el insomnio se contagiaba por la boca. De esta forma se mantuvo la peste circunscrita a la población, tan eficaz esta medida que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir.

Hoy, la pandemia del COVID-19 preocupa a todos, se ha extendido a más de 150 países, presenta más de 201 436 contagiados y 8000 muertos. Los curados ascienden a 82 032. Pera nosotros, los latinoamericanos, tenemos 18 países afectados, se han adoptado cierres de fronteras y autoaislamiento obligatorio para los viajeros del extranjero. Aislamiento forzado y ayuda económica del Gobierno a las empresas y los trabajadores. Se exige que pongan un sistema de precios controlado, así se evita la especulación; con un período de gracia de 90 días, prorrogable, no pago de deudas hipotecarias, servicios públicos, créditos bancarios o financieros, arriendos, desembolso del pago de cuotas a los asegurados, ayuda en medicamentos y alimentos a las poblaciones más vulnerables, en especial a los adultos mayores. Suspensión de clases, de eventos de concentración masiva, cierre de bares, discotecas, parrilladas, y toque de queda.

Para nosotros, los panameños, el Gobierno restringió el ingreso al país de extranjeros, sobre todo los que vienen de países con alta presencia del COVID-19; o sea, España, Italia, Estados Unidos. Se decretó el cierre temporal de los establecimientos comerciales, excepto supermercados, farmacias, centros médicos, venta de combustible y alimento. Se ha declarado “estado de emergencia nacional”, con el fin de poner a disposición todos los recursos económicos para hacer frente a las necesidades de la población en materia de salud, seguridad y economía.

Queremos llamar la atención al Gobierno nacional sobre nuestros privados de libertad, tal como lo hace la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y los Investigadores del Proyecto FID18-028, ameritado por Senacyt y avalado por la Universidad del Caribe. Nuestro Sistema Penitenciario reporta, para enero del 2020, un total de 18 127 privados de libertad, de los cuales hay 10 600 condenados (58 %) y 7527 (42 %) procesados. De este gran total, tenemos en los centros penitenciarios de La Nueva Joya, 4368; La Joya, 2858; y La Joyita, 3682. Un 60 % de esta población total, allí hacinada y en condiciones deplorables, viven y sobreviven 10 908 panameños. De este total, tenemos 5924 condenados (53 %) y 4984 procesados (47 %). Estos tres centros penitenciarios están ubicados en Pacora, antiguo Fuerte Cimarrón.

Se hace necesario bajar tan alta concentración de privados de libertad, ver cómo estos procesados culminan su proceso, en aislamiento en casa de familiares, con vigilancia policial y asistencia médica. Se hace necesario que los privados de libertad extranjeros sean repatriados a su país de origen. Así mismo los privados de libertad con enfermedades terminales, tal como VIH-Sida, cáncer y otras, deberán ir a centros hospitalarios o casa familiar, con asistencia médica y seguridad policial. Los que permanezcan en estos tres recintos carcelarios deberán tener permanente asistencia médica, medicamentos y productos alimentarios, charlas continuas sobre lavado de manos, mantenimiento diario de limpieza de los pabellones, aseo personal y exigirles a los familiares visitas restringidas y el uso permanente de guantes y mascarillas en cada visita.

Hay que garantizarles un mejor bienestar social a nuestros privados de libertad, ante un primer brote de coronavirus en cualquier centro penitenciario en el país, el Estado debe declarar emergencia sanitaria en todo el sistema penitenciario panameño, lo que indica iniciar los protocolos necesarios que controlen, regulen y bajen el índice de infectados y dotar un cerco sanitario en todos los centros penitenciarios. Recordemos que son panameños y seguro que por ser privados de libertad no serán ignorados por el COVID-19.

Economista