Participación ciudadana: aún hay jueces en Berlín

Cuenta la historia que Federico II el Grande, rey de Prusia, había mandado a demoler un viejo molino que afeaba la vista de su majestuoso palacio, frente a este vejamen arbitrario, el humilde molinero afectado, dueño del molino, recurrió a la justicia en defensa de sus bienes y derechos; el juez que conoció el caso condenó, contra todo pronóstico, al monarca a pagar daños y perjuicios y a reedificar el molino, contra la creencia general de que el rey se negaría a someterse a la decisión judicial, exclamó satisfecho: “Veo con alborozo que aún hay jueces en Berlín”.

La justicia es en un país el equilibrio necesario entre las actuaciones de las autoridades frente a los ciudadanos, quienes ante actos arbitrarios, o desmanes propios de la psiquis de quienes nos gobiernan, puedan defender sus garantías por medios de los recursos y acciones que la Ley y la Constitución los dota. A veces las autoridades y Gobiernos piensan que por su investidura pueden, incluso a sangre y metralla, desarrollar sus ideas o proyectos, a sabiendas de que imponen y no convencen. (Miguel de Unamuno).

El proyecto de recuperación de playas, que pretende llevar a cabo la Alcaldía de Panamá, ha encontrado una amplia resistencia y oposición, no solo de los ciudadanos del Distrito Capital, sino también del resto de la población del país, debido a las implicaciones e impactos que el mismo tendrá al medio ambiente y ante la existencia de necesidades más apremiantes; oposición incluso que ha encontrado este proyecto en el propio seno del Consejo Municipal, en donde miembros del propio partido del burgomaestre han mostrado resistencia al mismo.

La Ley de Descentralización, la cual dota de fondos a los municipios para la realización de los proyectos en cada comunidad, es sumamente clara cuando señala la obligatoriedad de la participación ciudadana como consulta “previa” de los proyectos que han de desarrollarse con fondos provenientes de dicha descentralización, este derecho ciudadano es una emanación del artículo 233 de la Constitución Nacional que conmina a los municipios a promover la participación ciudadana, derecho este que igualmente recoge y desarrolla la Convención Americana de Derechos Humanos. (Artículo 23, numeral 1).

En el caso del proyecto de recuperación de playas, el mismo se aprobó, y se le asignó presupuesto, sin siquiera haber sido sometido al tamiz previo de la opinión de los ciudadanos del distrito capital. Frente a esto, un grupo de personas, en defensa del interés comunitario y de los derechos difusos, interpuso, ante una jueza de circuito, un Amparo de Garantías Constitucionales, con el fin de que se respetara su derecho constitucional a ser informados previamente del proyecto, a través de las modalidades de participación que establece la propia Ley de Descentralización.

A pesar de la presión y amenazas ejercidas, incluyendo una que otra pataleta, la juez concedió la acción interpuesta y anuló la línea de presupuesto correspondiente al proyecto de recuperación de playa y señaló como colofón, de forma clara y precisa, que se requería como paso previo a la aprobación de fondos que se realizara la consulta ciudadana bajo la modalidad de audiencia pública (IBI). Con esto se hizo imperar la Carta Magna por encima de cualquier acto arbitrario o interés de la autoridad.

De la independencia e imparcialidad del Poder Judicial hablan sus funcionarios, loor a esta jueza valiente.