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03 de Jun de 2020

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Nelva Reyes B.

Columnistas

El coronavirus profundiza las desigualdades

El pasado 7 de abril en este espacio un grupo de trabajadores, sociólogos, economistas, educadores, organizaciones de mujeres, sacerdotes jesuitas, médicos de salud pública, politólogos, ciudadanos y ciudadanas, emitieron una Carta Abierta titulada “Una salida a la crisis del COVID-19, enfocada en el bienestar colectivo”.

El pasado 7 de abril en este espacio un grupo de trabajadores, sociólogos, economistas, educadores, organizaciones de mujeres, sacerdotes jesuitas, médicos de salud pública, politólogos, ciudadanos y ciudadanas, emitieron una Carta Abierta titulada “Una salida a la crisis del COVID-19, enfocada en el bienestar colectivo”. La carta plantea que “hay que enfrentar la situación de la pandemia por medio de políticas públicas basadas en el bien común, el cual, sobre todo en las actuales circunstancias, solo se puede lograr con la práctica de la solidaridad efectiva”.

Panamá es el tercer país más desigual de América Latina, y la pandemia así lo corrobora, cantidades de familias que viven sin agua potable, en cuartos muy pequeños, donde se alojan más de cinco personas, en condiciones de hacinamiento, en muchas familias incluso se vive violencia doméstica, más de 679 mil personas trabajan en la informalidad, (carentes de prestaciones sociales), hay compañeras y compañeros a los que les fueron suspendidos sus contratos de trabajo, en algunos casos desde hace un mes, en otros tienen ya más de una quincena que no se cobra, trabajadoras del hogar que no les pagaron ni la quincena que ya habían trabajado, compañeros recicladores que cerraron sin tener en cuenta a quienes día a día han venido reciclando y contribuyendo con la salud de este pueblo. El Ministerio de Trabajo señala que más de 3204 empresas han suspendido labores, y con ello más de 63 144 trabajadores tuvieron que ser enviados a sus casas. Las escuelas cerradas, con aproximadamente 46 mil educadores en sus hogares. Pero de igual se encuentran artistas, conductores de taxis, vendedores de billetes de lotería, el que trabaja la tierra para la subsistencia, y profesionales independientes, en sí, toda la sociedad.

Si bien nadie estaba preparado para una situación social y económica, como la que nos ha tocado vivir, el Gobierno nacional tiene el deber de escuchar a todos los sectores y no hacer recaer la crisis y la deuda solo en las y los trabajadores y en los más pobres del país, quienes hoy sufrimos los embates del COVID-19. En la carta arriba indicada planteamos que se negociara con los organismos de Crédito Internacional la moratoria del servicio de la deuda externa incluida en el presupuesto de 2020, la cual significa el 30 % del mismo. El Gobierno optó por las directrices del ministro de Economía y Finanzas, de quien el presidente hizo referencia de tener mucha experiencia, le diría “señor presidente, tiene mucha experiencia en servirle a las Instituciones Financieras Internacionales, endeudando a nuestro país, y hoy encima de otras salidas favorables al país, han optado de manera desmedida contraer una deuda que ni nuestros tataranietos terminarán de pagar. El papa Francisco, en su mensaje al mundo el domingo 12 de abril, dijo: “las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres”.

La crisis de salud no puede llevarnos a eliminar conquistas logradas por el sector trabajador de Panamá, como lo es el derecho humano al trabajo. Asimismo, no es posible, que bajo la excusa del COVID-19, se busque despedir trabajadoras y trabajadores; eliminar sindicatos, y flexibilizar de forma permanente las condiciones de trabajo y modificar el Código de Trabajo.

En cuanto a la Educación, hemos leído en las redes y escuchado en la radio y televisión una vez más expresiones muy denigrantes a los profesionales de la Educación. Los educadores tenemos más de 10 años de demandar el 6 % del producto interno bruto para Educación, pero para ninguno de los Gobiernos la Educación ha transcendido del discurso.

Así tenemos que, según el informe “Panamá, el estado de las políticas públicas docentes 2018 del BID”, el 70 % de las escuelas primarias del país son multigrados; el 40.8 % de las escuelas primarias no tiene agua potable, y solo el 20.2 % tiene acceso a internet” Aunado a ello, según la Encuesta de Educación del Cieps, se señala que el 77.3 % de los encuestados propugna por garantizar que todas las personas reciban la misma calidad en educación, en el contexto del COVID19, esta opinión debe prevalecer.

Ante la crisis se requiere apoyo en las comunidades más vulnerables que hoy carecen de lo básico para poder subsistir, así como a los 63 144 trabajadores a los que se les ha suspendido su contrato de trabajo, sin tanta dilatación. Es necesario que se le brinde, por lo menos, el importe de un salario mínimo a cada uno de los trabajadores que fueron suspendidos y que a la fecha no han recibido nada, así como que exista un sustento legal que respalde la moratoria de los servicios que la población tiene que pagar. Esto es urgente.

Secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).