¿Soberanía alimentaria o gestión del riesgo alimentario?

El COVID-19 representa una era de cambios telúricos para el planeta, la humanidad y para Panamá, naturalmente. Por razones más que obvias, el tema agropecuario concita incertidumbre en nuestra población. Por eso, lo primero que demanda precisamente es una visión franca que tenga asiento en sólidos fundamentos y realidades -por difíciles que sean aceptar.

Hoy, en Panamá el enfoque se ha centrado en promover políticas para sustituir o reducir importaciones de productos finales como maíz, sorgo, papa, cebolla y ganado, por citar casos.

Sin embargo, visto en términos de “autosuficiencia” como tal, el enfoque obvia “el elefante en la sala”, cuál es que, esta producción requiere insumos claves como maquinaria, equipo, combustible, plaguicidas, fertilizantes, productos veterinarios, y semillas que son importados en su mayoría y por ende, sujetos a desabastecimiento.

En el fondo gravitan varias tareas, pero la fundamental quizá sea promover un profundo e integral mejoramiento de la eficiencia y la productividad en el campo. El tema no es nuevo, pero en este contexto sí demanda otro enfoque de políticas. Este eslabón (perdido) es crítico, ya que producir más con menos reduce por definición la necesidad de insumos por kilo producido.

En la esfera tecnología, por ejemplo, se puede introducir el uso de “drones” para mejorar el riego, la siembra o la fumigación y facilitar la delimitación de linderos para reforzar la titularidad de la tierra. Esto último, de paso, permitiría la rápida capitalización financiera del sector, lo cual promovería la bancarización de los productores.

Estas tecnologías se estimularían ofreciendo incentivos como préstamos blandos y exoneraciones fiscales, condicionado solamente a las actividades o rubros que cumplan los requisitos. El Estado, por su parte, puede actuar como codeudor. Todo esto, de paso, exigiría una reconversión total de la banca estatal reduciendo trámites y mejorando su gestión de seguimiento. La institucionalidad es clave en todo esto.

Se podrían utilizar además aplicaciones (APPS) que faciliten la interacción entre productores y consumidores, mediante una plataforma digital a la cual se “suban” de manera continua cotizaciones y órdenes de compraventa. Haciendo uso de un celular, incluso, las nuevas tecnologías dinamizarían el mercado eliminando “de facto” posibles prácticas no competitivas.

Incluso, se puede crear especies de “Uber Agrícolas”, para facilitar el desplazamiento a pequeña escala de la producción de la finca al consumidor. La idea es introducir fuerzas de mercado y tecnología para estimular la competencia.

Se puede, así mismo, potenciar al campo, mediante el uso de “Fintech”, para inducir la inclusión bancaria y social de productores que no tienen el “perfil” tradicional para abrir una cuenta -como es el caso de los productores de subsistencia. Fintech, de paso, facilita las transacciones comerciales generando, incluso, fuentes alternativas de financiamiento a menor costo (“crowdfunding”).

La asistencia al productor, naturalmente, es vital y requiere programas de acompañamiento o extensionismo de la mano de especialistas que vivan y conozcan los problemas del área, los riegos y su manejo.

Exige también que este riesgo sea compartido. Es decir, resulta fundamental que el productor asuma parte de los riesgos e incentivar así una eficaz gestión contra plagas, sequías e inundaciones.

El otro componente de política sería la selección de rubros. Si el país requiere genuinamente sobrevivir una catástrofe mundial, quizá no sea aconsejable cultivar todos los productos que conforman la canasta básica, sino enfocarse en rubros estratégicos (que presenten menor grado de dependencia, o mayor valor calórico o vitamínico).

Otra forma de reducir la dependencia sería a través del reciclaje de insumos mediante Producción más Limpia (PL) para crear abono natural. Otra sería el uso de energías alternativas como la solar o eólica.

En cuanto restringir importaciones, resulta imperativo armonizar las importaciones con los ciclos de producción local y dejar en el marcado espacio para que el local pueda colocar sus productos.

Finalmente, el nivel de protección arancelaria debe ser razonable. Una cosecha que requiere una protección de 200 % “ad valorem” -por citar un caso- claramente carece de ventaja competitiva. Más allá de que sea viable o no su producción, prevenir su potencial desabastecimiento se traduce en altos costos y sacrificio de recursos escasos que podrían destinarse a la producción de rubros más críticos en donde sí podemos genuinamente ser autosuficientes.