Un Banco de Crédito Popular

El 24 de noviembre de 1960, el presidente Roberto F. Chiari sancionó la Ley 88, que creó en nuestro país el Banco de Crédito Popular, del que fue promotor el señor Justo Barrios, su primer gerente general. Su desaparición la sentenció el Decreto de Gabinete 361 del 1969 y su cartera fue asumida por el Banco Nacional. Esa extinción dejó un sensible vacío. Hoy, a la luz de las presentes circunstancias, creo que sería conveniente considerar resucitarlo, especialmente cuando las personas de recursos más limitados acusan los efectos negativos que tienen en sus economías los costos de los créditos que les facilitan, bajo diferentes modalidades, cada día más onerosas, los bancos y las denominadas financieras.

En un artículo que publiqué en mi columna habitual de los sábados en el diario El Siglo, bajo el título ¿Es legal el anatocismo?, o sea, el cobro de intereses sobre intereses, señalaba que, de acuerdo a las normas del Código Civil, esa práctica es ilegal; pero que no lo es en el ámbito comercial. Las normas legales que regulan el funcionamiento de los bancos, las financieras y a las emisoras de tarjetas de crédito, expresamente autorizan a unos y otras para fijar libremente los intereses que cobran, que, por lo general, en casos de mora, son adicionados al capital originalmente adeudado con otros recargos. Al final de las cuentas, el costo del crédito remonta bastante por encima de límites razonablemente equitativos, cuando se los compara con los intereses que esas mismas entidades pagan a quienes son sus depositantes.

En la Ley 88 que creó el fenecido Banco de Crédito Popular, su artículo 10 estipulaba que entre las funciones de su Junta Directiva estaba la de fijar los intereses que se cobrarían a sus clientes, que oscilaban entre un mínimo del 9 % y un máximo del 12 %, por cuanto el banco no estaba concebido para obtener ganancias similares a la banca privada, sino para prestar un servicio cuasi asistencial a las personas de menores recursos y a pequeños emprendedores.

Con una filosofía parecida, hace algunos años se creó y operó una institución de capital privado denominada Mi Banco, del que fuera gestor el señor Roberto Eisenmann, para facilitar créditos blandos a personas de pocos recursos, principalmente mujeres. Ese proyecto, aunque todavía funciona, opera bajo parámetros diferentes, más similares a los de una empresa financiera.

En la Asamblea Nacional, recientemente, se aprobaron varias leyes, en tránsito a su perfeccionamiento, de acuerdo a su trámite constitucional, orientadas a aliviar los compromisos financieros contraídos por decenas de miles de clientes, sobre las cuales todavía subsisten criterios encontrados. También, en las últimas fechas los bancos vienen publicando las políticas que han puesto en práctica para, según explican, ser consecuentes con la emergencia que vive el país y ayudar a sus clientes más vulnerables. Esas iniciativas han sido diseñadas para tener efectos transitorios y, por tanto, después de la emergencia, seguirá pendiente dilucidar el tema central siguiente: ¿es equitativo que los bancos y las denominadas financieras tengan la facultad de fijar libremente los intereses por los créditos que conceden, cuando es evidente que existe una notable desproporción entre estos y los que se pagan a quienes depositan los dineros que los bancos utilizan para prestarlos?

Evocar la filosofía que dio nacimiento al Banco de Crédito Popular me parece oportuno. También creo que revivir una institución de esa naturaleza serviría para establecer comparadores que podrían atemperar hacia niveles más justos muchas de las prácticas bancarias actuales.

La realidad del presente de nuestra sociedad es que, como producto de haberse promovido mediante un incesante bombardeo propagandístico la cultura del consumismo, financiado con deudas, hace mucho tiempo que se sepultó la cultura del ahorro. La reversión de ese patrón requerirá de incesantes campañas para reeducar a nuestra población, comenzando desde las escuelas; pero también de acciones concretas para ayudar a los segmentos más endeudados que, por las duras experiencias que viven actualmente, han comenzado a tomar conciencia de que les conviene sanear sus finanzas personales y familiares. Para ayudarles, hay que facilitarles el acceso a créditos menos onerosos y refinanciamientos en condiciones que les permitan romper el estrangulador círculo de pagar deudas con más deudas, que termina por asfixiarlos. Esa misión la podría cumplir un Banco de Crédito Popular, que conceda préstamos a bajos intereses, para, por ejemplo, unificar deudas, las compras de vehículos por los operadores del transporte selectivo o pequeños emprendimientos por trabajadores informales. Pongo a rodar la idea para lo que pueda ser de utilidad.