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22 de Oct de 2020

Julio César Caicedo Mendieta.

Columnistas

No quiero salvar a la CSS...

En Panamá, hace unos 52 años un gran hombre que fumaba puros dijo: “Yo no quiero entrar a la historia, quiero entrar a la Zona del Canal”.

En Panamá, hace unos 52 años un gran hombre que fumaba puros dijo: “Yo no quiero entrar a la historia, quiero entrar a la Zona del Canal”. Hace pocos días, otro, que también fumaba puros, le dijo a su mujercita: “Yo no quiero salvar a la CSS, yo quiero salvar las jubilaciones”. Este par de aseveraciones tienen algo en común, tienen lógica. En la primera, ¿qué ganaba Torrijos con entrar a la historia?

Pues, enumeren posibles consecuencias entre ellas nunca tendríamos la soberanía, jamás hubiésemos tenido el recurso económico que tenemos con el canal ni vivir a gusto con tanta basura en las calles. En la segunda, ¿qué gana cualquier Julio César Caicedo Mendieta entrando a la historia discutiendo por una institución que está en cuidados sin sentido, sin respuestas ni medicinas para los jubilados, cuando lo que conviene es salvar las jubilaciones y el Estado que asuma su responsabilidad constitucional de salvar la salud de todos los panameños?

Es decir, el enfoque con la conduerma de la CSS debe cambiar (Raúl Elías Reina, economista). La primera es, como bien propuso el abogado Jácome, por ahora que el Gobierno asuma la diferencia entre lo que la CSS pueda recaudar y los 1300 millones anuales que les pagan a jubilados y pensionados.

Esta primera instancia seguirá siendo una institución pública y nunca privada, porque es el resultado de la plata de los asegurados, sin nombramientos políticos que administrará IVM, los fondos, infraestructuras y terrenos con no más de 3000 empleados. La segunda parte es que el resto de la CSS con la experta planilla que le quedaría de 26 000 funcionarios mal contados, incluyendo a Lao y a Bustamante, galenos, enfermeras y camilleros pasen totalmente al Minsa.

De manera que solo el Estado dará atención médica completa, hospitalización y medicinas, de eso debe encargarse el Gobierno, ya que la corrupción con el dinero de los asegurados podrá aguantar varios inviernos, pero no tantos.

Actualmente, miles de usuarios tienen que buscar atención en clínicas privadas y comprar sus medicinas. ¿Entonces? Algunos lectores pensarán que mi opinión es una disquisición eminentemente académica, o para expertos letrados inventores de la fórmula “hecha la ley, hecha la trampa”. No, señores. Esta intención viene de gente que está dispuesta a la cooperación y a la solidaridad nacional.

Economista y escritor.